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“Doña Lety”, la narcotraficante que fue aliada del Chapo y le declaró la guerra al Mencho
Aunque el mundo del narcotráfico ha sido dominado por hombres, con el paso del tiempo cada vez más mujeres se involucran en las actividades del crimen organizado, e incluso algunas llegan a convertirse en líderes regionales de los cárteles.
Tal fue el caso de Leticia Rodríguez Lara, mejor conocida como “Doña Lety” o “La Reina de la Riviera Maya”, debido a que ejerció un gran poder en la región sur de México.
Rodríguez Lara inició su carrera criminal de la mano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y fue considerada como la principal narcotraficante de la zona turística de Quintana Roo, es decir, el paraíso tropical con gran presencia de turistas extranjeros.
Además de controlar la venta de droga, “Doña Lety”, quien en el pasado se desempeñó como elemento de la extinta Policía Judicial Federal, manejaba una red de trata de personas y lavado dinero en Cancún y Playa del Carmen.
Tras ser reclutada por el Cártel de Sinaloa, se le encomendó diseñar rutas seguras para que “El Chapo” llevara la droga procedente de Colombia hacia los estados de Sinaloa y Sonora, producto que posteriormente era enviado a Estados Unidos.
Policía Federal y la Secretaría de Marina, detuvieron en la carretera Puebla-Veracruz a Leticia Rodríguez Lara, alias "Doña Lety" pic.twitter.com/qndnUuCzXh
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 10, 2017
Sin embargo, con la experiencia que adquirió en el negocio del tráfico de drogas y la influencia que llegó a tener en la región, en 2014 decidió separarse de Guzmán Loera y convertirse en jefa de plaza del Cártel del Golfo en el estado de Quintana Roo.
Pero al no contar ya con el apoyo del Cártel de Sinaloa se enfrentó a otro problema, y ese fue defender el territorio que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le quería arrebatar.
Es por ello que Leticia le declaró la guerra a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, iniciando así un baño de sangre en Quintana Roo que continúa hasta hoy en día
Después de más de tres años de enfrentamientos, la debacle de “La Reina de la Riviera Maya” comenzó con la detención de su hijo, Rafael S.R, alias “El Dóver”.
A partir de ese momento, la poderosa narcotraficante comenzó a moverse constantemente entre Cancún y la Ciudad de México con la intención de buscar conexiones que le permitieran sacar a su hijo de prisión.
No obstante, estos viajes dieron a las autoridades mexicanas la posibilidad de conocer su paradero. El 9 de agosto de 2017, un mes después del arresto de su hijo, Leticia Rodríguez Lara fue detenida en el estado de Puebla junto con otras tres personas mientras se dirigía hacia la Ciudad de México.
Sin embargo, cinco años después, en noviembre de 2022, “Doña Lety” fue liberada tras ser absuelta de varios de los cargos en su contra, algo que generó descontento entre las autoridades federales.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, reveló que jueces “beneficiaron” a grupos criminales, lo cual atenta contra la seguridad y genera impunidad.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
