Internacionales
Clan del Golfo cobra decenas de millones por el paso de migrantes
El Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico en Colombia, ha cobrado decenas de millones de dólares este año con el control de la ruta migratoria en el Tapón del Darién, afirma Human Rights Watch en un informe publicado esta semana.
«En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién en su viaje hacia el norte, generalmente hacia Estados Unidos», informa la ONG, que visitó esta selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá en cuatro ocasiones.
Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo «regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta», asegura.
Según datos obtenidos por HRW, el Ministerio de la Defensa de Colombia estima que el Clan cobra en promedio $125 por cada persona que cruza el Darién, de modo que «pudo haber obtenido un total de 57 millones entre enero y octubre de 2023».
En un momento en el que el precio de la coca cae, este clan utiliza los flujos migratorios para diversificar sus finanzas, según expertos consultados por la AFP. A veces combina las dos actividades ilícitas.
«Manda lanchas con cocaína en paralelo a las lanchas con migrantes, y cuando se acerca la Armada a interceptarlas, echan al mar a los migrantes para avanzar» con las embarcaciones que transportan la droga, explicó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, durante una rueda de prensa en Washington.
A aquellos migrantes que no tienen dinero para pagar por cruzar el Darién «les piden que lleven cocaína u otros productos ilícitos a través de la frontera», añade Pappier, cuya organización ha realizado 300 entrevistas para «documentar las causas y respuestas a esta crisis».
La ONG afirma haber obtenido «evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado».
La mayor parte son venezolanos: más de 440,000 desde enero de 2022, cita en un comunicado.
MUJERES Y NIÑOS
En el lado panameño, los migrantes también están expuestos a «criminales y delincuentes» que «cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales y en numerosas ocasiones violaciones sexuales».
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) afirma haber atendido a 950 personas, la mayoría mujeres, que sufrieron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
Entre los migrantes que se aventuran en esta peligrosa ruta hay «casi un 20 %» de menores de edad, afirma Pappier. «En la mayoría de los casos lo que suele ocurrir es que, por falta de recursos económicos, los padres terminan enviando a los niños por otras rutas» más cortas y seguras, y por tanto más caras, y ellos toman «la más largas», explica.
Según él, al llegar a Panamá el niño está solo y la respuesta de las autoridades «es muy limitada» para verificar si viaja acompañado o si es objeto de tráfico y para prestarle asistencia.
Para remediar este drama se necesita un «estatus de protección regional para migrantes, por lo menos para haitianos y venezolanos, que permitirá regularizar en la región» a personas que estarían dispuestas a quedarse, declaró en la rueda de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
