Internacionales
Clan del Golfo cobra decenas de millones por el paso de migrantes
El Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico en Colombia, ha cobrado decenas de millones de dólares este año con el control de la ruta migratoria en el Tapón del Darién, afirma Human Rights Watch en un informe publicado esta semana.
«En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién en su viaje hacia el norte, generalmente hacia Estados Unidos», informa la ONG, que visitó esta selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá en cuatro ocasiones.
Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo «regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta», asegura.
Según datos obtenidos por HRW, el Ministerio de la Defensa de Colombia estima que el Clan cobra en promedio $125 por cada persona que cruza el Darién, de modo que «pudo haber obtenido un total de 57 millones entre enero y octubre de 2023».
En un momento en el que el precio de la coca cae, este clan utiliza los flujos migratorios para diversificar sus finanzas, según expertos consultados por la AFP. A veces combina las dos actividades ilícitas.
«Manda lanchas con cocaína en paralelo a las lanchas con migrantes, y cuando se acerca la Armada a interceptarlas, echan al mar a los migrantes para avanzar» con las embarcaciones que transportan la droga, explicó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, durante una rueda de prensa en Washington.
A aquellos migrantes que no tienen dinero para pagar por cruzar el Darién «les piden que lleven cocaína u otros productos ilícitos a través de la frontera», añade Pappier, cuya organización ha realizado 300 entrevistas para «documentar las causas y respuestas a esta crisis».
La ONG afirma haber obtenido «evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado».
La mayor parte son venezolanos: más de 440,000 desde enero de 2022, cita en un comunicado.
MUJERES Y NIÑOS
En el lado panameño, los migrantes también están expuestos a «criminales y delincuentes» que «cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales y en numerosas ocasiones violaciones sexuales».
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) afirma haber atendido a 950 personas, la mayoría mujeres, que sufrieron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
Entre los migrantes que se aventuran en esta peligrosa ruta hay «casi un 20 %» de menores de edad, afirma Pappier. «En la mayoría de los casos lo que suele ocurrir es que, por falta de recursos económicos, los padres terminan enviando a los niños por otras rutas» más cortas y seguras, y por tanto más caras, y ellos toman «la más largas», explica.
Según él, al llegar a Panamá el niño está solo y la respuesta de las autoridades «es muy limitada» para verificar si viaja acompañado o si es objeto de tráfico y para prestarle asistencia.
Para remediar este drama se necesita un «estatus de protección regional para migrantes, por lo menos para haitianos y venezolanos, que permitirá regularizar en la región» a personas que estarían dispuestas a quedarse, declaró en la rueda de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
Este miércoles, Honduras se mantuvo en vilo por el secuestro de un niño de 10 años a tempranas horas de la mañana cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua. El hecho quedó grabado por un sistema de vigilancia de circuito cerrado (CCTV).
En horas de la noche del mismo día la Policía Nacional liberó al menor de edad (identificado como Patrick Sammir Girón Chávez) y capturó a tres hombres acusados de secuestrarlo, quienes, según la autoridad, exigieron 5 millones de lempiras a los familiares del niño como rescate. El operativo se ejecutó en Siguatepeque, en el referido departamento hondureño.
El niño fue entregado posteriormente a sus familiares.
Trascendió que uno de los detenidos había trabajado para los parientes cercanos del menor de edad.
