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Biden promete restaurar la justicia tras “racista” respuesta policial en el Congreso al compararla con represión a marchas BLM
Joe Biden, presidente electo de EE.UU. que asumirá el cargo el 20 de enero, denunció ayer lo que describió como un sistema de justicia desigual reflejado en la respuesta indulgente a los invasores en su mayoría blancos, que asaltaron el Capitolio el miércoles, sugiriendo un marcado contraste con la represión en las manifestaciones por justicia racial en todo el país el verano pasado.
“No puede decirme que si hubiera sido un grupo de manifestantes de Black Lives Matter (BLM) ayer, no habrían sido tratados de manera muy diferente a la turba de matones que irrumpió en el Capitolio”, dijo Biden de manera enfática en Wilmington (Delaware).
“Todos sabemos que es verdad. Y es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. El pueblo estadounidense lo vio a plena vista”, agregó, citado por The Washington Post, diario que ha pedido la destitución del mandatario Donald Trump antes del 20 de enero, al responsabilizarlo por la violencia que dejó al menos 4 personas muertas en el asalto inédito al parlamento nacional.
“En algunos de sus comentarios más destacados hasta la fecha sobre la inequidad racial, un tema que a veces le cuesta discutir a pesar del apoyo de muchos votantes negros, Biden prometió que las disparidades se abordarían cuando anunció su equipo de liderazgo del Departamento de Justicia, incluido el juez de la corte federal de apelaciones Merrick Garland como fiscal general”, detalló el diario.
Un objetivo central de su presidencia, dijo Biden, sería restaurar la independencia y la reputación del Departamento de Justicia después de cuatro años de politización bajo el presidente Trump, y señaló que había elegido para ello a personas con años de experiencia en esa misma agencia.
“Quiero dejarles en claro a los que dirigen este Departamento a quién servirán; no trabajarán para mí”, dijo Biden. “No eres el abogado del presidente o el vicepresidente. Su lealtad no es para mí. Dependen de la ley, la Constitución, el pueblo de esta nación”.
Relató además que su nieta Finnegan le había enviado una foto de guardias nacionales apostados en el Lincoln memorial durante durante una protesta BLM en el verano pasado, destacando un contraste con la respuesta esta semana en el Capitolio, una disparidad que muchos han destacado.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
