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BATALLA LEGAL: Transgénero inicia campaña para evitar que deporten a su novio salvadoreño de EE.-UU.
Un transgénero llamado J.J.Ramírez ha iniciado una campaña para evitar que deporten a su novio Ulises Marroquín a El Salvador.
Según publica el periódico La Opinión, ambos se conocieron y se hicieron pareja en el Centro de Detención Mesa Verde del Servicio de Migración y Aduanas ubicado en Bakersfield, California, Estados Unidos.
A principios de mayo de 2018, J.J. fue llevado por agentes del ICE a Mesa Verde; Ulises tenía pocas semanas de haber entrado a finales de abril de 2018.
“Nos conocimos a las pocas semanas de ingresar a Mesa Verde. Nos hicimos amigos y luego pareja en el lugar menos pensado para conocer románticamente a alguien, pero eso nos ayudó a sobrellevar las terribles condiciones que se viven en Mesa Verde”, relata J.J. quien recuperó su libertad el 22 de noviembre. Desde entonces se ha dedicado a luchar porque Ulises también pueda dejar la detención.
“La situación médica de Ulises es complicada. Él sufre de estrés postraumático, esquizofrenia y paranoia. Y si bien le dan medicamentos en Mesa Verde, no son los que necesitan para sus padecimientos”, señala.
Ulises llegó a Estados Unidos a los 16 años de edad. Escapó de El Salvador después de ser víctima de las maras. Vivía en la ciudad de Mendota en el Valle Central cuando lo detuvieron por una violación de tráfico y fue entregado al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) ya que tenía dos incidentes previos de manejar en estado de ebriedad (DIU).
J.J vive en Santa Bárbara con su mamá Eli Ramírez. “A mi me tuvieron en una prisión estatal por cinco años por un delito que cometí. Cuando cumplí mi condena, me trasladaron al centro de detención Mesa Verde de ICE con la intención de deportarme”, narra.
Un día después de recuperar su libertad, la Oficina de Defensores Públicos de San Francisco que había tomado el caso de J.J., consiguió que el gobierno estadounidense le otorgara una protección migratoria bajo la Convención contra la Tortura (CAT) que le permite permanecer en el país sin miedo a la deportación y con un permiso para trabajar. “Estoy aún esperando que me den el permiso de trabajo”, afirma.
Según J.J, Ulises corre muchos riesgos en detención migratoria, no solo porque no recibe el tratamiento médico adecuado sino por ser gay. “Él lo oculta y solo se lo confía a la psicóloga con la que a veces puede hablar en Mesa Verde”, expone.
“En Mesa Verde, hay miembros de las pandillas de la Mara Salvatrucha, M-13, Los Paisanos y Los Norteños. Eso sin contar con que los guardias nos discriminan mucho. A mí me daba mucho miedo, y aún lo tengo por Ulises. Nos ponen en dormitorios de 100 camas cada uno. Todos revueltos”, dice.
Por ahora, hace un llamado desesperado a la comunidad para que hagan donativos a la cuenta de Ulises en el sitio GoFundme para contratar un abogado de migración, evitar que regrese a El Salvador. “La familia de Ulises, su madre Elizabeth y su hermano menor no tienen fondos para pagar a un abogado de migración. Contar con un defensor es vital para evitar su deportación”, remarca.
La meta es recaudar 11 mil dólares, pero solo han podido conseguir 30 dólares en donativos. (La Opinión)
Nota tomada de El Salvador Times
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
