El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló este miércoles que ya son seis las personas muertas debido a un ataque con artefactos explosivos, que también dejó un saldo preliminar de 12 heridos.

«Es un acto de terror brutal», aseveró en una conferencia de prensa, en medio de la conmoción provocada por la agresión. Alfaro precisó que miembros de organizaciones criminales colocaron ocho artefactos explosivos, de los cuales explotaron siete, durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas que se llevó a cabo debido a una falsa denuncia.

«La delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía de estado y de la policía municipal de Tlajomulco», dijo.

También precisó que los funcionarios judiciales se encontraban en ese municipio luego de recibir una denuncia que, en realidad, era una trampa.

«Buscaban la presencia de nuestros policías para atacarlos», dijo al anunciar que, por ahora, se suspenderán los operativos en las fosas comunes ilegales que suelen ser reportadas de manera anónima.

De acuerdo con los datos oficiales, actualmente en Jalisco hay 23.824 personas desaparecidas, lo que lo convierte en el estado que lidera el número de víctimas en un país en el que la cifra ya supera los 111.000 y crece a diario.

La investigación del ataque con el coche bomba apunta a la autoría del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones que controla esta región.

Chilpancingo

A lo ocurrido en Jalisco se suma la tensión que se vivió en el estado de Guerrero, ya que en su capital, Chilpancingo, ha sido constante la violencia en los últimos días.

El sábado, grupos de sicarios atacaron en diferente horarios y lugares a más de una decena de taxis, algunos de los cuales fueron incendiados.

El saldo fue de cinco choferes muertos, varios heridos de gravedad y miles de ciudadanos escondidos en sus viviendas.

En ese clima de miedo, el lunes, miles de hombres armados se manifestaron en Chilpancingo. Uno de los grupos bloqueó una autopista y retuvo durante 24 horas a 13 policías y funcionarios estatales.

Los manifestantes reclamaban obras públicas y mayor seguridad para los transportistas, con el fin de evitar ejecuciones como las que se registraron el sábado.

El martes, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que la protesta estuvo infiltrada por miembros del cartel Los Ardillos.