El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.

Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.

Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.

La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.

Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.

En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.

La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.

Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.

Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.

Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.

El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre una inversión privada de $2,900 millones por parte del grupo empresarial español Cox, destinada a transformar sectores estratégicos de El Salvador, como la energía eléctrica, el gas natural y el abastecimiento de agua potable. Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial, el mandatario firmó un memorando de entendimiento junto al presidente ejecutivo de la compañía, Enrique Riquelme, y aseguró que se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia del país, con un monto equivalente aproximadamente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

«Este día estamos firmando lo que se convierte a partir de hoy en la inversión privada más grande en toda la historia de El Salvador», afirmó Bukele, quien comparó el nuevo acuerdo con otros proyectos de gran magnitud anunciados durante su administración. El mandatario recordó los $1,100 millones asociados a Energía del Pacífico y los $1,600 millones vinculados al proyecto portuario de Yilport, que juntos suman $2,700 millones, una cifra inferior a los $2,900 millones comprometidos por Cox. El anuncio forma parte de la estrategia gubernamental de impulso económico, con la que el Ejecutivo busca fortalecer la infraestructura nacional y generar condiciones para atraer nuevas empresas.

La mayor parte de los recursos, unos $1,800 millones, estará destinada a infraestructura de gas natural, incluyendo una central de generación eléctrica con capacidad de 380 megavatios y una instalación terrestre para almacenar este combustible. Según explicó el presidente, el proyecto permitirá abastecer a empresas generadoras de electricidad y sectores industriales, además de abrir oportunidades para comercializar gas natural con otros países centroamericanos. Enrique Riquelme destacó que la iniciativa podría convertir a El Salvador en un punto estratégico para la importación y distribución regional de gas, ampliando su participación en el mercado energético.

Otros $500 millones serán invertidos en energía solar y sistemas de almacenamiento mediante baterías, de los cuales $300 millones corresponden a infraestructura de almacenamiento y $200 millones a nuevas plantas fotovoltaicas. El proyecto de baterías comenzaría con una capacidad de 440 megavatios, con posibilidades de ampliarse hasta los 1,000 megavatios. Bukele explicó que esta tecnología permitirá aprovechar durante la noche parte de la electricidad generada por el sol durante el día, reduciendo la dependencia de fuentes de generación más costosas, como el búnker. El mandatario sostuvo que, cuando los proyectos entren en funcionamiento, podrían contribuir a reducir las tarifas eléctricas para las familias salvadoreñas, aunque todavía no se ha establecido una fecha para que ese beneficio pueda materializarse.

El abastecimiento de agua potable también tendrá un papel fundamental dentro del acuerdo, con una inversión prevista de $600 millones para proyectos de gestión hídrica y saneamiento. Bukele calificó este componente como una de las mayores apuestas económicas realizadas en el sector y aseguró que fortalecer los servicios básicos resulta indispensable para el crecimiento del país. Las obras buscarán mejorar la infraestructura relacionada con el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, beneficiando potencialmente a hogares, comercios e industrias. Sin embargo, durante la conferencia no se detallaron todas las ubicaciones de los proyectos ni la cantidad exacta de personas que recibirían los beneficios.

El anuncio representa una apuesta económica de gran alcance para el Gobierno de Bukele, que busca consolidar a El Salvador como un destino atractivo para la inversión extranjera y el desarrollo industrial. El presidente ejecutivo de Cox manifestó que la compañía espera contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de servicios esenciales para la actividad productiva. No obstante, los $2,900 millones corresponden a un compromiso de inversión anunciado mediante un memorando de entendimiento, por lo que su impacto dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, los plazos de construcción y su puesta en funcionamiento. De concretarse en su totalidad, la iniciativa podría marcar un cambio significativo en la infraestructura energética e hídrica del país.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que evaluará si hubo descuido o negligencia por parte de los padres de una adolescente de 15 años que, según sus familiares, despertó durante su velorio en Sacapulas, Quiché. Por su parte, el Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La PGN brindó detalles sobre las medidas de protección adoptadas a favor de la menor de edad, quien presuntamente permaneció cerca de ocho horas dentro de un ataúd, luego de que sus familiares creyeran que había fallecido.

Un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia verificó las condiciones en las que se encontraba la adolescente y determinó que la clínica privada donde recibía atención no contaba con el equipo necesario para realizar las evaluaciones médicas requeridas.

Ante esta situación, la PGN solicitó medidas de protección ante un juez competente, quien ordenó trasladar a la adolescente a un centro asistencial para que recibiera atención especializada y se sometiera a los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. «Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital», afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. «No ingresó a hospital ella», dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación.

— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

La menor fue trasladada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina para someterse a las evaluaciones médicas correspondientes. La institución indicó que permanece a la espera de los resultados y del informe del personal médico.

La PGN también advirtió que, una vez concluidas las evaluaciones y diligencias correspondientes, determinará si se vulneraron los derechos de la adolescente por descuido o negligencia de sus progenitores. Si se establece alguna irregularidad, promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar su protección.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del caso. Entre los aspectos que se investigan figura la decisión de la familia de dar por fallecida a la adolescente sin acudir previamente a un centro asistencial para confirmar su muerte.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones sobre las circunstancias del caso.