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Bluesky, rival de la red social X gana un millón de nuevos usuarios en un día

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Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., el número de usuarios, principalmente estadounidenses, de la red social X, propiedad de Elon Musk, que este año se convirtió en una de las personas más cercanas al futuro inquilino de la Casa Blanca, empezó a descender notablemente.

Mientras tanto, el competidor de X, la plataforma Bluesky, creada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, registra un aumento significativo de nuevos usuarios.

Desde el 6 de noviembre, el número de cuentas en la red social crece a diario, superando ya los 17 millones. Solo este jueves, más de un millón de personas se unieron a la plataforma.

¿Qué es Bluesky?
Bluesky existe desde el 2019, pero hasta febrero de este año los usuarios solo podían registrarse en ella por invitación.

Se trata de una red social de microblogging descentralizada basada en un protocolo abierto llamado ‘Authenticated Transfer Protocol’ (AT Protocol). Es decir, los usuarios y desarrolladores tienen más opciones para personalizar y gestionar la red. Los usuarios pueden elegir algoritmos personalizados que determinan el tipo de publicaciones que aparecen en su pantalla.

Según su sitio web, la plataforma “fue diseñada para no estar controlada por una sola empresa”.

No obstante, muchas de las funciones de Bluesky son similares a las de X: permite a los usuarios crear mensajes de texto con un límite de 256 caracteres, que también pueden contener imágenes y videos, compartir y responder a las publicaciones de otros usuarios.

Al mismo tiempo, los usuarios de Bluesky pueden bloquearse entre sí, mientras que uno de los cambios de X permite a un usuario ver las publicaciones de alguien que le ha bloqueado.

Además, de momento la plataforma no tiene publicidad y no tiene intención de incluirla en un futuro.

Aunque X atrajo 46.5 millones de visitas en EE.UU. el 6 de noviembre, cuando se dio a conocer la victoria electoral de Trump, lo que supone un aumento del 38% respecto a un día normal de los últimos meses, más de 115 000 usuarios desactivaron sus cuentas, la cifra más alta desde que el magnate Elon Musk compró la plataforma.

Los usuarios explican que, tras la adquisición de Twitter por Musk y los cambios en el sistema de moderación de contenidos en favor de la libertad de expresión, X se ha convertido en una “plataforma mediática tóxica” con un alto nivel de bots, desinformación y un aumento de las publicaciones ofensivas.

Además, algunos denuncian que los algoritmos de la red promueven las publicaciones con narrativas de extrema derecha y la agenda de Donald Trump, a quien Musk apoya.

El investigador de medios sociales Axel Bruns dijo a The Guardian que Bluesky, por su parte, ofrece una alternativa a X con un sistema más eficaz para combatir las cuentas problemáticas y supervisar el comportamiento ofensivo.

“Se ha convertido en un refugio para la gente que quiere tener el tipo de experiencia en redes sociales que Twitter solía ofrecer, pero sin todo el activismo de extrema derecha, la desinformación, el discurso de odio, los bots y todo lo demás”, afirmó, añadiendo que la comunidad más liberal de X “ha escapado realmente de allí y parece haberse trasladado en masa a Bluesky”.

Al mismo tiempo, cabe recordar que el antiguo Twitter, liderado por Dorsey, con su estricta moderación, no era imparcial y promovía narrativas de los líderes del Partido Demócrata.

Por ejemplo, los documentos internos de la empresa, publicados por Musk tras su compra, revelaron que las agencias de inteligencia de EE.UU. habían exigido a la plataforma censurar temas que iban en contra de la narrativa impulsada por Washington, como la historia sobre la información presente en el portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente de EE.UU., en las semanas previas a las elecciones presidenciales del 2020.

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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador

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Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.

Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.

La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.

El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.

Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.

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Hacienda reformará préstamo BID por $84 millones para modernizar aduanas

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.

El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.

Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.

Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.

Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.

Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.

La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.

De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.

Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.

Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.

Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.

Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.

Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.

Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.

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Detención provisional para joven de 19 años por agredir a su bebé hasta la muerte

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.

Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.

Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.

Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.

Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

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