Internacionales
Presidente de Argentina Javier Milei insultó a Gustavo Petro
Una fuerte opinión sobre Gustavo Petro le mereció al presidente de Argentina, Javier Milei, que en una entrevista de la periodista Ángela Patricia Janiot no dudó en calificar al mandatario colombiano de “asesino”.
En medio de preguntas sobre líderes internacionales, la entrevistadora interrogó al jefe de Estado argentino sobre su pensamiento sobre el mandato de Gustavo Petro. Su respuesta fue contundente y sin rodeos: “Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.
En el mismo tono determinante, Milei caracterizó al expresidente estadounidense Donald Trump como “uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global”, en vista de los resultados positivos que dejó la gestión del también empresario para la economía del país norteamericano.
En términos económicos, durante la entrevista con Janiot, el presidente Javier Milei habló de su viaje a Davos, Suiza, en el contexto del Foro Económico Mundial. Allí tuvo el propósito de criticar la Agenda 2030, y la calificó de “socialista” a pesar de sus buenas intenciones. Además, criticó el legado del Gobierno de Cristina Fernández, mencionando una inflación acumulada del 1.000% y una brecha cambiaria del 200%, parámetros que considera que han afectado severamente a Argentina.
Según el presidente Milei, las políticas deben evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. De hecho, ese ha sido su criterio para fomentar los cambios que requiere su país para contrarrestar las barreras económicas que azotan a los argentinos.
En ese mismo discurso, el dignatario argentino dejó muy clara su postura sobre asuntos que dejan a Gustavo Petro en las antípodas, en especial, en lo que tiene que ver con la justicia social. Según Milei, “la justicia social no es justa, es violenta. El Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coactiva. A mayor carga impositiva, mayor es la coacción y menor la libertad”.
Mientras tanto, en el mismo evento, Gustavo Petro, que ocupó una parte de su agenda para promocionar a Colombia como “el país de la belleza” con un costoso alquiler de la llamada Casa Colombia —la cual fue muy cuestionado por una parte de la sociedad colombiana—, aseveró que “el terreno de la justicia social, indudablemente, es imprescindible lograr el crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y servicios públicos”.
Pese a las palabras del presidente colombiano, hay medidas que han sido fuertemente cuestionadas por la ciudadanía como, por ejemplo, el alza en los alimentos por cuenta de gravámenes como el impuesto saludable propiciado por el mismo Petro. Este incremento de precios del Gobierno colombiano afecta los productos que tienen peso en la balanza de la canasta familiar de las personas con menores ingresos.
Incluso, la economía colombiana parece poner distancia con el crecimiento que el mandatario colombiano ha relacionado con la justicia social. Para finales del 2023, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que ante un esperado crecimiento económico de 0.7%, lo que se evidenció fue un decrecimiento del 0,3%, es decir, casi una diferencia del 10% entre la expectativa y el resultado real.
Así, las tensiones presentes entre ambos presidentes siguen creciendo. Por un lado, Petro promueve un modelo de izquierda y con tendencias socialistas, mientras que Milei defiende el capitalismo como único modelo para un exitoso crecimiento económico y desarrollo libre de la sociedad (el mandatario argentino critica de frente las banderas políticas del mandatario colombiano). “la decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas, es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre”.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
