El ministro de Obras Públicas, Romeo herrera, y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, brindaron detalles este día sobre la implementación del sistema de fotomultas que arrancará este miércoles 22 de enero a las 12:00 a.m. en la autopista a Comalapa.

Romeo Herrera reiteró que en dicha autopista el límite de velocidad máxima será de 110 kilómetros por hora para vehículos particulares, y hasta 80 km/h para vehículos del transporte de carga. Además, indicó que la carretera ya se encuentra señalizada en diferentes tramos con el límite máximo de velocidad al que se debe transitar.

El ministro del MOP explicó que los vehículos de carga debido a las dimensiones y la cantidad de mercancías con las que viajan deben tener una velocidad mucho más reducida que los vehículos particulares.

«Hay algunos tramos de la autopista a Comalapa que la hemos señalizado con un máximo de 90 km/h porque tenemos la Terminal del Sur de San Marcos, por ejemplo, donde hay mucho bus y microbús, alto tráfico peatonal que hace difícil ir a 110 km/h», dijo herrera

Por su parte, Nelson Reyes también explico que en dicha carretera se contará con el sistema de pesaje dinámico, un mecanismo que permitirá a las autoridades identificar el pesaje del transporte de carga al transitar por la vía, pero también, verificarán si dichos vehículos circulan en el carril derecho de la carretera.

«Reiteramos que en autopista Comalapa vamos a identificar con el sistema de fotomulta las infracciones por excesiva velocidad, uso de carril indebido en el caso de transporte de carga, así como la circulación del transporte de carga en horarios no permitidos», señaló Reyes.

La autopista a Comalapa será la segunda carretera de El Salvador donde se implementará el sistema de fotomultas, una medida que busca reducir el índice de accidentes viales por diferentes causas. La primer vía con este sistema inteligente fue el bulevar Monseñor Romero, donde arrancó en funcionamiento el pasado 9 de enero.

El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó en la noche de este martes el fallecimiento de Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, quien tenía 65 años y se encontraba asilado en el país desde 2016. Funes había huido de su nación natal tras ser acusado de múltiples delitos de corrupción.

Funes fue el primer presidente de El Salvador perteneciente al partido de izquierda FMLN, ocupando el cargo desde 2009 hasta 2014. Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido divulgada, se había informado en las últimas horas que su estado de salud era crítico.

Un comunicado del gobierno nicaragüense, emitido en la tarde del martes, había indicado que el expresidente se encontraba en una situación de salud «delicada», aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre su condición.

Un fugitivo de la justicia salvadoreña

El exmandatario se vio envuelto en severos problemas legales tras ser acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción, lo que lo llevó a buscar asilo en Nicaragua a mediados de 2016. En 2019, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense.

Funes enfrentaba cinco procesos penales en su país, incluyendo la acusación de malversación de fondos. En mayo de 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por su vinculación con agrupaciones ilícitas y por incumplimiento de deberes, en relación con un acuerdo de tregua con pandillas. Posteriormente, en junio de 2024, fue condenado también en ausencia a ocho años de prisión por lavado de dinero y activos, tras ser hallado culpable de favorecer a una empresa guatemalteca en la adjudicación de la construcción de un puente.

El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena, actualmente refugiado en Nicaragua, se encuentra en un estado de salud crítico, según un comunicado del Ministerio de Salud nicaragüense emitido este martes. Funes, de 65 años, ha estado recibiendo atención médica en el país centroamericano desde 2016, cuando el régimen de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense, lo que le ha permitido eludir su extradición a El Salvador.

Funes es objeto de múltiples procesos judiciales por corrupción, enfrentando graves acusaciones relacionadas con su mandato presidencial entre 2009 y 2014. En 2024, fue condenado a ocho años de prisión por recibir una avióneta como soborno en el marco de un proyecto de infraestructura. Además, ha sido señalado por su papel en la controvertida «Tregua con pandillas» que tuvo lugar entre 2011 y 2013, donde se le acusa de negociar con grupos criminales a cambio de beneficios políticos. También ha sido condenado por evasión fiscal por un monto superior a 85 mil dólares.

La Fiscalía General de la República de El Salvador ha iniciado diversos procesos judiciales en su contra, incluyendo su implicación en el caso «Saqueo Público», donde se le atribuye el lavado de más de 351 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Asimismo, enfrenta órdenes de captura por presuntos sobornos al ex fiscal general Luis Martínez y por malversación de fondos en la construcción de la presa El Chaparral. A pesar de las condenas y las investigaciones en curso, Funes continúa protegido por el gobierno de Ortega.

El comunicado sobre su salud, autorizado por su familia, señala que su condición es «de extrema gravedad», aunque no se especifican los detalles de su enfermedad. A pesar de su inactividad en redes sociales desde el 7 de enero, Funes sigue siendo una figura activa en medios y plataformas afines al régimen que lo resguarda.

Este caso pone de manifiesto la protección que el gobierno de Ortega ha extendido a Funes y a otros ex funcionarios de su administración, como el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, quien también se encuentra refugiado en Nicaragua afrontando cargos similares en El Salvador.