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El Salvador pasó de reportar 2,241 carros robados en 2015 a 16 en 2025
No solo son menos homicidios y menos extorsiones. La estrategia de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha impactado en diversos rubros y permitido una reducción de hasta 99.3 % en el delito de robo de vehículos en 2025 comparado con 2015, cuando gobernaba el FMLN y el accionar de las pandillas amedrentaba a los salvadoreños.
Los datos presentados recientemente por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el año pasado solo hubo 16 casos de robo de automotores a escala nacional, la cifra más baja en los últimos años, como resultado de la exitosa política de seguridad implementada por la administración actual desde junio de 2019.
El descenso se percibió en 2020 con 399 casos, cuando el presidente Bukele cumplió más de un año de gestión, y se evidenció para 2023, tras la aplicación del régimen de excepción, cuando bajó a 54 robos en un año.
Antes de los gobiernos de la administración Bukele, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras estructuras criminales se dedicaban a robar vehículos; sin embargo, esa situación cambió desde finales de marzo de 2022 con la puesta en marcha del combate frontal a las pandillas y otras estructuras delincuenciales con la encarcelación de miles de delincuentes.
En su reciente visita a Costa Rica, el mandatario manifestó que antes de 2019, la dictadura del crimen era la verdadera dictadura que vivía El Salvador, incluso «la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el Gobierno oficial, que era un Gobierno corrupto, incapaz y cómplice de la criminalidad».
«Antes, la dictadura del crimen no se podía combatir porque primero el Gobierno estaba en complicidad con las pandillas; segundo, cuando había una decisión de hacer algo, como cuando lanzaron los planes para combatir a las pandillas, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101», afirmó Bukele.
El año pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Zuleyma Ivette Ramírez Gutiérrez a 12 años de prisión por el delito de robo de vehículos automotores en perjuicio de Xiomara L.
Además, la mujer fue sentenciada a pagar $100 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2023, en las cercanías del mercado La Tiendona. La víctima se encontraba dentro de su vehículo, con las ventanas abiertas, cuando la imputada metió la mano y abrió la puerta del lado del con ductor.
La afectada trató de quitarle la llave, pero fue golpeada en el rostro. Acto seguido, la agresora le dijo «vámonos» y encendió el auto.
La víctima abrió la puerta y sacó el pie tratando de pedir auxilio, pero adelante había un vehículo de carga pesa da y para no chocar se tiró. Sin embargo, su hijo se quedó en la parte trasera, por lo que la afectada le dio seguimiento en otro vehículo que le ayudó, pero lo perdió de vista.
La persona que la auxilió la llevó a la delegación más cercana. Diez minutos después, soldados entregaron al niño, quien relató que la imputada le preguntó si quería bajarse del automóvil y al responder que sí logró pedir ayuda.
La captura de Ramírez Gutiérrez se efectuó al día siguiente en Soyapango.
En otro caso, la Fiscalía General de la Re pública (FGR) logró que el exfiscal Larry Ovidio Flores Henríquez fuera condenado a cinco años de prisión por favorecer a su hijo, quien estaba ligado a una estructura dedicada al robo y hurto de vehículos. Esta fue desarticulada y condenada en 2013.
Durante el juicio, la Fiscalía estableció que el imputado interpuso el 9 de septiembre de 2013 una denuncia para favorecer a su hijo, pero era falsa, por ello fue condena do por el delito de fraude procesal.
En esa oportunidad, el fiscal del caso manifestó que la documentación que el fiscal Flores aseguraba que tenía en su poder se encontraba en otro vehículo que era conducido por su hijo, el cual tenía reporte de robo y que al intentar huir fue encontrada. Larry Flores estuvo prófugo hasta que fue capturado en 2022
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
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Capturados durante el régimen de excepción son condenados hasta con 60 años por ser pandilleros
En San Salvador, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso hasta 60 años de prisión a 57 terroristas de la Mara Salvatrucha de Chalatenango, en el inicio de un expediente colectivo iniciado contra cientos de integrantes de esa estructura que durante los próximos dos años, serán llevados ante el juez dos de esa sede para enfrentar la audiencia única abierta.
Los mareros de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de ese departamento enfrentaron los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
Según la Fiscalía General de la República, entres los condenados hay homeboys y colaboradores, quienes consumaron los delitos ejerciendo funciones que la jerarquía superior de la pandilla les asignó.
Los perfiles criminales elaborados por agentes especializados en investigación de estructuras terroristas, sirvió para ilutar al juez que durante años formaron parte de la célula criminal Hollywood.
La mayor condena fue para Carlos Antonio Chacón, alias «Discreto», por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», recibieron 45 años por agrupaciones ilícitas, ambos eran cabecillas dentro de la pandilla.
Otros 54 mareros fueron condenados a penas que van de 15 a 30 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, así como agrupaciones ilícitas.
En el fallo el juez dijo que para emitir la condena tuvo acceso a prueba que demostró la participación criminal colectiva e individual. Por ejemplo, los tatuajes eran más que evidentes para concluir que son miembros activos de la MS, además colectivamente se dedicaban a trasladar droga y estaban bajo el mando de cabecillas de esa organización delictiva.
Hubo también herramientas especiales de investigación, entre ellas escuchas telefónicas y perfiles delincuenciales que científicamente probó que la pertenencia a la Mara Salvatrucha.
En enero de 2026, más de seis condenas de estructuras han sido emitidas por los tribunales contra el crimen organizado que abrieron audiencias únicas para comenzar a depurar los expedientes de aquellos pandilleros que según informes de la Fiscalía ya estaban listos para ser enjuiciados.
Una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2025, ordena a los jueces habilitar audiencias únicas abierta, en contra de estructuras de pandillas acusados de agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
En El Salvador, esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso junto a la Fiscalía General de la República para agilizar y depurar los expedientes iniciados la segunda semana de abril de 2022, luego de instaurarse el régimen de excepción, el 27 de marzo de ese año y que ha sido prorrogado en 47 ocasiones.
Entre el 1 16 de enero, dos tribunales contra el Crimen Organizado de San Salvador y uno de Santa Ana, han iniciado audiencias únicas abiertas y hasta han dictado condenas de hasta más de 100 años para terroristas que cometieron homicidios, privaron de libertad y desaparecieron personas. También como un delito de crimen organizado han condenado en esos expedientes masivos por el delito de extorsión agravada.
