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Colombia a segunda vuelta por la presidencia de la República
El senador y exguerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta de este domingo, disputará en un balotaje la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un outsider millonario que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder.
Petro ganó la elección con el 40,3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández (28,2%), con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio, según informó la Registraduria al concluir el conteo previo al escrutinio.
Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia.
Hernández derrotó a Federico Gutiérrez (23,8), el candidato de una coalición de fuerzas afines al oficialismo, y a Sergio Fajardo (4,2%), el aspirante de centro.
Petro, de 62 años, y Hernández, de 77, se medirán en un balotaje para elegir al sucesor de Iván Duque, muy impopular por el manejo económico de la pandemia y quien enfrentó masivas protestas en 2019 y 2021 encabezadas por jóvenes que fueron duramente reprimidos por la fuerza pública.
Como lo anticipaban las encuestas, la izquierda alcanzó su mejor resultado electoral en un país gobernado históricamente por élites, con la mayor producción de cocaína del mundo y una violencia rural en aumento, pese al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC.
Hasta hace una semana los sondeos mostraban a Gutiérrez como el probable rival de Petro en el segundo turno. Pero Hernández, que no pertenece a un partido político y es difícil de ubicar en el espectro ideológico, se convirtió en la sorpresa.
«Hoy sabemos que hay una ciudadanía firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno», señaló el outsider de esta campaña, que esperó los resultados en traje de baño y tomando cerveza en el patio de su mansión, según un video compartido a los medios por su campaña.
Petro, que depuso las armas en 1990 tras la desmovilización del M-19, el grupo rebelde nacionalista en el que militó por 12 años, llegó a esta elección abanderando el cambio y la ruptura.
«Estamos representando la voluntad del cambio (…) confío que esa voluntad de cambio sea mayoritaria», expresó el candidato tras votar en un barrio popular de Bogotá.
Según el analista Daniel García-Peña, «en estos últimos cuatro años se ha profundizado la desigualdad y los niveles de pobreza, la inconformidad y el descontento, y quien ha sabido leer e interpretar y conectarse con el electorado es Petro».
Tal fue la sensación que se percibió entre muchos votantes. «Las personas que han dirigido el país lo tienen despedazado, entonces hay que cambiar», dijo a la AFP Luis Hernán Álvarez, guardia de seguridad que votó por Petro en Bogotá.
Así, los colombianos elegirán a su próximo presidente entre el cambio radical que plantea Petro y la alternativa incierta de Hernández, quien engloba todo su programa en el combate frontal a la corrupción.
«Hoy perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente», se felicitó Hernández, constructor y exalcalde de Bucaramanga, una ciudad del noreste del país de casi 600.000 habitantes.
Hernández buscará gobernar este país de unos 50 millones de habitantes con apenas dos congresistas en un cuerpo de 296 legisladores, y a la espera de que las fuerzas contrarias a Petro se unan en torno a su candidatura.
El Pacto Histórico, la coalición que encabezan Petro y Francia Márquez, la ambientalista que quiere ser la primera vicepresidencia afro, obtuvo en marzo el mejor resultado para la izquierda en las legislativas, aunque sin asegurar mayorías.
La Registraduría quedó en entredicho por las inconsistencias en el conteo preliminar de esos comicios, que le restaron votos al movimiento de Petro y a otras agrupaciones políticas. El desfase de un millón de votos entre el cómputo preliminar y el escrutinio sembraron dudas sobre la transparencia del proceso.
Ante la ausencia de una auditoría externa del software empleado para la suma de los sufragios, la campaña de Petro anunció su propia veeduría, y expresó preocupación por la compra de votos.
Durante la tensa y polarizada campaña, Petro también denunció amenazas. Su protección fue reforzada, lo que lo obligó a blindarse con chaleco antibalas y escudos a su alrededor para subir a las tarimas, ante el temor de un magnicidio como los del siglo XX, cuando fueron asesinados cinco presidenciables.
Empresarios, ganaderos y sectores conservadores temen que Petro conduzca el país hacia el abismo con su ambicioso plan para suspender la exploración de petróleo, que responde por la tercera parte de las exportaciones (13.500 millones de dólares en 2021).
El senador propone además reformar el sistema público-privado de pensiones y la policía, implicada en violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas.
Cualquiera sea el vencedor tendrá que lidiar con un país todavía convaleciente por los estragos de la pandemia.
La pobreza alcanza al 39% de la población, el desempleo urbano al 17,2% y la informalidad al 43,5%. La corrupción y la situación económica son las principales preocupaciones de los colombianos, según la firma Invamer.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
