Judicial
Capturan a ocho pandilleros vinculados con delitos investigados por el FBI
La Policía Nacional Civil (PNC), informó que la madruga de este martes capturaron a ocho pandilleros por diferentes delitos ejecutados en varios municipios de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
las autoridades aseguraron que dos de los detenidos están vinculados con casos indagados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Las capturas fueron ejecutadas por agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) en coordinación con la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), como resultado de la implementación del Plan Control Territorial que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Los delitos que se les imputa son homicidio agravado, extorsión, proposición y conspiración en el delito de homicidio, tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas. Producto de la operación se decomisaron vehículos, droga y dinero, y otros.
Entre los detenidos se encuentran dos cabecillas de una de las clicas identificados como Carlos Zavala Guevara y Wilfredo Portillo Gutiérrez, de 27 años de edad Contra ellos existen ocho órdenes de detención por diferentes delitos. Las investigaciones policiales los señalan como los delincuentes que coordinaron con pandilleros en el extranjero el cometimiento de hechos delictivos. Dicha organización mantenía comunicación por medio de llamadas telefónicas y envío de dinero por medio de remesas provenientes de Estados Unidos.
Ambos pandilleros son requeridos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos.
La operación estuvo dirigida contra pandilleros que mantienen presencia en los departamentos de San Miguel, La Unión y Morazán. Además de vínculos con pandilleros en Estados Unidos.
La Policía realizó 18 registros con prevención de allanamiento y se hicieron efectivas ocho capturas, y 6 intimaciones, estas últimas en el centro penal de San Francisco Gotera, Morazán, bartolinas policiales de San Miguel y La Unión.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
