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Alarma en colonia Satélite tras encontrar sin vida y enterrados a los esposos Valdés
Conmoción es lo que pulula entre los residentes de la colonia Satélite de San Salvador, luego que las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) encontraran, este domingo, a los cadáveres de los esposos Francisco Yohalmo Valdés y América Martínez de Valdés, enterrados en el patio de su casa, ubicada en esa localidad.
La pareja había sido reportada como desaparecida desde el 4 de agosto, luego que fueran vistos por ultima vez en la zona del Bulevar Constitución, en San Salvador.
Según allegados, recién salían de un servicio religioso en la zona cuando fueron visto por última vez.
Francisco era un ingeniero y laboraba en una institución autónoma del gobierno. El 8 de agosto debía presentarse a laborar y no lo hizo, lo que preocupó a sus compañeros de trabajo.
De la misma manera, ya no se supo nada de América, por lo que las amistades comenzaron a preguntar entre conocidos y a promover mensajes de búsqueda en redes sociales.
Hasta el fatal desenlace que se ha conocido hoy por parte de la Policía, que ha agregado que los investigadores ya están tras las pesquisas para esclarecer este doble crimen lo más pronto posible.
Según la versión de los allegados, los agentes policiales tuvieron que allanar la residencia, luego que no obtuvieran respuesta de alguna persona.
Al ingresar, encontraron desorden en el lugar, dando señales de que la pareja había sido víctima de un ataque de delincuentes.
Mediante el procesamiento de la escena, lograron ubicar que los cuerpos de las personas se encontraban enterrados en el patio de la casa.
Internacionales
Motines en cárceles de Guatemala buscan traslado de líder del Barrio 18: «No voy a ceder a esos chantajes», afirma ministro
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines registrados de forma simultánea en varios centros penitenciarios del país responden a un intento de presión para trasladar a un líder del Barrio 18 y recuperar privilegios que le fueron retirados.
Según explicó el funcionario, el objetivo del motín coordinado sería beneficiar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
Villeda señaló que Ochoa Mejía había solicitado anteriormente una serie de comodidades dentro del penal, entre ellas la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes, entre otros.
«Este gobierno, esta administración del Ministerio de Gobernación no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios», enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Villeda advirtió además que, de ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros penitenciarios. «Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros lo vamos a hacer», afirmó.
Las autoridades señalaron que ya se han desplegado fuerzas de la policía y del ejército para crear anillos de seguridad, para proteger a los civiles y evitar que haya fuga de los privados de libertad.
Las declaraciones del ministro se dieron luego de que durante la mañana de este sábado se registrara un motín en la cárcel Renovación I, el cual provocó un incendio visible desde el exterior.
De manera simultánea, se reportaron disturbios en la cárcel Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
