Judicial
Disminuye el hurto y robo de carros gracias al Plan Control Territorial
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido que los delitos como el hurto y robo de vehículos tuvieran una reducción importante en relación con los casos reportados en 2018 y en los años anteriores.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta antes de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el promedio anual de vehículos con reporte de hurto y robo era de 2,702, es decir, que cada día eran reportados a la Policía en promedio 7.4 vehículos en esta condición durante el período señalado y parte de 2019.
La respuesta que vendría con la estrategia de seguridad del presidente Bukele contrarrestó este delito, pues al cierre de 2019 las autoridades promediaron 4.7 denuncias por robo y hurto de vehículos, lo que significó que 973 ciudadanos no fueron despojados de sus automóviles.
Ya para 2020, con las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, el promedio diario de vehículos con reporte de hurto o robo en El Salvador bajó aún más, pues, según los datos policiales, fue de 2.4. Para ese año las autoridades de Justicia y Seguridad Pública aseguraron que la reducción por hurto fue del 58.5 %, mientras que por robo fue del 53.1 %.
A pesar de que estos delitos tuvieron un comportamiento diferente en 2021, cuando ya no había restricciones por la pandemia y con un incremento considerable en el parque vehicular del país, el promedio de hurto y robo ha sido de 3.8, todavía muy por debajo de los 7.4 de 2018.
Y aunque las proyecciones del Viceministerio de Transporte (VMT) indican que al cierre de 2021 el parque vehicular será de 1.5 millones, el accionar de la Policía y de la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial ha ayudado a prevenir y combatir estos delitos.
De acuerdo con los registros policiales, 166 personas fueron capturadas por hurto y robo de vehículo entre 2019 y octubre de 2021. Los datos también indican que en ese mismo período fueron recuperados 456 automóviles, de los cuales 245 tenían reporte de hurto y 211, de robo.
El 26 de noviembre de este año, una estructura delincuencial integrada por 35 personas enfrentó audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador acusada de hurto y robo de vehículos con mercadería, privación de libertad y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta banda interceptaba vehículos en las carreteras hacia la frontera El Poy, en Chalatenango; de Santa Ana a San Salvador; de San Juan Opico a Quezaltepeque; en la Troncal del Norte, en Apopa y Guazapa; la autopista Este-Oeste, entre Ciudad Delgado y Soyapango, y en la Panamericana, entre San Martín, Cojutepeque y San Vicente; además, en la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Los Chorros, en el municipio de Colón, La Libertad; en la carretera de Sonsonate a Acajutla, y en diferentes puntos de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Los departamentos donde más reportes por estos delitos recibe la Policía son San Salvador, que en 2019 registró 775 denuncias, mientras que en 2020 fueron 394 y hasta octubre de 2021 la cifra era de 510; La Libertad, con 291, 159 y 159 casos, respectivamente, y en tercer lugar está Santa Ana, con 149, 72 y 79 denuncias en los períodos antes señalados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
