Judicial
Disminuye el hurto y robo de carros gracias al Plan Control Territorial
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido que los delitos como el hurto y robo de vehículos tuvieran una reducción importante en relación con los casos reportados en 2018 y en los años anteriores.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta antes de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el promedio anual de vehículos con reporte de hurto y robo era de 2,702, es decir, que cada día eran reportados a la Policía en promedio 7.4 vehículos en esta condición durante el período señalado y parte de 2019.
La respuesta que vendría con la estrategia de seguridad del presidente Bukele contrarrestó este delito, pues al cierre de 2019 las autoridades promediaron 4.7 denuncias por robo y hurto de vehículos, lo que significó que 973 ciudadanos no fueron despojados de sus automóviles.
Ya para 2020, con las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, el promedio diario de vehículos con reporte de hurto o robo en El Salvador bajó aún más, pues, según los datos policiales, fue de 2.4. Para ese año las autoridades de Justicia y Seguridad Pública aseguraron que la reducción por hurto fue del 58.5 %, mientras que por robo fue del 53.1 %.
A pesar de que estos delitos tuvieron un comportamiento diferente en 2021, cuando ya no había restricciones por la pandemia y con un incremento considerable en el parque vehicular del país, el promedio de hurto y robo ha sido de 3.8, todavía muy por debajo de los 7.4 de 2018.
Y aunque las proyecciones del Viceministerio de Transporte (VMT) indican que al cierre de 2021 el parque vehicular será de 1.5 millones, el accionar de la Policía y de la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial ha ayudado a prevenir y combatir estos delitos.
De acuerdo con los registros policiales, 166 personas fueron capturadas por hurto y robo de vehículo entre 2019 y octubre de 2021. Los datos también indican que en ese mismo período fueron recuperados 456 automóviles, de los cuales 245 tenían reporte de hurto y 211, de robo.
El 26 de noviembre de este año, una estructura delincuencial integrada por 35 personas enfrentó audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador acusada de hurto y robo de vehículos con mercadería, privación de libertad y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta banda interceptaba vehículos en las carreteras hacia la frontera El Poy, en Chalatenango; de Santa Ana a San Salvador; de San Juan Opico a Quezaltepeque; en la Troncal del Norte, en Apopa y Guazapa; la autopista Este-Oeste, entre Ciudad Delgado y Soyapango, y en la Panamericana, entre San Martín, Cojutepeque y San Vicente; además, en la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Los Chorros, en el municipio de Colón, La Libertad; en la carretera de Sonsonate a Acajutla, y en diferentes puntos de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Los departamentos donde más reportes por estos delitos recibe la Policía son San Salvador, que en 2019 registró 775 denuncias, mientras que en 2020 fueron 394 y hasta octubre de 2021 la cifra era de 510; La Libertad, con 291, 159 y 159 casos, respectivamente, y en tercer lugar está Santa Ana, con 149, 72 y 79 denuncias en los períodos antes señalados.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
