Judicial
Disminuye el hurto y robo de carros gracias al Plan Control Territorial
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido que los delitos como el hurto y robo de vehículos tuvieran una reducción importante en relación con los casos reportados en 2018 y en los años anteriores.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta antes de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el promedio anual de vehículos con reporte de hurto y robo era de 2,702, es decir, que cada día eran reportados a la Policía en promedio 7.4 vehículos en esta condición durante el período señalado y parte de 2019.
La respuesta que vendría con la estrategia de seguridad del presidente Bukele contrarrestó este delito, pues al cierre de 2019 las autoridades promediaron 4.7 denuncias por robo y hurto de vehículos, lo que significó que 973 ciudadanos no fueron despojados de sus automóviles.
Ya para 2020, con las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, el promedio diario de vehículos con reporte de hurto o robo en El Salvador bajó aún más, pues, según los datos policiales, fue de 2.4. Para ese año las autoridades de Justicia y Seguridad Pública aseguraron que la reducción por hurto fue del 58.5 %, mientras que por robo fue del 53.1 %.
A pesar de que estos delitos tuvieron un comportamiento diferente en 2021, cuando ya no había restricciones por la pandemia y con un incremento considerable en el parque vehicular del país, el promedio de hurto y robo ha sido de 3.8, todavía muy por debajo de los 7.4 de 2018.
Y aunque las proyecciones del Viceministerio de Transporte (VMT) indican que al cierre de 2021 el parque vehicular será de 1.5 millones, el accionar de la Policía y de la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial ha ayudado a prevenir y combatir estos delitos.
De acuerdo con los registros policiales, 166 personas fueron capturadas por hurto y robo de vehículo entre 2019 y octubre de 2021. Los datos también indican que en ese mismo período fueron recuperados 456 automóviles, de los cuales 245 tenían reporte de hurto y 211, de robo.
El 26 de noviembre de este año, una estructura delincuencial integrada por 35 personas enfrentó audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador acusada de hurto y robo de vehículos con mercadería, privación de libertad y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta banda interceptaba vehículos en las carreteras hacia la frontera El Poy, en Chalatenango; de Santa Ana a San Salvador; de San Juan Opico a Quezaltepeque; en la Troncal del Norte, en Apopa y Guazapa; la autopista Este-Oeste, entre Ciudad Delgado y Soyapango, y en la Panamericana, entre San Martín, Cojutepeque y San Vicente; además, en la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Los Chorros, en el municipio de Colón, La Libertad; en la carretera de Sonsonate a Acajutla, y en diferentes puntos de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Los departamentos donde más reportes por estos delitos recibe la Policía son San Salvador, que en 2019 registró 775 denuncias, mientras que en 2020 fueron 394 y hasta octubre de 2021 la cifra era de 510; La Libertad, con 291, 159 y 159 casos, respectivamente, y en tercer lugar está Santa Ana, con 149, 72 y 79 denuncias en los períodos antes señalados.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
