Judicial
Disminuye el hurto y robo de carros gracias al Plan Control Territorial
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido que los delitos como el hurto y robo de vehículos tuvieran una reducción importante en relación con los casos reportados en 2018 y en los años anteriores.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta antes de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el promedio anual de vehículos con reporte de hurto y robo era de 2,702, es decir, que cada día eran reportados a la Policía en promedio 7.4 vehículos en esta condición durante el período señalado y parte de 2019.
La respuesta que vendría con la estrategia de seguridad del presidente Bukele contrarrestó este delito, pues al cierre de 2019 las autoridades promediaron 4.7 denuncias por robo y hurto de vehículos, lo que significó que 973 ciudadanos no fueron despojados de sus automóviles.
Ya para 2020, con las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, el promedio diario de vehículos con reporte de hurto o robo en El Salvador bajó aún más, pues, según los datos policiales, fue de 2.4. Para ese año las autoridades de Justicia y Seguridad Pública aseguraron que la reducción por hurto fue del 58.5 %, mientras que por robo fue del 53.1 %.
A pesar de que estos delitos tuvieron un comportamiento diferente en 2021, cuando ya no había restricciones por la pandemia y con un incremento considerable en el parque vehicular del país, el promedio de hurto y robo ha sido de 3.8, todavía muy por debajo de los 7.4 de 2018.
Y aunque las proyecciones del Viceministerio de Transporte (VMT) indican que al cierre de 2021 el parque vehicular será de 1.5 millones, el accionar de la Policía y de la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial ha ayudado a prevenir y combatir estos delitos.
De acuerdo con los registros policiales, 166 personas fueron capturadas por hurto y robo de vehículo entre 2019 y octubre de 2021. Los datos también indican que en ese mismo período fueron recuperados 456 automóviles, de los cuales 245 tenían reporte de hurto y 211, de robo.
El 26 de noviembre de este año, una estructura delincuencial integrada por 35 personas enfrentó audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador acusada de hurto y robo de vehículos con mercadería, privación de libertad y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta banda interceptaba vehículos en las carreteras hacia la frontera El Poy, en Chalatenango; de Santa Ana a San Salvador; de San Juan Opico a Quezaltepeque; en la Troncal del Norte, en Apopa y Guazapa; la autopista Este-Oeste, entre Ciudad Delgado y Soyapango, y en la Panamericana, entre San Martín, Cojutepeque y San Vicente; además, en la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Los Chorros, en el municipio de Colón, La Libertad; en la carretera de Sonsonate a Acajutla, y en diferentes puntos de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Los departamentos donde más reportes por estos delitos recibe la Policía son San Salvador, que en 2019 registró 775 denuncias, mientras que en 2020 fueron 394 y hasta octubre de 2021 la cifra era de 510; La Libertad, con 291, 159 y 159 casos, respectivamente, y en tercer lugar está Santa Ana, con 149, 72 y 79 denuncias en los períodos antes señalados.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
