Nacionales
Tome nota: Aumentan penas en percances viales ocurridos por causa de la conducción peligrosa
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La Asamblea Legislativa aprobó reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal para castigar con mayor rigor el delito de la conducción peligrosa. La iniciativa, que proviene de la presidencia de la República, busca garantizar la seguridad de los salvadoreños por la conducta de algunos conductores irresponsables.
La medida también establece la cero tolerancia de alcohol al conducir, el aumento de las penas de cárcel y modificaciones a la parte de la conciliación.
La nueva normativa prohíbe manejar bajo efectos del alcohol y estupefacientes, en cualquier grado.
Con la reforma al artículo 147-E del Código Penal se aumentan las penas de cárcel en las tragedias viales ocurridas por causa de la conducción peligrosa.
En la ley actual, la pena por dicha causa es de uno a tres años de prisión cuando el percance ocurra con un vehículo automotor liviano.
Con las modificaciones quedan establecidas de la siguiente manera: de 2 a 5 años, cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Pero las penas se ven aumentadas si en la tragedia hay un homicidio culposo o lesiones culposas graves y quedan de la siguiente forma: un máximo de 10 años, con vehículo liviano; y un máximo de 15 años, si es con transporte colectivo o de carga.
La ley establece, de la siguiente forma, los casos en los que se incurre en la conducción peligrosa: la disputa de la vía entre vehículos, realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin permiso de las autoridades.
También están señaladas manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas y manejar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas.
Las nuevas medidas establecen que el resultado positivo del examen de alcoholemia en aire espirado o en sangre —realizado por las autoridades en los puntos de control vehicular— se considere prueba suficiente en flagrancia de que se ha cometido el delito de conducción peligrosa.
Si un conductor es declarado culpable de dicho delito, se le privará del derecho de conducir con la suspensión de la licencia.
Los diputados también hicieron una reforma al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Otra medida modifica el artículo 38 del código, que establece los casos de mediación o conciliación entre un imputado y la víctima.
Con la actualización del numeral 2 de dicho artículo, en adelante, cuando haya víctimas en accidentes de tránsito por conducción peligrosa, se procederá penalmente, al margen de la conciliación.
Esto permitirá procesos judiciales más adecuados en los que los perjuicios y daños de los afectados serán considerados de manera más efectiva.
Según los datos del Viceministerio de Transporte (VMT), cuatro personas pierden la vida diariamente por causa de los percances viales en El Salvador.
El VMT también establece la distracción al volante como la primera causa de siniestros viales. En esta muchas veces inciden detalles como hablar por el teléfono celular al conducir.
La conducción peligrosa bajo efectos de alcohol es la séptima causa de tragedias.
Judicial
¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad
Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.
La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.
Nacionales
¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! CAM NOTIFICA A DUEÑOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA RÁBIDA Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES MULTAS
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó acciones de notificación a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono en la colonia La Rábida, como parte de los esfuerzos municipales para recuperar los espacios públicos y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la capital salvadoreña.
La intervención busca que los propietarios retiren voluntariamente los automotores que permanecen estacionados durante períodos prolongados en calles y otros espacios públicos. Estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, mediante el cual la municipalidad desarrolla inspecciones y procedimientos para reducir las obstrucciones que afectan la movilidad y el uso adecuado de las vías.
De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, los propietarios de vehículos considerados abandonados pueden enfrentar multas de entre $51 y $900. La normativa establece que un automotor puede ser clasificado en esa condición cuando permanece estacionado sin interrupción durante 30 días o más. Tras recibir la notificación correspondiente, el dueño dispone de 72 horas para retirarlo voluntariamente; de lo contrario, las autoridades municipales pueden proceder a su remoción mediante grúa, siguiendo el procedimiento legal.
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene estas intervenciones en diferentes colonias y comunidades con el objetivo de recuperar calles, aceras y otros espacios de uso colectivo. Además de las posibles sanciones económicas, los propietarios pueden asumir los gastos derivados del traslado y resguardo de los vehículos retirados. Las autoridades reiteran la importancia de atender las notificaciones y evitar que automotores sin uso permanezcan abandonados en la vía pública.
Judicial
¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.
La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.
La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.
