Política
Propuesta de Estado de Excepción por parte del Gobierno sigue sin tomarse en cuentan en la Asamblea Legislativa
El gobierno emitió el domingo un recordatorio para los diputados de la Asamblea Legislativa, a fin de que retomen las discusiones sobre la propuesta de una cuarentena estricta nacional de 15 días a fin de bajar la curva de contagios de covid-19.
«Son exactamente 19 días desde que los enviados por el Órgano Ejecutivo llegaron con la propuesta a la Asamblea, sin que haya siquiera una convocatoria para discutir el tema vital para detener el contagio masivo», dijo Casa Presidencial mediante un comunicado.
Hace más de dos semanas el gobierno de Nayib Bukele presentó al legislativo una nueva petición para establecer un Estado de Excepción, ante el alza de casos y la saturación, que iniciaba en ese momento, en la red de hospitales públicos. Entre las medidas se encuentran algunas limitantes a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La Asamblea, por su parte invitó al ministro de Salud, Francisco Alabi y a la directora del ISSS, Delmy Cañas, a que defendieran la propuesta ante los diputados de la Comisión Política, pero estos no llegaron. Ante ello, los legisladores continuaron las conversaciones con especialistas de la medicina y concluyeron que había que declarar cuarentenas focalizadas, pero el tema apenas avanza.
Ayer el diputado de GANA y vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, reveló que el parlamento se ha convertido en un “centro de contagio fuerte” y que varios diputados, incluyendo los de su partido, ya padecen el covid-19.
“La Asamblea se ha convertido en un centro de contagio, y esto puede agravarse, será nuestra responsabilidad si no logramos una cuarentena de 15 días en la Asamblea y a nivel nacional como lo ha pedido el presidente Nayib Bukele”, sentenció el parlamentario en su cuenta de Twitter.
Según Gallegos más de 300 empleados del recinto legislativo han resultado positivos a la enfermedad. “Unidades completas de la Asamblea Legislativa han salido positivas, unidades que han quedado con uno, dos o tres empleados” señaló.
De igual forma, Antonio Almendáriz, del PCN, se pronunció por la necesidad de aprobar medidas drásticas para combatir la pandemia. «Hay que aprobarle al presidente Bukele el régimen de excepción», sugirió el jefe de fracción y agregó que habría que darle «dientes» al ejecutivo para que haga que la población cumpla con el confinamiento.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
