Política
Presidente Bukele recibe fuerte apoyo nacional e internacional por decisión de vetar “Ley de Amnistía disfrazada” aprobada por la Asamblea Legislativa
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibe un fuerte apoyo nacional e internacional luego que el mandatario anunciara que vetará la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles pasado, debido a sus evidentes omisiones a favor de responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.
En momentos que los diputados desarrollaban la sesión plenaria en la que aprobaron la cuestionada ley, el presidente anunció que vetaría la normativa si no contenía “tres elementos fundamentales para que sea justicia transicional: Verdad, reparación y justicia” y luego señaló que “una ley de reconciliación no puede ser una amnistía disfrazada”.
Activistas y organismos defensores de los derechos humanos, destacadas personalidades extranjeras, gobiernos y figuras políticas han rechazado de manera enérgica la normativa y expresaron su contundente respaldo a la decisión del presidente.
President of El #Salvador saying that he will veto amnesty law in its current form. https://t.co/bnPIKSRfpq
— Michael Deibert (@michaelcdeibert) February 27, 2020
“Esta ley de amnistía ignora completamente las instrucciones de la Sala de lo Constitucional. El presidente Nayib Bukele está en lo correcto. Él debería vetar esta ley. ¡La Asamblea Legislativa debería escuchar a las víctimas!”, manifestó el congresista demócrata estadounidense por el estado de Massachusetts, Jim McGovern.
A través de la Cancillería, la administración del presidente de Colombia, Iván Duke Márquez, reconoció “los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para que no haya impunidad con las víctimas” y consideró que “amnistiar crímenes atroces va contra el derecho de las víctimas”.
La Asamblea Nacional de Venezuela también saludó la decisión del presidente Bukele y expresó su decidido apoyo y acompañamiento al Gobierno de El Salvador “ante las pretensiones de usar la figura legal de la amnistía para tapar violaciones de los derechos humanos e imponer un estado de impunidad”.
“Como legisladores y defensores de la democracia, no solo en Venezuela, sino que, en la región, manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con el presidente Bukele, con las víctimas y con todos los salvadoreños”, manifestó en un pronunciamiento la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración.
Nuestro apoyo al presidente @nayibbukele y al gobierno de #ElSalvador ante las pretensiones de usar la figura legal de la Amnistía para tapar violaciones de derechos humanos e imponer un estado de impunidad. pic.twitter.com/xbQO4bRnS0
— Armando Armas (@ArmandoArmas) February 28, 2020
La Oficina de Washington para América Latina (WHOLA) ha retomado el anuncio del mandatario salvadoreño de que vetará la ley, aprobada durante una plenaria convocada a última hora de la tarde del miércoles.
“La Asamblea Legislativa aprobó una cuestionable ley de amnistía el día miércoles26 de febrero. Cualquier intento de proteger a quienes cometieron delitos de guerra a la expensa de las víctimas, está equivocado. El Presidente debe vetar la ley”, expresa el organismo.
Durante su gestión, el Presidente Bukele ha expresado su total respaldo a las víctimas del conflicto armado y su compromiso porque se les brinde justicia. El mandatario ha sido un abanderado del respeto de los derechos constitucionales de la población salvadoreña.
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió a los legisladores salvadoreños que se abstengan de restablecer la amnistía incluida en un anteproyecto de ley sobre reconciliación que discuten actualmente ya que dejaría sin rendir cuentas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y privaría de justicia a las víctimas.
“En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan”, declaró Bachelet. “Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”, añadió.
Comparto nuestra reflexión sobre la Ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y con la sociedad entera que sufrió el conflicto armado. Sin justicia transicional no se puede pasar la página. pic.twitter.com/a293Sl8TYL
— Birgit Gerstenberg (@BGerstenbergUN) February 27, 2020
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
