Política
Presidente Bukele recibe fuerte apoyo nacional e internacional por decisión de vetar “Ley de Amnistía disfrazada” aprobada por la Asamblea Legislativa
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibe un fuerte apoyo nacional e internacional luego que el mandatario anunciara que vetará la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles pasado, debido a sus evidentes omisiones a favor de responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.
En momentos que los diputados desarrollaban la sesión plenaria en la que aprobaron la cuestionada ley, el presidente anunció que vetaría la normativa si no contenía “tres elementos fundamentales para que sea justicia transicional: Verdad, reparación y justicia” y luego señaló que “una ley de reconciliación no puede ser una amnistía disfrazada”.
Activistas y organismos defensores de los derechos humanos, destacadas personalidades extranjeras, gobiernos y figuras políticas han rechazado de manera enérgica la normativa y expresaron su contundente respaldo a la decisión del presidente.
President of El #Salvador saying that he will veto amnesty law in its current form. https://t.co/bnPIKSRfpq
— Michael Deibert (@michaelcdeibert) February 27, 2020
“Esta ley de amnistía ignora completamente las instrucciones de la Sala de lo Constitucional. El presidente Nayib Bukele está en lo correcto. Él debería vetar esta ley. ¡La Asamblea Legislativa debería escuchar a las víctimas!”, manifestó el congresista demócrata estadounidense por el estado de Massachusetts, Jim McGovern.
A través de la Cancillería, la administración del presidente de Colombia, Iván Duke Márquez, reconoció “los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para que no haya impunidad con las víctimas” y consideró que “amnistiar crímenes atroces va contra el derecho de las víctimas”.
La Asamblea Nacional de Venezuela también saludó la decisión del presidente Bukele y expresó su decidido apoyo y acompañamiento al Gobierno de El Salvador “ante las pretensiones de usar la figura legal de la amnistía para tapar violaciones de los derechos humanos e imponer un estado de impunidad”.
“Como legisladores y defensores de la democracia, no solo en Venezuela, sino que, en la región, manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con el presidente Bukele, con las víctimas y con todos los salvadoreños”, manifestó en un pronunciamiento la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración.
Nuestro apoyo al presidente @nayibbukele y al gobierno de #ElSalvador ante las pretensiones de usar la figura legal de la Amnistía para tapar violaciones de derechos humanos e imponer un estado de impunidad. pic.twitter.com/xbQO4bRnS0
— Armando Armas (@ArmandoArmas) February 28, 2020
La Oficina de Washington para América Latina (WHOLA) ha retomado el anuncio del mandatario salvadoreño de que vetará la ley, aprobada durante una plenaria convocada a última hora de la tarde del miércoles.
“La Asamblea Legislativa aprobó una cuestionable ley de amnistía el día miércoles26 de febrero. Cualquier intento de proteger a quienes cometieron delitos de guerra a la expensa de las víctimas, está equivocado. El Presidente debe vetar la ley”, expresa el organismo.
Durante su gestión, el Presidente Bukele ha expresado su total respaldo a las víctimas del conflicto armado y su compromiso porque se les brinde justicia. El mandatario ha sido un abanderado del respeto de los derechos constitucionales de la población salvadoreña.
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió a los legisladores salvadoreños que se abstengan de restablecer la amnistía incluida en un anteproyecto de ley sobre reconciliación que discuten actualmente ya que dejaría sin rendir cuentas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y privaría de justicia a las víctimas.
“En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan”, declaró Bachelet. “Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”, añadió.
Comparto nuestra reflexión sobre la Ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y con la sociedad entera que sufrió el conflicto armado. Sin justicia transicional no se puede pasar la página. pic.twitter.com/a293Sl8TYL
— Birgit Gerstenberg (@BGerstenbergUN) February 27, 2020
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
