Política
José Urbina velará por la creación de una Ley de Emergencia Nacional con enfoque sanitario
Debido a que actualmente solo existe una Ley de Emergencia Nacional que trata los temas derivador por los desastres naturales, José Urbina, candidato a diputado por San Salvador, bajo la bandera de Nuevas Ideas, indicó que velará por la creación de una ley de emergencia con enfoque sanitario.
El fin de ello es que el gobierno central pueda contar con las herramientas necesarias para poder girar medidas que combata crisis epidemiológicas que afecten a la población salvadoreña, como es el caso de una pandemia. En este 2020, el país se vio perjudicado por una a raíz del virus del covid-19.
“Con la pandemia se vio la necesidad de contar con una ley de emergencia sanitaria que amparara al gobierno central para actuar. Será un desafío que yo voy a trabajar, porque el enfoque que actualmente tiene es de emergencia para desastres naturales”, dijo Urbina.
El miembro de Nuevas Ideas, quien labora de cerca con el ministro de Salud, Francisco Alabí, comentó que con la parte monetaria del Presupuesto General de la Nación destinada para este rubro se adquirirán nuevos medicamentos para que la población pueda tener más opciones para curar sus padecimientos.
También se harán avances a beneficio del personal médico pues se implementará la entrega de un bono, se cancelará el escalafón completo y habrá pago de nocturnidades.
“Hace 10 años, el gobierno contaba con 6 mil millones de dólares y con eso no fueron capaces de abastecer con medicamentos a los hospitales”, dijo Urbina. “Por primera vez, vamos a combatir a esos que se han vuelto ricos a costillas del dinero de la población”, agregó.
Referente al tema de la evasión fiscal, Urbina indicó que: “Muchas empresas hicieron fortuna ilícitamente, no es correcto que empresas pequeñas que sí pagan impuestos saquen adelante al país cuando empresas grandes no pagan nada”.
De acuerdo al postulante, anteriores gobiernos tuvieron evasores de impuestos, incluso un exfuncionario del ministerio de Hacienda, quien laboró en el periodo del expresidente de la República, Antonio Saca. Este hasta aceptó que recibió sobresueldos por parte de ese gobierno.
“Ahorita tenemos a varios ministros que están trabajando solos y que no son apoyados por los diputados, pero con la nueva Asamblea todo esto va a cambiar”, dijo Urbina, mientras admiraba el desempeños del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien considera un buen elemento gubernamental por tratar diversos temas, como la aprobación del Presupuesto General de la Nación y la evasión de impuestos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
