Política
Escándalo Mediático – Funes y empleado TSE son señalados de orquestar ataques contra el Gobierno, Bukele los descalifica: “son menos que basura”

El Asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, habría descubierto a un “oscuro” grupo de políticos que estaría detrás de los ataques desestabilizadores en contra del Gobierno central, en estos momentos que El Salvador se encuentra en emergencia debido a la pandemia de COVID-19.
Figuras como la del expresidente de la República, Mauricio Funes, y del exsecretario de Comunicaciones del gobierno FMLN, Eugenio Chicas, han sido señaladas de estar detrás de los ataques contra el Presidente, Nayib Bukele; su esposa, Gabriela, y la hija de ambos, Layla.
Muyshondt usó su cuenta en Twitter para desvelar la trama donde tiene una supuesta participación clave un empleado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Malcolm Cartagena, quien fue contratado por Chicas en el organismo electoral.
No se revela desde cuándo opera este grupo desestabilizador y tampoco se indica si procederán con alguna acción legal, no obstante, quizá el primer paso sea exponer de forma mediática la existencia de un grupo desestabilizador donde también se enlistas nombres de periodistas.
¿Cómo se descubrió todo? El Asesor de Seguridad no revela mayores detalles, pero asegura que logró infiltrarse a un grupo de chat formado por “personajes que se oponen al gobierno” y ahí descubrió los planes desestabilizadores en contra del gobernante, además de las “campañas” en contra de los familiares del Presidente.
La tarde y noche de este Viernes Santo (según la tradición católica), Muyshondt publicó en su cuenta oficial de Twitter diversas capturas de pantalla y un video donde expone a ese “oscuro” grupo desestabilizador.
Todas las publicaciones de Muyshondt han sido compartidas en la cuenta oficial del Presidente Bukele, y también han sido retomadas por algunos de sus funcionarios y seguidores.
Bukele toma un tiempo para referirse a los ataques y empieza con Funes: “Que tu líder sea un ex Presidente prófugo, que se robó $351 millones. Confundir e incentivar a la gente, aprovechándose de su necesidad, para generar aglomeraciones y riesgos de contagio”, expone en tono sarcástico.
Y en referencia al empleado del TSE escribe: “Ser empleado del Tribunal Supremo Electoral y llamar “golondrejos” a quienes apoyan a un partido político. Orquestar ataques, con falsedades, contra la Primera Dama y una bebé que aún no cumple 8 meses…”
Al final, Bukele expresa: “Discúlpenme, pero ustedes son menos que basura. Y en el fondo lo saben”.
Como respuesta, Funes utiliza su cuenta en Twitter para señalar que: “Nayib tiene que aprender a vivir en democracia y a tolerar la crítica. La supuesta existencia de un grupo de cuentas opositoras al gobierno en las redes sociales no es un problema de Seguridad Nacional como para que uno de sus funcionarios de esa área salga en su defensa”. El exmandatario también utiliza graves descalificaciones contra Bukele e insiste en el tema de los familiares de este.
Política
Encuestas reflejan respaldo ciudadano a la reelección

Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
Política
Asamblea Legislativa aprueba con 57 votos la creación de la Red Nacional de Hospitales

El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.