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Política

En la Asamblea Legislativa la elección del fiscal y la aprobación del presupuesto 2019 marchan contra reloj

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La última plenaria del 2018 aún tiene pendiente de resolver los dos principales puntos en agenda y que han generado marcadas diferencias entre los dos principales partidos políticos cuyos diputados hablan sin tapujos del trueque que se podría tener para lograr los votos para la aprobación del presupuesto de 2019 y la elección del fiscal general.

En las reuniones que los parlamentarios sostuvieron durante el transcurso de este jueves se fijó en $200 millones el precio que el FMLN exige a ARENA para la elección del fiscal general cuyo candidato favorito es Douglas Meléndez.

La cifra ha sido establecida por la misma bancada tricolor que habla de recortes al plan general planteado desde el Ministerio de Hacienda, esto sin tener claro de que ramas recortar para lograr el ahorro que la izquierda considera es imposible de hacer.

La oferta del Frente fue presentada públicamente por la jefa de fracción, Nidia Díaz, quien aprovechó el apuro que hay en ARENA para la elección del fiscal:»Sino hay presupuesto, tampoco hay fiscal este año, con es fiscal tenemos otros días, ellos (ARENA) ya saben eso, lo dijimos, por eso es que ambas comisiones van a sesionar de manera simultánea».

Díaz aseguró que ya no se puede recortar el presupuesto porque «no vemos motivos para que le quitemos $100 millones a salud, $100 millones a educación, que son los rubros que más llevan, sería contra producente».

La oficialista acusó a la oposición de recortar antojadizamente el presupuesto, pese a esto, dijo que espera que a la hora de la reunión de la comisión de hacienda, pactada para este viernes, pueda haber un acuerdo.

Un presupuesto para dos gobiernos

En tanto, desde el partido tricolor Rodrigo Ávila señaló que hay disposición de aprobar el presupuesto antes de finalizar el año, pero consideró que sería un error aprobarlo sin financiamiento debido a las maniobras que le tocaría realizar al gobierno entrante para finalizar 2019.

«Mientras mayor es el financiamiento, mayor son los intereses y es más costo para el país y eso podría terminar en aumento a impuestos, entre otras cosas, por otro lado pedimos moderación en algunas carteras» explicó el diputado de ARENA.

Al mismo tiempo, externó su preocupación debido al riesgo que se corre de tener una mala calificación de riesgo internacional de no aprobarse el plan por lo que consideró que se debe de recortar en gastos de viajes y los lujos que se dan algunas instituciones.

Respecto a la elección del fiscal general, los partidos han manejado el tema con moderación y mantienen entre los finalistas al actual jefe del ministerio público, Douglas Meléndez; el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda y al exmagistrado suplente Raúl Melara.

A pesar de las posturas distantes, se espera que este día en la sesión que está programada para la tarde el país reciba al menos uno de los dos puntos que alargaron la semana de trabajo de los parlamentarios.

Por: El Salvador Times.

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Política

Encuestas reflejan respaldo ciudadano a la reelección

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Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.

El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.

Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.

Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.

Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.

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Política

Asamblea Legislativa aprueba con 57 votos la creación de la Red Nacional de Hospitales

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El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.

La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.

El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.

La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.

Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.

Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.

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Nacionales

Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado

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El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.

Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.

El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.

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