Política
Elecciones 2027 definirán rumbo de transformaciones sociales en El Salvador, advierten expertos
Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para el 28 de febrero de 2027 se perfilan como un momento clave para determinar el futuro de las transformaciones sociales en El Salvador, señalaron los académicos Óscar Martínez Peñate, Mauricio Rodríguez y Juan Contreras.
Durante los comicios, los salvadoreños en el país y en el exterior elegirán al presidente para el período 2027-2033, así como a los diputados y miembros de concejos municipales para el trienio 2027-2030, entre una amplia gama de candidatos, incluidos los de oposición.
Martínez Peñate, politólogo, destacó que los resultados definirán la profundización de la “refundación del Estado” iniciada en 2019 y la consolidación del Modelo Bukele de seguridad, reconocido internacionalmente por su efectividad contra pandillas y crimen organizado. “La ciudadanía tendrá el derecho soberano de decidir sobre la reelección del presidente Bukele y continuar con la paz, seguridad, democracia y respeto de los derechos humanos”, indicó.
Según la encuesta más reciente de CID Gallup de septiembre, el 87 % de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele y el 90 % respalda su política de seguridad.
Rodríguez, sociólogo, señaló que la oposición buscará aumentar su representación en la Asamblea Legislativa para limitar la gobernabilidad del Ejecutivo y frenar los cambios impulsados por el gobierno. Contreras, abogado especialista en materia electoral, añadió que la estrategia de los opositores se centrará en ganar más diputados, considerando que la gobernabilidad es clave para aprobar reformas, leyes y el presupuesto anual del Estado.
Actualmente, Nuevas Ideas cuenta con mayoría simple (31) y calificada (40) de los 60 diputados, lo que ha permitido la prórroga mensual del régimen de excepción desde marzo de 2022 y la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a $10,555.6 millones, con una inversión histórica de $3,886.9 millones en Educación, Salud, Seguridad y Defensa.
La oposición, conformada por ARENA, VAMOS y FMLN, busca derogar el régimen de excepción y ampliar su presencia legislativa, aunque los expertos coinciden en que el resultado final dependerá del voto de la ciudadanía, que decidirá si continúa el proyecto de transformación liderado por Bukele.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
