Política
Diputados votan a favor de aumentar penas para quienes dañen la integridad y el honor de las mujeres
Con los votos de 78 diputados, se aprobaron reformas a los artículos 50 y 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), orientadas a aumentar las condenas para quienes dañen la integridad y honor de las mujeres.
La presidenta de la comisión, Alexia Rivas, señaló la gravedad de las consecuencias para las mujeres víctimas de estos delitos: “Esto genera la muerte civil para las mujeres. Antes de que haya daños físicos y feminicidios, queremos proteger a las mujeres y a sus familias”.
En el caso del artículo 50, la pena actual es de uno a tres años por difundir de forma ilegal información personal que dañe la imagen de la mujer; la reforma planteada sube de tres a cinco años y especifica que se trata de una condena en prisión, lo cual no se expresaba en la ley.
En el artículo 51, las penas por la difusión de material pornográfico son de tres a cinco años; la propuesta es incrementarlas de cinco a 10 y añadir un agravante equivalente al aumento de dos terceras partes de la condena máxima si el material se obtiene aprovechándose de una relación sentimental, de poder o de confianza.
“Es importante que en esta lucha los hombres nos apoyen para erradicar estas acciones y cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Como legisladores tenemos la obligación de realizar reformas pertinentes y armonizar tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte”, afirmó.
Las modificaciones a la normativa armonizan con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, debido a la necesidad de contemplar las tecnologías de la información y comunicación, en donde están incluidas las redes sociales.
Con las reformas, el artículo 50 quedaría de la siguiente manera: Difusión ilegal de información: “Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de tres a tres cinco años”.
La difusión a que se refiere el artículo comprenderá el uso de cualquier forma de comunicación, sea esta verbal, escrita e impresa, o mediante el uso de imágenes, videos, redes sociales, correos electrónicos, servicios de mensajería o cualquier otro medio, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
La Ley Especial contra los Delitos Informáticos establece lo que se incluye dentro de las tecnologías de la información y comunicación en su artículo 3, literal “L”: “Es el conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento, la comunicación de los datos, el registro, presentación, creación, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información en forma automática, de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros”.
La redacción para el artículo 51 sería la siguiente: “Quien publicare, compartiere, enviare, distribuyere o exhibiere material pornográfico utilizando recursos informáticos, electrónicos, redes sociales, tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio de comunicación en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años”.
El agravante añadido: “Cuando el material pornográfico se produjere u obtuviere, aprovechándose de una relación sentimental, de poder o de confianza, la sanción se incrementará dos terceras de la pena máxima estipulada en el inciso anterior”.
“Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres es un deber de todos que, día a día, debemos cumplir en esta sociedad. No se trata de politizar el tema de la mujer, se trata de garantizar un respeto igualitario para todos”, añadió.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
