Política
Diputados de ARENA se pelean en redes sociales por conformación de la junta directiva
Los bandos que se fijaron en las internas para definir al candidato a la presidencia ahora llevan su discusión al seno legislativo.
Pese a que la austeridad ha sido una de las banderas de la campaña legislativa de ARENA, sus diputados electos han entrado en discordia por ostentar los cargos de privilegio dentro de la Asamblea Legislativa.
Con un protocolo de entendimiento al que solo le hacen falta la firma de los diputados de cada partido que integran la comisión de instalación, en el seno del tricolor aún se muestran inconformidades.
En redes sociales, los diputados Margarita Escobar y Mauricio Vargas se lanzaron indirectas debido a que la diputada reclama el derecho a ser presidenta de la Asamblea.
Cuando es casi un hecho que Norman Quijano será el presidente de la Asamblea durante el primer año y medio, Escobar señaló: “No declino a ser la presidenta de la Asamblea y tener junta directiva austera”.
La diputada también dejó entrever que la última palabra de esto se tomará en una reunión que tendrá su partido respecto a las negociaciones que se están dando.
Ante esta postura el diputado Vargas reaccionó pidiendo austeridad y “cambiar lo podrido que ya se tiene. Hay que hacer una legislatura diferente”.
Vargas también criticó a quienes no terminan de aceptar los acuerdos ya establecidos y consideró que “pareciera única prioridad ser presidente, directivo o jefe de fracción. Un protocolo de entendimiento que solo sirve para justificar abusos bajo excusas”.
Pareciera unica prioridad.Ser presidente,directivo,o jefe de fracion.Un protoclo de entendimiento q solo sirve x justificar abusos bajo excusa TODOS LO FIRMARON YA ESTABA EN P.G APROBADO. Cambiemos lo podrido.Hay que hacer una legislatura diferente,Trabajo y austeridad
— Chato Vargas (@ChatoVargasSV) 29 de abril de 2018
Las diferencias de ambos diputados dejan entrever la división del partido que se tiene actualmente luego de las internas presidenciales ya que los diputados que se enfrentan apoyaron a precandidatos difernetes, Escobar a Simán y Vargas a Calleja.
La exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar dejó en entrever esta situación al sumarse a los comentarios respecto a los directivos areneros en la Asamblea.
De Escobar, quien no mostró su respaldo por ninguno de los dos precandidatos, llamó a la madurez a su partido, en especial a los diputados que tomarán posesión el próximo martes.
“El 4 de marzo la mitad de la población no votó. Para que Calleja se convierta en la opción de esos indecisos, ARENA debe demostrar con cada una de sus acciones que promueve transparencia, meritocracia y austeridad”, señaló la diputada.
El 4M2018 la mitad de la población no votó. Para que @jccalleja se convierta en la opción de esos indecisos, @ARENAOFICIAL debe demostrar con c/u de sus acciones que promueve Transparencia, Meritocracia y Austeridad. #Elección de Autoridades Legislativas!
— Ana Vilma de Escobar (@defiende_tuvoto) 29 de abril de 2018
La semana pasada en el interior del partido se conoció que de los tres directivos, dos son de la “linea Calleja”, Alberto Romero y Marta Batres; mientras que de los que se desencantaron por Simán solo Margarita Escobar estaría tomando un cargo privilegiado.
La presidencia de la Asamblea y la jefatura de fracción serían para Norman Quijano y Carlos Reyes, otros dos diputados que trabajaron por Calleja.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, incluso llegó a plantear que el candidato presidencial es quien está decidiendo la última palabra en cuanto a temas legislativos.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
