Política
Diputados aprueban nueva ley para el manejo de la pandemia por covid-19
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral de la pandemia, explicaron.
Asimismo, la normativa define la forma de «dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales, administrativas y económicas, en el sector público y privado, para la prevención y mitigación de los riesgos de contagio».
Dentro de los aspectos que rige el marco normativo, se encuentran:
- La intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros
- La garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el extranjero en período de pandemia
- El establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos públicos.
- El desarrollo de campañas de concientización sobre las medidas sanitarias a cumplirse para contener la propagación del coronavirus.
Al respecto, la legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Elizabeth Gómez (FMLN), dijo: “Brindamos este nuevo marco jurídico para que se apegue a la actual fase en la que nos encontramos de la pandemia del covid-19, la cual además tiene a su base la Constitución de la República y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), quien funge como secretario de la misma comisión, destacó que “con la normativa se está llenando un vacío legal, con el objetivo de manejar en forma integral la pandemia del covid-19, al que vamos a vencer como sociedad con políticas, protocolos, prevención, las cuales están contenidas en esta ley especial, transitoria y que va por ocho meses”.
La diputada Rosa Lourdes Vigil (GANA) explicó que no acompañarían con sus votos por considerar que la normativa vierte “conceptos obsoletos, como limitar la movilidad a un kilómetro cuadrado, obviando e ignorando conceptos tan básicos de la epidemiología como es la ruta crítica de casos que contempla el desplazamiento de los pacientes contagiados”.
En la misma dirección, el diputado Raúl Beltrhan Bonilla (PCN) dijo que “como PCN hemos sido claros, determinantes y firmes sobre este tema, a 9 meses del Covid-19 seguimos improvisando y seguimos discutiendo entre órganos de Estado, cuando deberíamos estar haciendo uso de legislación para evitar los abusos, en ese sentido no vamos a acompañar con nuestros votos esta nueva ley”.
Para el diputado Rodolfo Parker (PDC), la aprobación de la norma significa que nos “anticiparnos a lo que sería una normativa sucesora del Decreto 661 (Ley Especial de Emergencia por la Pandemia Covid-19) actualizada en las circunstancias que nos demandan que existan determinados candados, principalmente en función del respeto de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.
Las disposiciones avaladas deberán ser acatadas por todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive al personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la contención y atención a la pandemia por COVID-19.
Además, determina que el Ministerio de Salud, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinará y ejecutará las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Deberá coordinar con otros ministerios, concejos municipales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias y universidades la ejecución de acciones.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
