Política
Diputados aprueban nueva ley para el manejo de la pandemia por covid-19
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral de la pandemia, explicaron.
Asimismo, la normativa define la forma de «dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales, administrativas y económicas, en el sector público y privado, para la prevención y mitigación de los riesgos de contagio».
Dentro de los aspectos que rige el marco normativo, se encuentran:
- La intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros
- La garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el extranjero en período de pandemia
- El establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos públicos.
- El desarrollo de campañas de concientización sobre las medidas sanitarias a cumplirse para contener la propagación del coronavirus.
Al respecto, la legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Elizabeth Gómez (FMLN), dijo: “Brindamos este nuevo marco jurídico para que se apegue a la actual fase en la que nos encontramos de la pandemia del covid-19, la cual además tiene a su base la Constitución de la República y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), quien funge como secretario de la misma comisión, destacó que “con la normativa se está llenando un vacío legal, con el objetivo de manejar en forma integral la pandemia del covid-19, al que vamos a vencer como sociedad con políticas, protocolos, prevención, las cuales están contenidas en esta ley especial, transitoria y que va por ocho meses”.
La diputada Rosa Lourdes Vigil (GANA) explicó que no acompañarían con sus votos por considerar que la normativa vierte “conceptos obsoletos, como limitar la movilidad a un kilómetro cuadrado, obviando e ignorando conceptos tan básicos de la epidemiología como es la ruta crítica de casos que contempla el desplazamiento de los pacientes contagiados”.
En la misma dirección, el diputado Raúl Beltrhan Bonilla (PCN) dijo que “como PCN hemos sido claros, determinantes y firmes sobre este tema, a 9 meses del Covid-19 seguimos improvisando y seguimos discutiendo entre órganos de Estado, cuando deberíamos estar haciendo uso de legislación para evitar los abusos, en ese sentido no vamos a acompañar con nuestros votos esta nueva ley”.
Para el diputado Rodolfo Parker (PDC), la aprobación de la norma significa que nos “anticiparnos a lo que sería una normativa sucesora del Decreto 661 (Ley Especial de Emergencia por la Pandemia Covid-19) actualizada en las circunstancias que nos demandan que existan determinados candados, principalmente en función del respeto de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.
Las disposiciones avaladas deberán ser acatadas por todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive al personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la contención y atención a la pandemia por COVID-19.
Además, determina que el Ministerio de Salud, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinará y ejecutará las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Deberá coordinar con otros ministerios, concejos municipales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias y universidades la ejecución de acciones.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
