Política
Diputados aprueban nueva ley para el manejo de la pandemia por covid-19
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral de la pandemia, explicaron.
Asimismo, la normativa define la forma de «dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales, administrativas y económicas, en el sector público y privado, para la prevención y mitigación de los riesgos de contagio».
Dentro de los aspectos que rige el marco normativo, se encuentran:
- La intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros
- La garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el extranjero en período de pandemia
- El establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos públicos.
- El desarrollo de campañas de concientización sobre las medidas sanitarias a cumplirse para contener la propagación del coronavirus.
Al respecto, la legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Elizabeth Gómez (FMLN), dijo: “Brindamos este nuevo marco jurídico para que se apegue a la actual fase en la que nos encontramos de la pandemia del covid-19, la cual además tiene a su base la Constitución de la República y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), quien funge como secretario de la misma comisión, destacó que “con la normativa se está llenando un vacío legal, con el objetivo de manejar en forma integral la pandemia del covid-19, al que vamos a vencer como sociedad con políticas, protocolos, prevención, las cuales están contenidas en esta ley especial, transitoria y que va por ocho meses”.
La diputada Rosa Lourdes Vigil (GANA) explicó que no acompañarían con sus votos por considerar que la normativa vierte “conceptos obsoletos, como limitar la movilidad a un kilómetro cuadrado, obviando e ignorando conceptos tan básicos de la epidemiología como es la ruta crítica de casos que contempla el desplazamiento de los pacientes contagiados”.
En la misma dirección, el diputado Raúl Beltrhan Bonilla (PCN) dijo que “como PCN hemos sido claros, determinantes y firmes sobre este tema, a 9 meses del Covid-19 seguimos improvisando y seguimos discutiendo entre órganos de Estado, cuando deberíamos estar haciendo uso de legislación para evitar los abusos, en ese sentido no vamos a acompañar con nuestros votos esta nueva ley”.
Para el diputado Rodolfo Parker (PDC), la aprobación de la norma significa que nos “anticiparnos a lo que sería una normativa sucesora del Decreto 661 (Ley Especial de Emergencia por la Pandemia Covid-19) actualizada en las circunstancias que nos demandan que existan determinados candados, principalmente en función del respeto de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.
Las disposiciones avaladas deberán ser acatadas por todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive al personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la contención y atención a la pandemia por COVID-19.
Además, determina que el Ministerio de Salud, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinará y ejecutará las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Deberá coordinar con otros ministerios, concejos municipales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias y universidades la ejecución de acciones.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
