Política
Diputados aprueban nueva ley para el manejo de la pandemia por covid-19
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral de la pandemia, explicaron.
Asimismo, la normativa define la forma de «dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales, administrativas y económicas, en el sector público y privado, para la prevención y mitigación de los riesgos de contagio».
Dentro de los aspectos que rige el marco normativo, se encuentran:
- La intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros
- La garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el extranjero en período de pandemia
- El establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos públicos.
- El desarrollo de campañas de concientización sobre las medidas sanitarias a cumplirse para contener la propagación del coronavirus.
Al respecto, la legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Elizabeth Gómez (FMLN), dijo: “Brindamos este nuevo marco jurídico para que se apegue a la actual fase en la que nos encontramos de la pandemia del covid-19, la cual además tiene a su base la Constitución de la República y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), quien funge como secretario de la misma comisión, destacó que “con la normativa se está llenando un vacío legal, con el objetivo de manejar en forma integral la pandemia del covid-19, al que vamos a vencer como sociedad con políticas, protocolos, prevención, las cuales están contenidas en esta ley especial, transitoria y que va por ocho meses”.
La diputada Rosa Lourdes Vigil (GANA) explicó que no acompañarían con sus votos por considerar que la normativa vierte “conceptos obsoletos, como limitar la movilidad a un kilómetro cuadrado, obviando e ignorando conceptos tan básicos de la epidemiología como es la ruta crítica de casos que contempla el desplazamiento de los pacientes contagiados”.
En la misma dirección, el diputado Raúl Beltrhan Bonilla (PCN) dijo que “como PCN hemos sido claros, determinantes y firmes sobre este tema, a 9 meses del Covid-19 seguimos improvisando y seguimos discutiendo entre órganos de Estado, cuando deberíamos estar haciendo uso de legislación para evitar los abusos, en ese sentido no vamos a acompañar con nuestros votos esta nueva ley”.
Para el diputado Rodolfo Parker (PDC), la aprobación de la norma significa que nos “anticiparnos a lo que sería una normativa sucesora del Decreto 661 (Ley Especial de Emergencia por la Pandemia Covid-19) actualizada en las circunstancias que nos demandan que existan determinados candados, principalmente en función del respeto de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.
Las disposiciones avaladas deberán ser acatadas por todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive al personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la contención y atención a la pandemia por COVID-19.
Además, determina que el Ministerio de Salud, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinará y ejecutará las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Deberá coordinar con otros ministerios, concejos municipales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias y universidades la ejecución de acciones.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
