Política
Diputados acuerdan reformas al Código de Trabajo para establecer beneficios a motoristas y cobradores
Los diputados que conforman la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordaron este martes elaborar un dictamen para reformar el Código de Trabajo y establecer régimen laboral especial para motoristas y cobradores del transporte público. Con la reforma se establece multa de cinco salarios mínimos para el empresario que incumpla las disposiciones.
La moción propone que motoristas y cobradores tengan derecho a un contrato y jornadas laborales justas, así como al pago de vacaciones, horas extras, aguinaldo e indemnización por despido injustificado, además de prestaciones de cotización al ISSS y AFP, entre otros beneficios.
El acuerdo se dio luego de la reunión con representantes de la Mesa Nacional de Transporte, a fin de continuar con el estudio de una propuesta de reforma al Código de Trabajo y asegurar un régimen laboral formal a motoristas y cobradores del transporte público, y reconocer sus derechos laborales.
En la reunión también estuvieron presentes representantes de la Asociación de Motoristas de El Salvador para conocer su postura sobre unas reformas al Código de Trabajo que benefician al sector.
El transporte público es uno de los más criticados en El Salvador y señalado de cometer una serie de irregularidades y violaciones a las normativas de tránsito, pero la respuesta de los empleados, entre ellos los motoristas, es que trabajan bajo presión y que deben cumplir con cuotas económicas que deben presentar cada día.
Es por ello, que en muchos de los casos, causan graves accidentes, tanto en las rutas de la zona metropolitana de San Salvador, como en las carreteras del interior del país.
Según las autoridades de Seguridad y Protección Civil, durante la Semana Mayor, se reportaron 34 fallecidos en accidentes de tránsito. Catalino Castillo, diputado del FMLN dijo que el sector transporte es muy importante, por lo que es necesario prestarle atención para que funcione de la mejor forma.
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
