Política
Canciller Alexandra Hill se reúne con secretario general de OEA para aclarar el «respeto al equilibrio de poderes» en El Salvador
La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco, se runió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el objetivo de hablar sobre «la normalización institucional del país» y para conversar sobre «el respeto al equilibrio de poderes». Así lo dijo Almagro en su cuenta de Twitter.
Almagro destacó que el gobierno salvadoreño ha acatado la decisión de la Sala de lo Constitucional, en cuanto a la medida cautelar emitida para impedir que el presidente Nayib Bukele convoque a sesión plenaria a los diputados de la Asamblea Legislativa para que le aprueben un préstamo del BCIE por $109 millones para compra de material bélico.
El último tuit que Almagro dedicó a El Salvador fue el 8 de febrero pasado, en la víspera del 9F, cuando anunció haberse reunido con la canciller quien le había expresado «el respeto del gobierno salvadoreño por la Constitución y la institucionalidad». «Mantuve conversación telefónica con Canciller de El Salvador, Alexandra Hill. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente Nayib Bukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados», publicó en aquella ocasión.
Un día después, el domingo 9 de febrero, El Salvador vivió uno de los momentos más críticos como no se vivía desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Las imágenes de una Asamblea Legislativa militarizada y un alto despliegue policial en los alrededores del palacio legislativo dieron la vuelta al mundo y han sido motivo de repudio y condenas por organismos internacionales de derechos humanos y de países amigos, incluyendo del gobierno de los Estados Unidos, que hizo un llamado a la paz y al respeto a la independencia de poderes.
El consejo de ministros convocó para esa fecha a los diputados a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo demandado por el Ejecutivo. La Asamblea respondió con una negativa y los diputados dijeron no emitirían decreto bajo presión y hasta que el gobierno no transparentara el uso que piensa hacer del dinero.
La discusión por el referido préstamo del BCIE sigue en espera de aprobación en la Asamblea; los diputados reanudaron la discusión este miércoles en la Comisión de Hacienda donde el diputado Rodolfo Parker, del PDC, expusiera que el crédito ya no solo tiene que ver con la Hacienda pública, y dejó entrever que habría que analizar todas sus aristas, pues la compra de tecnología sofisticada pudiera convertirse en herramientas para el espionaje de los adversarios políticos del gobierno.
Durante la sesión anunció que interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República, por haber sido víctima de acoso policial y persecución política de parte del Ejecutivo y del gabinete. Para sustentar su demanda aseguró que el viernes 7 y sábado 8 de febrero su vivienda fue merodeada por carros policiales y que incluso golpearon su puerta. Parker ha manifestado que la compra de un buque de guerra, contemplada en el préstamo, no es necesaria y que ese dinero podría invertirse en obras de proyección social.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
