Política
Canciller Alexandra Hill se reúne con secretario general de OEA para aclarar el «respeto al equilibrio de poderes» en El Salvador
La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco, se runió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el objetivo de hablar sobre «la normalización institucional del país» y para conversar sobre «el respeto al equilibrio de poderes». Así lo dijo Almagro en su cuenta de Twitter.
Almagro destacó que el gobierno salvadoreño ha acatado la decisión de la Sala de lo Constitucional, en cuanto a la medida cautelar emitida para impedir que el presidente Nayib Bukele convoque a sesión plenaria a los diputados de la Asamblea Legislativa para que le aprueben un préstamo del BCIE por $109 millones para compra de material bélico.
El último tuit que Almagro dedicó a El Salvador fue el 8 de febrero pasado, en la víspera del 9F, cuando anunció haberse reunido con la canciller quien le había expresado «el respeto del gobierno salvadoreño por la Constitución y la institucionalidad». «Mantuve conversación telefónica con Canciller de El Salvador, Alexandra Hill. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente Nayib Bukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados», publicó en aquella ocasión.
Un día después, el domingo 9 de febrero, El Salvador vivió uno de los momentos más críticos como no se vivía desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Las imágenes de una Asamblea Legislativa militarizada y un alto despliegue policial en los alrededores del palacio legislativo dieron la vuelta al mundo y han sido motivo de repudio y condenas por organismos internacionales de derechos humanos y de países amigos, incluyendo del gobierno de los Estados Unidos, que hizo un llamado a la paz y al respeto a la independencia de poderes.
El consejo de ministros convocó para esa fecha a los diputados a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo demandado por el Ejecutivo. La Asamblea respondió con una negativa y los diputados dijeron no emitirían decreto bajo presión y hasta que el gobierno no transparentara el uso que piensa hacer del dinero.
La discusión por el referido préstamo del BCIE sigue en espera de aprobación en la Asamblea; los diputados reanudaron la discusión este miércoles en la Comisión de Hacienda donde el diputado Rodolfo Parker, del PDC, expusiera que el crédito ya no solo tiene que ver con la Hacienda pública, y dejó entrever que habría que analizar todas sus aristas, pues la compra de tecnología sofisticada pudiera convertirse en herramientas para el espionaje de los adversarios políticos del gobierno.
Durante la sesión anunció que interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República, por haber sido víctima de acoso policial y persecución política de parte del Ejecutivo y del gabinete. Para sustentar su demanda aseguró que el viernes 7 y sábado 8 de febrero su vivienda fue merodeada por carros policiales y que incluso golpearon su puerta. Parker ha manifestado que la compra de un buque de guerra, contemplada en el préstamo, no es necesaria y que ese dinero podría invertirse en obras de proyección social.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
