Política
FMLN autorizaba a pandillas asesinar a dos personas diarias durante gobierno de Funes, según informe de FGR
El reconocido analista político, Geovani Galeas, dio a conocer a través de su cuenta personal de Twitter, que ha tenido acceso al informe de la FGR y que este es “negro para la historia universal de la infamia”.
Galeas brindó este jueves nuevos detalles sobre el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), contra diversos políticos que están siendo acusados de negociar y entregar grandes cantidades de dinero a pandilleros a cambio de votos.
Según el informe, el expresidente de la República, Mauricio Funes, junto con altos dirigentes del FMLN, eran quienes autorizaban el número de asesinatos que podían cometer a diario las diferentes pandillas que operan en el país.
De acuerdo con las autoridades, el FMLN y Funes, les autorizaron a las pandillas “asesinar a dos personas diarias por pandilla y depurar dentro de los penales a las personas que cometían algún tipo de infracción (…) previa coordinación con quienes hacían la petición y posteriormente la trasladaban a CAPRES”, lo que equivalía a 6 muertes diarias, debido a que son tres pandillas.
Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al caso que involucra a políticos y ex funcionarios que negociaron con miembros de pandillas, han detallado que el FMLN entregó un total de $433 mil a las pandillas a cambio de apoyo durante las elecciones presidenciales de 2014.
Según las investigaciones fiscales, altos dirigentes del FMLN se reunieron en 13 oportunidades con líderes de pandillas, a quienes les entregaron grandes cantidades de dinero para obtener sus votos en las elecciones.
En dichas reuniones participaron el ex ministro de Gobernación, Aristides Valencia; el ex ministro de Seguridad, Benito Lara; y los dirigentes históricos del partido efemelenista, José Luis Merino y Medardo González.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que está trabajando para la democracia de El Salvador y que en ella, así como en otras congresistas, se ve reflejada la opinión de muchos que no se atreven a hablar, razón por la cual cree que “no es irrelevante” en la vida política del país.
Ortiz precisó, en entrevista con El Faro, que el trabajo que ella realiza es necesario para hacer escuchar las voces que, tal vez, callan por temor.
Asimismo, la congresista, en una fracción de la entrevista, destacó el valor de sus colegas parlamentarias Anabel Belloso y Dina Argueta quienes también tienen el valor de plantarse y alzar la voz para denunciar las cosas que están mal en El Salvador.
“No soy irrelevante porque estoy haciendo un trabajo necesario para la democracia del país y porque hay mucha voces que, tal vez, callan por temor, pero que, a través de la voz de esta servidora y de otras diputadas, como Anabel y Dina, por ejemplo, que también tienen la valentía plantarse y de decir las cosas que se están haciendo mal y cómo esto puede afectar a la población también se está representado. Y ese es el valor de la democracia”, expresó Ortiz.
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La Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de los procesos judiciales en contra de aquellos imputados declarados en rebeldía, e impedir atrasos en los procesos judiciales a raíz de la renuncia de los abogados defensores de los imputados.
Estas enmiendas fueron avaladas con 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Donato Vaquerano y Jackeline López. Los partidos Nuestro Tiempo y Vamos votaron en contra. El FMLN volvió a dividirse: dos se abstuvieron y dos no votaron. ARENA tampoco votó.
El presidente de la comisión de seguridad pública, Eduardo Amaya, calificó de «necesarias» las modificaciones al código, pues denunció que desde 1998 «más de 80,000 personas fueron declaradas en rebeldía y sus procesos paralizados favoreciendo la impunidad».
«Estas artimañas vienen desde 1998. Era justo y necesario que se reformará el Código Procesal Penal», dijo Amaya, diputado por Nuevas Ideas, al recordar que desde ese año El Salvador aplica una nueva normativa en materia penal y procesal penal.
Jhonny Wright, diputado por Nuestro Tiempo, no solo fustigó las enmiendas, sino que también afirmó que estas tienen una «finalidad política», por lo que dijo que no daría su voto a favor.
Francisco Villatoro, diputado de la bancada cian, reveló que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas actualmente trabaja en otros cuerpos legales «más fuertes y contundentes», pues «no vamos a bajar la guardia hasta garantizar la paz» en El Salvador.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, habló de tecnicismos y la legislación comparada para con la aplicación del decreto; sin embargo, valoró positivo el propósito del pliego de modificaciones, aunque no votó.
La comisión de seguridad pública emitió en su última sesión de trabajo el dictamen favorable para cambiar la legislación procesal penal, luego de escuchar a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente.
Villatoro adelantó que con la reforma se vendrá «a corregir esa mala práctica que había a nivel de los abogados de los grupos terroristas, que, con tal de ganar tiempo, el día de la vista pública presentaban la renuncia» afectando con ello el desarrollo de la diligencia.
El funcionario sostuvo que con esta práctica los defensores ganaban tiempo y tenerlos (a los imputados) 24 meses sin poder recibir una condena «con las consecuencias jurídicas que ello implica».
#DePais @AsambleaSV aprueba reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de procesos judiciales contra los imputados prófugos o rebeldes asi como impedir atrasos en juicios por renuncia de abogados defensores. pic.twitter.com/bi5D71PYLm
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 22, 2022
Los abogados que incurran en esta conducta se exponen a ser investigados y sancionados por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado, por su parte, sostuvo que las enmiendas permitirán «imponer sentencia en contra de los prófugos de la justicia, combatiendo así la impunidad, pues actualmente hay regulaciones que permiten la evasión de la justicia».
«De 2013 a septiembre de 2022 tenemos 31,652 personas declaradas imputados ausentes o rebeldes. Estos casos se van estancando y acarrea un costo a las instituciones de justicia, y también afecta a las víctimas», afirmó Delgado.
Sostuvo que una vez entren en vigor las reformas, los procesos penales en contra de estas personas serán sacados de los archivos judiciales para su respectiva sentencia, siguiendo los procedimientos ya regulados.
Las 24 reformas al Código Procesal Penal son impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas, que reiteraron ayer su lucha contra el crimen y su compromiso contra la impunidad judicial.
El Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Roberto Antonio Anzora Quiroz, asumió este día el cargo de Presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), para el periodo 2022-2024.
Con el voto unánime de los miembros plenos de la OCCEFS, el representante de la EFS salvadoreña fue elegido para el cargo, en sustitución del Contralor de Guatemala, Edwin Salazar Jerez, a quien el Presidente Anzora felicitó por su buena gestión al frente de este organismo regional.
El Presidente Anzora agradeció a los miembros plenos de la OCCEFS por la confianza depositada a su persona y por conferirle los votos para dirigir esa instancia internacional. “Reitero mi compromiso de trabajar, junto a ustedes, para seguir fortaleciendo a nuestras entidades fiscalizadoras en su labor profesional y técnica; así como a fomentar buenas relaciones y proyectar nuestra labor con las diferentes partes interesadas, abriendo espacios, estableciendo alianzas estratégicas, haciendo uso de los recursos tecnológicos para dar a conocer nuestra labor y que haya una mejor comprensión de la misma”, externó el nuevo Presidente de la OCCEFS.
Anzora Quiroz les instó a seguir “trabajando articuladamente con los diferentes actores públicos, sociales y organismos internacionales como aliados para la buena gobernanza”.
La toma de posesión del nuevo cargo se realizó este lunes 19 de septiembre en el marco de la XLVI Asamblea General Ordinaria que se celebra en la ciudad de México.
La OCCEFS es un Grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El objetivo principal de esta organización internacional es promover la integración y el fortalecimiento de los Entes Contralores de la región, a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros, en temáticas relacionados con la función de fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada ente en su respectivo país.
El Presidente Anzora Quiroz, también ostenta el cargo de Secretario Técnico del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (CFR/SICA), entidad facultada para fiscalizar a los Órganos e Instituciones del SICA, pronunciándose sobre la legalidad, transparencia, eficiencia, efectividad, economía y equidad, en el cumplimiento de sus funciones, entre otras atribuciones.
