Política
Asamblea Legislativa prorroga por 30 días más el Régimen de Excepción en El Salvador
Un total de 67 diputados del oficialismo y aliados, prorrogaron anoche el régimen de excepción por otros 30 días a partir del jueves 16 de febrero de esta semana.
“Una vez más, la Asamblea Legislativa le damos los marcos legales, que están dentro de la Constitución de la República, para poder prorrogar el régimen de excepción. Los buenos salvadoreños nos sentimos contentos de que esto continúe”, indicó el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro., y a la vez agregó: “En el pasado, no querían que nos diéramos cuenta de las realidades que vivían muchas comunidades. Mientras los asesinatos no ocurrieran en sus colonias no había problema”.
Los parlamentarios aprobaron, por primera vez, el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana sangriento que dejó 87 homicidios en el territorio nacional, atribuidos a las pandillas.
Desde que inició el régimen de excepción, las autoridades de seguridad han reportado 300 días con cero homicidios en el país, lo que refleja una caída significativa de los índices de violencia en un país que, hasta hace unos meses, era considerado uno de los más violentos del mundo.
“El triste gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios en cinco años, mientras que nosotros llevamos 300 días en menos de cuatro años”, comentó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al momento de la entrega de la petición para extender el régimen, esta mañana.
Por su parte, la parlamentaria Suecy Callejas cuestionó el razonamiento de los partidos políticos ante el régimen: “Es interesante escuchar las recomendaciones de la oposición. Ellos dicen que esta no es la forma de combatir las pandillas, pero entonces ¿Cuál es la manera que sugieren los tanques de pensamiento que los patrocinan?”.
Referente a la temática, la parlamentaria Lorena Fuentes indicó que: “La oposición niega sus votos y se atreve a decir que los terroristas merecen una segunda oportunidad, pero el 90 % de la población está contenta, porque tenemos la tasa de homicidios más baja de la región”.
En estos diez meses de régimen de excepción, se han capturado a 64,111 presuntos terroristas y colaboradores. “Logramos cerrar el mes de enero como el menos violento, tras registrar 11 letalidades, comparado a diciembre, mes en el que hubo 14 asesinatos”, manifestó Villatoro.
De acuerdo a los miembros del Gabinete de Seguridad, hasta el 14 de febrero se han incautado 2,326 armas de fuego, 2,945 vehículos utilizados para transportar ilícitos, 15,312 teléfonos celulares y $1,7 millones en efectivo proveniente de las extorsiones o venta de drogas.
En este contexto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, presentó ante la población la edificación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), situado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
