Política
Asamblea aprueba ley para que la ENA se convierta de una institución técnica a una especializada de nivel superior
Con el fin de que los graduandos de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA) tengan una amplia experiencia para ser atractivos y cotizados ante el sector agrícola, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 80 votos, la conversión de un instituto técnico a una institución especializada de nivel superior.
Este aval, proporcionado en la sesión plenaria 83, ayudará a recuperar a dicha institución del abandono en el que la tuvieron los gobiernos anteriores. La ENA fue creada en 1956, es decir hace 40 años, por lo que la ley que la rige ha quedado desfasada.
Por ello, los parlamentarios consideraron necesario crear la Ley del Instituto Especializado de Nivel Superior Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”, para formar a profesionales en las Ciencias Agronómicas y Pecuarias.
“Estamos transformando la visión de la ENA y como egresada de esta escuela puedo dar fe de todo el abandono que tuvieron los gobiernos anteriores, que nunca le apostaron a la agricultura. Hoy tenemos un nuevo mandatario (Nayib Bukele) que se preocupa porque lo nacional sea mejor o igual a lo privado”, dijo la diputada Norma Lobo, exestudiante de esa academia.
Al fortalecer a esta escuela con la actualización de su marco normativo se estaría propiciando a la formación de profesionales en el sector agropecuario, quienes estarán aptos para competir en el ámbito de la globalización.
“Con esta aprobación la escuela pasa de ser una institución técnica a una especializada, específicamente en el área agropecuaria. Además, estos va apalear las carencias que los alumnos tuvieron en el pasado. Con profesionales más capacitados se va apoyar más al área agropecuaria del país”, indicó el parlamentario Edwin Serpas.
Actualmente, en la ENA los estudiantes solo se gradúan de técnicos agrónomos, tras cursar tres años de estudio. Hoy, se graduarán en ingeniería e incluso se pretende brindar maestrías y posiblemente doctorados.
En la actualidad, la ENA posee a 327 estudiantes activos, 117 mujeres y 210 hombres; del total, 274 cuentan con una beca otorgada por cooperantes como Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Disagro y Catholic Relief Services (CRS).
Desde 1956 a la fecha, la ENA ha graduado a 4,169 agrónomos, de esta cifra 332 son mujeres y 3,837 son hombres. De acuerdo con la proyección de la nueva administración de la ENA, para el 2026 habrá una inscripción equitativa de 400 mujeres y 416 hombres.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
