Política
ARENA inhabilita a Francisco Manzur a competir por la candidatura de la alcaldía de San Salvador
Este miércoles, la máxima autoridad electoral del partido ARENA, dejó inhabilitado al doctor Francisco Manzur a competir por la candidatura de ese partido para la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, este puede apelar a la resolución en un periodo de 24 horas.
Según la sentencia, Manzur habría vulnerado los estatutos internos, que ordenan a los aspirantes a ocupar cargos públicos, abstenerse de realizar declaraciones que pudieran dañar el honor, intimidad personal y la propia imagen de las autoridades y de otros miembros del partido, en el marco del proceso interno.
ARENA abrió un proceso en contra del precandidato el pasado 17 de julio por haber expresado en su cuenta de twitter que «la alcaldía de San Salvador debe ser dirigida por un nacionalista de verdad, uno que no represente la politiquería, ni la expresión de la élites, uno que no tenga vínculo alguno con la corrupción. #YoVoyConManzur #PXLP», dijo.
Ante la denuncia interpuesta ese día por sus declaraciones, Manzur recibió una llamada de advertencia a abstenerse de hacer tales señalamientos sin tener fundamentos, a lo que él aseguró no ser el responsable y dijo que su cuenta habría sido hackeada; sin embargo, ese mismo día el tuit en cuestión desapareció de su cuenta.
El Tribunal no aceptó la excusa de Manzur y le abrió proceso por haber faltado a los estatutos del partido. “Las declaraciones dadas por el señor Manzur han infringido los estatutos (…) acusarlo [a Muyshondt] de tomar un plan de destrucción de ARENA, es un rompimiento a la armonía, fraternidad, respeto y cortesía que debe existir entre miembros de partido”, dice la sentencia.
Al ser encontrado culpable, Manzur fue inhabilitado de todo cargo por un periodo de 3 meses, así como pierde todos sus derechos como arenero por el mismo periodo.
Manzur reacciona
Manzur salió a la defensa y señaló que la sentencia en su contra es un mal precedente para otros precandidatos, a la vez expresó que él decidió competir por el cargo «para garantizar al partido una propuesta alternativa ante la amenaza latente de una ideología de izquierda disfrazada”.
“Nunca ha sido mi finalidad transgredir las normas institucionales, por el contrario mi intención es defenderlas”, agregó y adelantó que la decisión del Coena causará desánimo en las bases.
El Tribunal fijó un plazo de 24 horas para que Manzur haga uso de los recursos establecidos en los Estatutos. De no hacerlo, el expediente pasará a la Comisión Política, Consejo Ejecutivo Nacional, Tribunal de Ética y Comisión Electoral Nacional.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
