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Usar mascarilla es obligación y evitar las aglomeraciones es una responsabilidad: ¡Todos contra el COVID-19!
Hay que tener en cuenta que la pandemia no ha terminado, el COVID-19 continúa en circulación en el país y a diferencia del año pasado, todos los sectores de la economía están abiertos, así que cada salvadoreño debe asumir la responsabilidad de cuidar más de su salud y la de su familia.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene en vigor la exitosa estrategia sanitaria para el manejo integral de la pandemia. Se continúa con el testeo de la población por medio del examen PCR, verificaciones del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los diferentes sectores y está vigente el decreto transitorio 90 que vuelve obligatorio el uso de la mascarilla para todos los asistentes en eventos públicos o privados donde haya concentración de personas.
También sigue vigente la prohibición para organizar conciertos, mítines, fiestas patronales y las restricciones de los eventos deportivos, para lo cual el Ministerio de Salud debe dar la autorización y el ingreso a los escenarios debe de ser solo para personas con el esquema completo de vacunación, presentando la cartilla.
El Gobierno también tiene habilitada la vacunación contra COVID-19 para todos los grupos etarios desde los 6 años, además de que ya se está colocando el refuerzo del fármaco (tercera dosis) para potenciar las defensas contra el virus.
Sin embargo, un sector de la población ha bajado la guardia de manera inexplicable ante la circulación de variantes del COVID-19, que son mucho más agresivas con respecto a la facilidad de transmisión.
En parte el incremento de los casos confirmados cada día se debe al relajamiento de las medidas sanitarias de parte de las personas.
La más efectiva línea de defensa que la población tiene contra el virus es la vacunación: de ahí la insistencia de los funcionarios del Gobierno en llamar para que acudan a vacunarse.
Hay una enorme diferencia en las personas que tienen el esquema completo de vacunación cuando se contagian, ya que la enfermedad no se desarrolla a las formas más complejas, algo de lo que hay suficiente evidencia científica.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
