Judicial
Sindicalistas de ASTRAM exigen investigación de asesinato de Wender Meléndez
Decenas de sindicalista de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), la noche de este lunes se concentraron frente a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital, para exigir la investigación del asesinato del líder sindical Weder Meléndez.
Adolfo Ramos, secretario de ASTRAM, dijo que las autoridades policiales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben de agilizar la investigación del asesinato de Meléndez.
«Esa investigación se debe de realizar de inmediato y no a largo plazo. Deben de investigar ya y llevar a la justicia al o los responsables de ese cobarde homicidio», manifestó Ramos.
Weder Meléndez fue asesinado la noche del viernes 7 de agosto en las cercanías de la colonia Guatemala y calle 5 de Noviembre de esta capital. Dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta le dispararon al menos en diez ocasiones y murió de forma instantánea.
En la balacera también resultó un menor de edad herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial.
Adolfo Ramos recordó a los presentes, que la víctima no tenía problemas con nadie y que con «la única persona que había tenido dificultades en sus últimos días de vida fue con el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García Prieto».
«Ernesto Muyshondt es un delincuente confeso. El aceptó frente a los medios de comunicación que se había reunido con delincuentes y le pide a su familia que lo perdonden porque no había dicho eso antes», manifestó el sindicalista, al tiempo que dijo que era un «delincuente confeso ante la sociedad salvadoreña».
«Eso es grave y por eso pedimos a la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador que revoque las medidas sustitutivas a la detención provisional y que lo envíe a prisión. Sobre todo que se investigue el asesinato de nuestro compañero Weder Meléndez», recalcó.
«El pecado de Weder Meléndez fue el de reclamar públicamente al alcalde de San Salvador que pagara las retenciones de la cuotas de los trabajadores del ISSS, AFP, Fondo Social para la Vivienda e instituciones bancarias. Tras esa denuncia fue amenazado y luego lo asesinaron», puntualizó.
«El alcalde lo amenazó que lo iba a despedir de la alcaldía porque le incomodaba su lucha por nuestros derechos. No podemos echarnos para atrás. Debemos seguir adelante por la memoria de nuestro hermano», indicó.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
