Judicial
Sindicalistas de ASTRAM exigen investigación de asesinato de Wender Meléndez
Decenas de sindicalista de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), la noche de este lunes se concentraron frente a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital, para exigir la investigación del asesinato del líder sindical Weder Meléndez.
Adolfo Ramos, secretario de ASTRAM, dijo que las autoridades policiales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben de agilizar la investigación del asesinato de Meléndez.
«Esa investigación se debe de realizar de inmediato y no a largo plazo. Deben de investigar ya y llevar a la justicia al o los responsables de ese cobarde homicidio», manifestó Ramos.
Weder Meléndez fue asesinado la noche del viernes 7 de agosto en las cercanías de la colonia Guatemala y calle 5 de Noviembre de esta capital. Dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta le dispararon al menos en diez ocasiones y murió de forma instantánea.
En la balacera también resultó un menor de edad herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial.
Adolfo Ramos recordó a los presentes, que la víctima no tenía problemas con nadie y que con «la única persona que había tenido dificultades en sus últimos días de vida fue con el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García Prieto».
«Ernesto Muyshondt es un delincuente confeso. El aceptó frente a los medios de comunicación que se había reunido con delincuentes y le pide a su familia que lo perdonden porque no había dicho eso antes», manifestó el sindicalista, al tiempo que dijo que era un «delincuente confeso ante la sociedad salvadoreña».
«Eso es grave y por eso pedimos a la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador que revoque las medidas sustitutivas a la detención provisional y que lo envíe a prisión. Sobre todo que se investigue el asesinato de nuestro compañero Weder Meléndez», recalcó.
«El pecado de Weder Meléndez fue el de reclamar públicamente al alcalde de San Salvador que pagara las retenciones de la cuotas de los trabajadores del ISSS, AFP, Fondo Social para la Vivienda e instituciones bancarias. Tras esa denuncia fue amenazado y luego lo asesinaron», puntualizó.
«El alcalde lo amenazó que lo iba a despedir de la alcaldía porque le incomodaba su lucha por nuestros derechos. No podemos echarnos para atrás. Debemos seguir adelante por la memoria de nuestro hermano», indicó.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
