Judicial
Sindicalistas de ASTRAM exigen investigación de asesinato de Wender Meléndez
Decenas de sindicalista de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), la noche de este lunes se concentraron frente a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital, para exigir la investigación del asesinato del líder sindical Weder Meléndez.
Adolfo Ramos, secretario de ASTRAM, dijo que las autoridades policiales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben de agilizar la investigación del asesinato de Meléndez.
«Esa investigación se debe de realizar de inmediato y no a largo plazo. Deben de investigar ya y llevar a la justicia al o los responsables de ese cobarde homicidio», manifestó Ramos.
Weder Meléndez fue asesinado la noche del viernes 7 de agosto en las cercanías de la colonia Guatemala y calle 5 de Noviembre de esta capital. Dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta le dispararon al menos en diez ocasiones y murió de forma instantánea.
En la balacera también resultó un menor de edad herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial.
Adolfo Ramos recordó a los presentes, que la víctima no tenía problemas con nadie y que con «la única persona que había tenido dificultades en sus últimos días de vida fue con el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García Prieto».
«Ernesto Muyshondt es un delincuente confeso. El aceptó frente a los medios de comunicación que se había reunido con delincuentes y le pide a su familia que lo perdonden porque no había dicho eso antes», manifestó el sindicalista, al tiempo que dijo que era un «delincuente confeso ante la sociedad salvadoreña».
«Eso es grave y por eso pedimos a la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador que revoque las medidas sustitutivas a la detención provisional y que lo envíe a prisión. Sobre todo que se investigue el asesinato de nuestro compañero Weder Meléndez», recalcó.
«El pecado de Weder Meléndez fue el de reclamar públicamente al alcalde de San Salvador que pagara las retenciones de la cuotas de los trabajadores del ISSS, AFP, Fondo Social para la Vivienda e instituciones bancarias. Tras esa denuncia fue amenazado y luego lo asesinaron», puntualizó.
«El alcalde lo amenazó que lo iba a despedir de la alcaldía porque le incomodaba su lucha por nuestros derechos. No podemos echarnos para atrás. Debemos seguir adelante por la memoria de nuestro hermano», indicó.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
