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Sindicalistas bloquean el paso hacía Asamblea y FGR llama a la PNC a que proceda a detenciones en flagrancia
Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, un grupo de sindicalistas se plantó a la altura del Centro de Gobierno para impedir el paso de los diputados y personal que labora en la Asamblea Legislativa, en apoyo a la postura oficial de exigir al parlamento una ley de emergencia que ayude a frenar la pandemia de covid-19.
Las personas que fueron convocadas en redes sociales exigen al congreso una ley «para que la gente no salga de sus casas a morir» durante la pandemia.
Los manifestantes amenazaron incendiar vehículos e impidieron el paso de una motobomba de Bomberos que se conducía con sirena abierta a cubrir una emergencia y tuvo que desviarse por otra ruta bajo las amenazas.
«La PNC debe proceder en flagrancia ante posibles violaciones al orden constitucional y garantizar el funcionamiento efectivo de los Órganos del Estado», advirtió la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sindicatos que se han hecho presentes a la actividad estuvieron recientemente en Casa Presidencial endosando el apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el manejo que ha dado a la crisis de salud, y en esa ocasión dijeron que interpondrían una demanda internacional en contra de la Asamblea por atentar con sus decretos en contra de la salud y de la vida de los salvadoreños.
Los sindicalistas exigen el DUI a las personas que circulan por los alrededores para permitirles el paso.
Miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), del Sindicato de Trabajadores de FOSALUD (SITRAFOS), de la Federación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Democráticos del El Salvador (FSTD), de SIDETTRISSS y del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA) se mantenian hasta horas de la tarde, en los alrededores del Centro de Gobierno para protestar en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la Fiscalía reiteró el llamado a la Policía Nacional Civil a que proceda (a la detención) en contra de los manifestantes «en flagrancia».
«Reconocemos el derecho a la libertad de expresión pero este no debe atentar contra el orden público ni la integridad de las personas», dijo la FGR, e instruyó a la PNC «a cumplir con su obligación de proteger la libre circulación de personas, su integridad física, bienes estatales y privados».
El ministerio público hizo un llamado a los protestantes a no exponerse a adquirir el coronavirus ya que este tipo de aglomeraciones podría ser un foco de infección. Los manifestantes respondieron que antes de asistir al llamado se realizaron las pruebas de covid-19 y que los resultados fueron negativos.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
