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«Que se juzguen a esos delincuentes», padre de Karla Turcios en el entierro de la comunicadora
El padre de la periodista Karla Turcios, quien fue sepultada esta tarde en un cementerio privado de San Salvador, llamó a las autoridades a esclarecer el asesinato de su hija y mostró su deseo de «que se juzguen a esos delincuentes».
Según el doliente, la Policía y Fiscalía deberían incluso recurrir a instancias internacionales para aclarar el crimen y «se pueda sentar un precedente en beneficio de todo el periodismo, de todos los que se dedican a la comunicación». El director de la Policía, Howard Cotto, dijo desde un primer momento que no hay indicios que el homicidio se haya dado por la profesión de Torres y más bien las hipótesis apuntan a un hecho pasional.
«Espero que se juzguen a esos delincuentes y se pueda sentar un precedente en beneficio de todo el periodismo, de todos los que se dedican a la comunicación y que quede en la historia aclarado y que los delincuentes queden condenados, para que también el gremio no sea afectado así como están dando muerte ahorita, como que somos perros», expresó en el cementerio.
Turcios destacó que la violencia en El Salvador «se está llevando los mejores hijos» y urgió a las autoridades a actuar cuanto antes en este caso.
Esta mañana, Cotto dijo en una entrevista televisiva que en este caso hay suficientes elementos para pensar que se llegará pronto al esclarecimiento de los culpables.
Karla Lisseth Turcios Cortez desapareció la mañana del sábado de su casa en la colonia Costa Rica de San Salvador y horas después su cuerpo fue encontrado asfixiado en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, a unos 90 kilómetros del lugar donde supuestamente fue vista con vida la última vez.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
