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Repartidor de Zeta Gas intenta matar a machetazos a compañero que le quitaba clientes y se burlaba de él
Un repartidor de gas propano atacó con un machete a uno de sus compañeros luego de enterarse de que este le robaba los clientes y se burlaba de él por tener una deformidad en la cara producto de un derrame facial. Ahora el agresor cumplirá jornadas de trabajo de utilidad pública tras haberse encontrado culpable por el delito de homicidio tentado imperfecto.
William N., de 56 años de edad, y Hugo P., de 22, fueron hasta hace algunos años compañeros de trabajo en uno de los puntos de venta de la empresa Zeta Gas. Ellos repartían los tambos de gas en motocicletas a los clientes que solicitaban el producto en zonas de Santo Tomas.
Problemas de salud provocaron que William tuviera que dejar por un tiempo su trabajo, el derrame facial sufrido provocó que Hugo tomara a los clientes que tenía su compañero.
Según el expediente judicial, mientras él guardaba reposo Hugo se encargaba de hablar con los clientes de su compañero para decirles que él ya no trabajaba más en la empresa quería que a quien le compraran el producto fuera a él.
Cuando se comenzó a recuperar de las secuelas del derrame, William intentó regresar a su jornada laboral en la que fue recibida a carcajadas por Hugo a quien le causó gracia ver el rostro de su compañero.
El imputado señaló que las burlas de su compañero lo hicieron sentirse mal y furioso. ya que consideraba que su condición no era sinónimo de broma. Algo que Hugo no miraba de la misma manera.
Las burlas de Hugo a William llegaron hasta el 13 de noviembre de 2017, cuando en horas de la mañana el imputado retó a su compañero a un pelea a golpe limpio. Algo a lo que el retado se negó, provocando el enojo del retador.
Decidido a terminar con las burlas de Hugo, William comenzó a idear un plan -siempre valiéndose de la violencia- para lograr su cometido, fue así como el imputado sorprendió a su víctima cuando se disponía a guardar la motocicleta al final de la jornada laboral.
Eran las 5 de la tarde, cuando Hugo vio como William llegó con machete en mano a librar su furia lanzando machetazos al aire con la intención de pegarle en cualquier parte del cuerpo.
Hugo estaba asustado y no se imaginó que después de aquellas burlas fuera a terminar así; pensó que su vida terminaría esa tarde.
“Hoy si te vas a morir. Te voy a hacer picadillos”, le decía enfurecido William quien cesó su ataque al primer contacto que hizo con la humanidad de Hugo.
Herido en el área de las costillas, Hugo cayó al suelo. En ese momento el atacante intentó dar el golpe de gracia pero algo lo detuvo. Lo miró y salió corriendo del lugar. Al ver que su atacante salió corriendo, el herido tomó la motocicleta y decidió seguirlo, pero, le perdió la pista posteriormente.
Posterior a eso, Hugo interpuso una denuncia ante las autoridades. quienes procedieron con el arresto de William horas más tarde cuando se encontraba en su casa. Al sujeto le decomisaron el arma blanca.
Durante la vista pública William se defendió y dijo “Me declaro inocente porque los hechos no fueron así”. Hugo jamás explicó a las autoridades que la detonación del ataque fue a causa de las constantes burlas.
El tribunal Primero de Sentencia de San Salvador falló en contra de William N. quien fue sentenciado a 140 jornadas de trabajo de utilidad pública por el delito de homicidio tentado imperfecto.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
