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Reos en fase de confianza distribuyen 18,000 paquetes alimentarios en San Salvador y La Libertad
Cuatrocientos reos en fase de confianza trabajan en el reparto de 18,000 paquetes alimentarios en municipios del departamento de San Salvador y La Libertad. La acción se da cumpliendo con los lineamientos dados por el Presidente Nayib Bukele a la Dirección General de Centros Penales de apoyar a las familias salvadoreñas con la entrega de comida, en un esfuerzo combinado entre el Plan Cero Ocio y el Programa de Emergencia Sanitaria (PES).
“Los privados de libertad participan activamente como parte de las acciones del Plan Cero Ocio, teniendo como misión trabajar al servicio de la sociedad como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción; entre estas acciones se involucran en la logística y reparto de los alimentos hasta la puerta de la casa de las familias afectadas”, dijo el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Desde el domingo en la noche, los internos iniciaron la jornada de logística para tener listos los paquetes con los insumos en los centros escolares España, de San Salvador, y Margarita Durán, de Santa Tecla, donde son cargados en los camiones que los trasladarán hacia los municipios beneficiados.
“Son cientos de familias las que se ven beneficiadas gracias a la labor que realizan los privados de libertad en fase de confianza en la logística de traslados de paquetes alimentarios, para que pueda llegar hasta la puerta de la casa de las familias afectadas por la pandemia de COVID-19”, dijo Luna.
En menos de un mes, los internos han repartido más de 250,000 cajas con alimentos en todos los departamentos del país.
El Plan Cero Ocio busca que los reclusos hagan actividades productivas y de beneficio para la sociedad. De esta manera a los reos se les construye el hábito de trabajo y su reinserción en la vida productiva será más fácil.
Los internos en fase de confianza también se dedican a otras actividades como ornato y limpieza de parques y redondeles de San Salvador; así como la limpieza de parques nacionales y centros turísticos. También en la construcción de casas, y una sede policial.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
