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Reo que demandó al Estado denuncia que fue brutalmente agredido por otro interno: «Espero que respondan por el daño que me han hecho”

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Un reo que paga una condena de 30 años por el delito de secuestro ha denunciado al Estado por los constantes atropellos que ha soportado luego de negarle la atención médica a tiempo que lo llevaron a quedar en silla de ruedas. Ahora, un nuevo incidente ha ocurrido en su vida: un interno le propinó una brutal golpiza que lo ha llevado nuevamente a exigirle a las autoridades. 

William Alberto Pérez Jerez es un médico pediatra que tiene 50 años de edad, que actualmente está recluido en el Centro Especial de Salud para Privados de Libertad, en Santa Ana, ya que sufre el síndrome de Devic, una enfermedad que lo ha llevado a su permanencia a una silla de ruedas. Producto de esto, un interno se aprovechó para golpearlo y lesionarlo en el rostro dentro de su celda bajo la amenaza de “tenerlo en la mira”. 

Al filo de las 2:00 de la tarde, del martes 6 de noviembre, llegó desde Santa Ana a San Jacinto (San Salvador), era su día de terapias semanales en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Con agilidad empuja las llantas de su silla hasta un pequeño comedor del ISRI. Se siente emocionado porque su hermana lo llegó a visitar. Las paredes pintadas de celeste con cortinas de colores oscuros dan la sensación de bienestar, pero desde su silla de ruedas pasan imágenes que nunca pensó vivir en carne propia.

Con un tono serio comenzó a contar a El Salvador Times que el 28 de octubre, mientras estaba en el reclusorio de Santa Ana, un hombre fornido, con el cuerpo lleno de tatuajes y con una actitud violenta llegó en dos ocasiones a visitarlo a su celda. Se negó a hablar con él, ya que no le tiene confianza por lo que le pidió que se fuera.

Señaló que al poco tiempo este regresó y sin mediar palabras comenzó a golpearlo sin piedad, a pesar de que este no podía defenderse. “Me dio un puñetazo en el ojo izquierdo produciéndome un hematoma, una inflamación en la retina y una uveítis, diagnosticada por un médico particular”, señaló William con un tono molesto.

Pérez Jérez lo reconoció de inmediato, y contó que el hombre que lo golpeó fue condenado a 130 años de prisión por homicidios, hurtos, entre otros delitos. Desde ese día, el médico pediatra vive con la incertidumbre de que nuevamente las agresiones vuelvan a pasar.

De forma pausada, comentó que el 2 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 5:30 de la mañana, la hora del desencierro, observó que un custodio le quitó el candado de su celda antes que al resto de los internos. Minutos después, su agresor comenzó dirigirse a donde él estaba, como lanzándole una amenaza de que algo podría pasarle.

“Al ver esto me dirigí para avisarle al guardia de esa posición (a unos metros de William) y le pregunte que si había una orden para dejarlo deambular por el recinto. Pedí que me sacaran inmediatamente y que me protegieran, ellos (los custodios) acudieron al llamado. Entraron dos custodios, relevaron a al sujeto que había dejado libre a mi agresor con quien yo he visto que tiene conversaciones, me señalan y se referían a mí como en forma de ‘pendiente’”, narró.

Él sospecha que podría tratarse de una “confabulación para hacer daño”, ya que considera que debido a la amistad entre el custodio y su agresor podrían darse otro tipo de hechos más graves.

“Le pregunté a mi agresor que por qué se prestaba a hacerle daño a la población solo por obtener un beneficio. Si él es capaz de golpear de manera despiadada a un minusválido en una silla de ruedas… Si hubiera tenido un arma cortopunzante y hubiera hecho uso de ella. Considero que es una persona que no debería de estar en ese lugar, es una persona despiadada”, continuó diciendo mientras fruncía el ceño.  

Ya se conoce el caso

El director de centros penales, Marco Tulio Lima, dijo que ya se está realizando una investigación de lo que sucedió en Santa Ana y señaló que este es el único caso de agresión que se ha conocido en las cárceles donde se implementa el sistema “Yo Cambio”.

“Se me informó que se había agredido a una persona privada de libertad y me mandaron un informe con las imágenes de las lesiones. Se ha iniciado una investigación interna para el personal de seguridad por no haber tenido el debido cuidado”, explicó a El Salvador Times.

Las autoridades de seguridad aseguran que las agresiones entre internos es normal provocado por el encierro. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló al respecto: “En todo sistema penitenciario hay problemas de convivencia, es por la misma naturaleza del encierro que es una consecuencia lógica de la conducta de las personas, pero que la conflictividad del sistema salvadoreño ha bajado mucho. Antes había masacres y hasta homicidios a diario. Ahora se dan, pero han bajado”, manifestó.   

A pesar de que las autoridades dicen tener controlado los índices de violencia y de salubridad de los internos, William solo espera que se le responda por el daño ocasionado tras varios años de encierro.

“La gente tiene la idea que un privado de libertad ha perdido todos sus derechos y los únicos derechos que he perdido son el de deambular libremente y el voto. Estoy a la espera y con ganas de vivir. Espero que respondan por el daño que me han hecho”, sentenció.

Las acusaciones al Estado

William tiene claro los motivos que lo trajeron aquí, pero en medio de la crisis que vive ahora por la agresión de la que fue parte, se limita a decir que son dos secuestros. 

Estar en el encierro fue un shock emocional con el que ha tenido que luchar cada día. Las sombras de su condena le llevaron a pasar noches sin poder dormir y tener lapsos de depresión por lo que su salud comenzó a decaer, un episodio que prefiere no contar.

En 2008, cuando las cárceles aún eran reinadas por bandas delincuenciales, William estaba recluido en Usulután y fue ahí cuando se dio cuenta que su cuerpo no estaba bien; solicitó atención médica, pero tras días solicitando ayuda esta llegó cuando era demasiado tarde para revertir el daño. El síndrome de Devic, mejor conocido como neuromielitis óptica, es una enfermedad extraña que inicia en el sistema nervioso central que afecta el nervio óptico y la médula espinal.

Según el portal web de neuroimmunologybcn.org, el síndrome ataca a una o dos personas por cada 100,000 habitantes y puede provocar la pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Debido a esto fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor calidad de atención del cual asegura aún no haberlo recibido.

En 2011 la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un Habeas Corpus, donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado donde obligaba al Estado atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparables por el Estado”.

A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de resguardar a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario que padecen de enfermedades terminales o progresivas a los cuales se les brinda atención médica.

Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica, pero jamás se imaginó que se toparía con otro problema de salud debido a la agresión recibida. 

“Desde mi traslado me di cuenta que ese lugar carece de medicinas y la infraestructura no es la adecuada hay un sistema represivo, no se da la atención médica adecuada. Es un lugar que no responde ni las condiciones mínimas a como le han hecho creer a la sociedad”, dijo molesto con un tono firme.

 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

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Hombre acumuló una deuda de $7,550 tras 12 años sin pagar pensión alimenticia

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El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.

Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.

Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.

La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.

Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.

El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.

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Prisión para esposos por tráfico ilícito de drogas en San Miguel

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.

En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.

La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.

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PNC El Salvador captura a dos personas con marihuana en La Libertad Costa

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este sábado la captura de dos personas que transportaban droga en el bulevar Conchalío, en La Libertad Costa. Los detenidos fueron identificados como Valeria Saraí García Cornejo y Gerson Edgardo Medrano Ayala, quienes viajaban a bordo de un vehículo interceptado durante un operativo rutinario.
Tras la revisión del automóvil, las autoridades incautaron paquetes de marihuana, dinero en efectivo y el mismo vehículo utilizado para el traslado. Los capturados serán puestos a disposición de los tribunales por el delito de posesión y tenencia de drogas, según detalló la PNC en sus redes sociales.
La institución enfatizó su mensaje preventivo: “Los ilícitos solo te llevarán a la cárcel. Pensalo bien”, como parte de su estrategia de disuasión en la lucha contra el narcotráfico en zonas turísticas y costeras del país. Este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos continuos por mantener la seguridad en las principales rutas del departamento de La Libertad.
Las imágenes difundidas muestran a los detenidos junto a los paquetes decomisados y el dinero, reforzando el compromiso de las autoridades en la erradicación del tráfico de drogas a pequeña escala.
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