Judicial
Reo que demandó al Estado denuncia que fue brutalmente agredido por otro interno: «Espero que respondan por el daño que me han hecho”
Un reo que paga una condena de 30 años por el delito de secuestro ha denunciado al Estado por los constantes atropellos que ha soportado luego de negarle la atención médica a tiempo que lo llevaron a quedar en silla de ruedas. Ahora, un nuevo incidente ha ocurrido en su vida: un interno le propinó una brutal golpiza que lo ha llevado nuevamente a exigirle a las autoridades.
William Alberto Pérez Jerez es un médico pediatra que tiene 50 años de edad, que actualmente está recluido en el Centro Especial de Salud para Privados de Libertad, en Santa Ana, ya que sufre el síndrome de Devic, una enfermedad que lo ha llevado a su permanencia a una silla de ruedas. Producto de esto, un interno se aprovechó para golpearlo y lesionarlo en el rostro dentro de su celda bajo la amenaza de “tenerlo en la mira”.
Al filo de las 2:00 de la tarde, del martes 6 de noviembre, llegó desde Santa Ana a San Jacinto (San Salvador), era su día de terapias semanales en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).
Con agilidad empuja las llantas de su silla hasta un pequeño comedor del ISRI. Se siente emocionado porque su hermana lo llegó a visitar. Las paredes pintadas de celeste con cortinas de colores oscuros dan la sensación de bienestar, pero desde su silla de ruedas pasan imágenes que nunca pensó vivir en carne propia.
Con un tono serio comenzó a contar a El Salvador Times que el 28 de octubre, mientras estaba en el reclusorio de Santa Ana, un hombre fornido, con el cuerpo lleno de tatuajes y con una actitud violenta llegó en dos ocasiones a visitarlo a su celda. Se negó a hablar con él, ya que no le tiene confianza por lo que le pidió que se fuera.
Señaló que al poco tiempo este regresó y sin mediar palabras comenzó a golpearlo sin piedad, a pesar de que este no podía defenderse. “Me dio un puñetazo en el ojo izquierdo produciéndome un hematoma, una inflamación en la retina y una uveítis, diagnosticada por un médico particular”, señaló William con un tono molesto.

Pérez Jérez lo reconoció de inmediato, y contó que el hombre que lo golpeó fue condenado a 130 años de prisión por homicidios, hurtos, entre otros delitos. Desde ese día, el médico pediatra vive con la incertidumbre de que nuevamente las agresiones vuelvan a pasar.
De forma pausada, comentó que el 2 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 5:30 de la mañana, la hora del desencierro, observó que un custodio le quitó el candado de su celda antes que al resto de los internos. Minutos después, su agresor comenzó dirigirse a donde él estaba, como lanzándole una amenaza de que algo podría pasarle.
“Al ver esto me dirigí para avisarle al guardia de esa posición (a unos metros de William) y le pregunte que si había una orden para dejarlo deambular por el recinto. Pedí que me sacaran inmediatamente y que me protegieran, ellos (los custodios) acudieron al llamado. Entraron dos custodios, relevaron a al sujeto que había dejado libre a mi agresor con quien yo he visto que tiene conversaciones, me señalan y se referían a mí como en forma de ‘pendiente’”, narró.
Él sospecha que podría tratarse de una “confabulación para hacer daño”, ya que considera que debido a la amistad entre el custodio y su agresor podrían darse otro tipo de hechos más graves.
“Le pregunté a mi agresor que por qué se prestaba a hacerle daño a la población solo por obtener un beneficio. Si él es capaz de golpear de manera despiadada a un minusválido en una silla de ruedas… Si hubiera tenido un arma cortopunzante y hubiera hecho uso de ella. Considero que es una persona que no debería de estar en ese lugar, es una persona despiadada”, continuó diciendo mientras fruncía el ceño.
Ya se conoce el caso
El director de centros penales, Marco Tulio Lima, dijo que ya se está realizando una investigación de lo que sucedió en Santa Ana y señaló que este es el único caso de agresión que se ha conocido en las cárceles donde se implementa el sistema “Yo Cambio”.
“Se me informó que se había agredido a una persona privada de libertad y me mandaron un informe con las imágenes de las lesiones. Se ha iniciado una investigación interna para el personal de seguridad por no haber tenido el debido cuidado”, explicó a El Salvador Times.
Las autoridades de seguridad aseguran que las agresiones entre internos es normal provocado por el encierro. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló al respecto: “En todo sistema penitenciario hay problemas de convivencia, es por la misma naturaleza del encierro que es una consecuencia lógica de la conducta de las personas, pero que la conflictividad del sistema salvadoreño ha bajado mucho. Antes había masacres y hasta homicidios a diario. Ahora se dan, pero han bajado”, manifestó.
A pesar de que las autoridades dicen tener controlado los índices de violencia y de salubridad de los internos, William solo espera que se le responda por el daño ocasionado tras varios años de encierro.
“La gente tiene la idea que un privado de libertad ha perdido todos sus derechos y los únicos derechos que he perdido son el de deambular libremente y el voto. Estoy a la espera y con ganas de vivir. Espero que respondan por el daño que me han hecho”, sentenció.
Las acusaciones al Estado
William tiene claro los motivos que lo trajeron aquí, pero en medio de la crisis que vive ahora por la agresión de la que fue parte, se limita a decir que son dos secuestros.
Estar en el encierro fue un shock emocional con el que ha tenido que luchar cada día. Las sombras de su condena le llevaron a pasar noches sin poder dormir y tener lapsos de depresión por lo que su salud comenzó a decaer, un episodio que prefiere no contar.
En 2008, cuando las cárceles aún eran reinadas por bandas delincuenciales, William estaba recluido en Usulután y fue ahí cuando se dio cuenta que su cuerpo no estaba bien; solicitó atención médica, pero tras días solicitando ayuda esta llegó cuando era demasiado tarde para revertir el daño. El síndrome de Devic, mejor conocido como neuromielitis óptica, es una enfermedad extraña que inicia en el sistema nervioso central que afecta el nervio óptico y la médula espinal.
Según el portal web de neuroimmunologybcn.org, el síndrome ataca a una o dos personas por cada 100,000 habitantes y puede provocar la pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Debido a esto fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor calidad de atención del cual asegura aún no haberlo recibido.
En 2011 la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un Habeas Corpus, donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado donde obligaba al Estado atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparables por el Estado”.
A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de resguardar a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario que padecen de enfermedades terminales o progresivas a los cuales se les brinda atención médica.
Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica, pero jamás se imaginó que se toparía con otro problema de salud debido a la agresión recibida.
“Desde mi traslado me di cuenta que ese lugar carece de medicinas y la infraestructura no es la adecuada hay un sistema represivo, no se da la atención médica adecuada. Es un lugar que no responde ni las condiciones mínimas a como le han hecho creer a la sociedad”, dijo molesto con un tono firme.
Judicial
Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.





A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Judicial
Condenan a 27 criminales por feminicidio y tentativa entre enero y marzo de 2026
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.





