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Judicial

Reo que demandó al Estado denuncia que fue brutalmente agredido por otro interno: «Espero que respondan por el daño que me han hecho”

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Un reo que paga una condena de 30 años por el delito de secuestro ha denunciado al Estado por los constantes atropellos que ha soportado luego de negarle la atención médica a tiempo que lo llevaron a quedar en silla de ruedas. Ahora, un nuevo incidente ha ocurrido en su vida: un interno le propinó una brutal golpiza que lo ha llevado nuevamente a exigirle a las autoridades. 

William Alberto Pérez Jerez es un médico pediatra que tiene 50 años de edad, que actualmente está recluido en el Centro Especial de Salud para Privados de Libertad, en Santa Ana, ya que sufre el síndrome de Devic, una enfermedad que lo ha llevado a su permanencia a una silla de ruedas. Producto de esto, un interno se aprovechó para golpearlo y lesionarlo en el rostro dentro de su celda bajo la amenaza de “tenerlo en la mira”. 

Al filo de las 2:00 de la tarde, del martes 6 de noviembre, llegó desde Santa Ana a San Jacinto (San Salvador), era su día de terapias semanales en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Con agilidad empuja las llantas de su silla hasta un pequeño comedor del ISRI. Se siente emocionado porque su hermana lo llegó a visitar. Las paredes pintadas de celeste con cortinas de colores oscuros dan la sensación de bienestar, pero desde su silla de ruedas pasan imágenes que nunca pensó vivir en carne propia.

Con un tono serio comenzó a contar a El Salvador Times que el 28 de octubre, mientras estaba en el reclusorio de Santa Ana, un hombre fornido, con el cuerpo lleno de tatuajes y con una actitud violenta llegó en dos ocasiones a visitarlo a su celda. Se negó a hablar con él, ya que no le tiene confianza por lo que le pidió que se fuera.

Señaló que al poco tiempo este regresó y sin mediar palabras comenzó a golpearlo sin piedad, a pesar de que este no podía defenderse. “Me dio un puñetazo en el ojo izquierdo produciéndome un hematoma, una inflamación en la retina y una uveítis, diagnosticada por un médico particular”, señaló William con un tono molesto.

Pérez Jérez lo reconoció de inmediato, y contó que el hombre que lo golpeó fue condenado a 130 años de prisión por homicidios, hurtos, entre otros delitos. Desde ese día, el médico pediatra vive con la incertidumbre de que nuevamente las agresiones vuelvan a pasar.

De forma pausada, comentó que el 2 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 5:30 de la mañana, la hora del desencierro, observó que un custodio le quitó el candado de su celda antes que al resto de los internos. Minutos después, su agresor comenzó dirigirse a donde él estaba, como lanzándole una amenaza de que algo podría pasarle.

“Al ver esto me dirigí para avisarle al guardia de esa posición (a unos metros de William) y le pregunte que si había una orden para dejarlo deambular por el recinto. Pedí que me sacaran inmediatamente y que me protegieran, ellos (los custodios) acudieron al llamado. Entraron dos custodios, relevaron a al sujeto que había dejado libre a mi agresor con quien yo he visto que tiene conversaciones, me señalan y se referían a mí como en forma de ‘pendiente’”, narró.

Él sospecha que podría tratarse de una “confabulación para hacer daño”, ya que considera que debido a la amistad entre el custodio y su agresor podrían darse otro tipo de hechos más graves.

“Le pregunté a mi agresor que por qué se prestaba a hacerle daño a la población solo por obtener un beneficio. Si él es capaz de golpear de manera despiadada a un minusválido en una silla de ruedas… Si hubiera tenido un arma cortopunzante y hubiera hecho uso de ella. Considero que es una persona que no debería de estar en ese lugar, es una persona despiadada”, continuó diciendo mientras fruncía el ceño.  

Ya se conoce el caso

El director de centros penales, Marco Tulio Lima, dijo que ya se está realizando una investigación de lo que sucedió en Santa Ana y señaló que este es el único caso de agresión que se ha conocido en las cárceles donde se implementa el sistema “Yo Cambio”.

“Se me informó que se había agredido a una persona privada de libertad y me mandaron un informe con las imágenes de las lesiones. Se ha iniciado una investigación interna para el personal de seguridad por no haber tenido el debido cuidado”, explicó a El Salvador Times.

Las autoridades de seguridad aseguran que las agresiones entre internos es normal provocado por el encierro. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló al respecto: “En todo sistema penitenciario hay problemas de convivencia, es por la misma naturaleza del encierro que es una consecuencia lógica de la conducta de las personas, pero que la conflictividad del sistema salvadoreño ha bajado mucho. Antes había masacres y hasta homicidios a diario. Ahora se dan, pero han bajado”, manifestó.   

A pesar de que las autoridades dicen tener controlado los índices de violencia y de salubridad de los internos, William solo espera que se le responda por el daño ocasionado tras varios años de encierro.

“La gente tiene la idea que un privado de libertad ha perdido todos sus derechos y los únicos derechos que he perdido son el de deambular libremente y el voto. Estoy a la espera y con ganas de vivir. Espero que respondan por el daño que me han hecho”, sentenció.

Las acusaciones al Estado

William tiene claro los motivos que lo trajeron aquí, pero en medio de la crisis que vive ahora por la agresión de la que fue parte, se limita a decir que son dos secuestros. 

Estar en el encierro fue un shock emocional con el que ha tenido que luchar cada día. Las sombras de su condena le llevaron a pasar noches sin poder dormir y tener lapsos de depresión por lo que su salud comenzó a decaer, un episodio que prefiere no contar.

En 2008, cuando las cárceles aún eran reinadas por bandas delincuenciales, William estaba recluido en Usulután y fue ahí cuando se dio cuenta que su cuerpo no estaba bien; solicitó atención médica, pero tras días solicitando ayuda esta llegó cuando era demasiado tarde para revertir el daño. El síndrome de Devic, mejor conocido como neuromielitis óptica, es una enfermedad extraña que inicia en el sistema nervioso central que afecta el nervio óptico y la médula espinal.

Según el portal web de neuroimmunologybcn.org, el síndrome ataca a una o dos personas por cada 100,000 habitantes y puede provocar la pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Debido a esto fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor calidad de atención del cual asegura aún no haberlo recibido.

En 2011 la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un Habeas Corpus, donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado donde obligaba al Estado atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparables por el Estado”.

A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de resguardar a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario que padecen de enfermedades terminales o progresivas a los cuales se les brinda atención médica.

Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica, pero jamás se imaginó que se toparía con otro problema de salud debido a la agresión recibida. 

“Desde mi traslado me di cuenta que ese lugar carece de medicinas y la infraestructura no es la adecuada hay un sistema represivo, no se da la atención médica adecuada. Es un lugar que no responde ni las condiciones mínimas a como le han hecho creer a la sociedad”, dijo molesto con un tono firme.

 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

Judicial

Mujer acusada de quebrar a pedradas los vidrios de vehículos seguirá en prisión

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El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.

De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.

Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.

El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.

Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.

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Judicial

Prisión para marero que extorsionaba a un comerciante en San Salvador

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.

Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.

El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.

Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.

La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.

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Joven enfrentará proceso judicial tras agredir a su amigo por besar a su expareja en Izalco

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Un joven enfrentará un proceso judicial por el delito de lesiones luego de agredir a un amigo tras molestarse porque este besó a su expareja sentimental.

El hecho ocurrió en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la agresión se produjo después de que uno de los jóvenes besara a la exnovia de su amigo, situación que provocó la reacción violenta del otro involucrado.

Como resultado del incidente, la víctima de la agresión fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Además, se informó que ambos jóvenes ya no mantienen una relación de amistad.

Las autoridades indicaron que el detenido será procesado judicialmente por el delito de lesiones.

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