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Régimen de excepción ha facilitado la captura de 11,000 pandilleros
Foto: PNC
En los primeros 18 días de implementado el régimen de excepción, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han detenido a 11,037 pandilleros acusados de diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población salvadoreña. El martes 12 de abril detuvieron a 433 terroristas en diferentes lugares del país.
Los arrestos se han ejecutado como parte del trabajo articulado de las instituciones del Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, con las herramientas que la medida ha brindado para promover la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños.
De acuerdo con las autoridades del ramo, el fortalecimiento de las acciones implementadas por la PNC y la FAES ha generado una baja en el índice de criminalidad en el país. Entre el 27 de marzo y el 12 de abril se reporta una reducción en el índice de criminalidad. La Policía informó que ha tenido una baja en la cifra de delitos de alto impacto, principalmente en los homicidios, y en lo que va de abril el país totaliza seis días sin muertes violentas.
«Cero homicidios y un pandillero muerto. Seguimos… #GuerraContraPandillas», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, en Twitter. La Policía informó que solo se registró la muerte de un pandillero en el municipio de Soyapango. Los operativos policiales y militares han llevado a la reducción de asesinatos diarios en el país, prueba de ello es que durante los últimos 19 días se reporta un promedio de 1.5 homicidios por día en todo el territorio nacional.
2,700 mareros seguirán en prisión
En el ámbito jurídico, los jueces especializados de Instrucción han resuelto que 2,700 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción continúen en los penales a donde fueron trasladados tras ser capturados por ser mareros o por colaborar con ellos y cometer diversos delitos.
En sus resoluciones, los jueces han accedido en un 100 % a la pretensión de la Fiscalía General, que al momento de presentar las acusaciones solicitó que los mareros siguieran en prisión; solo dos personas fueron puestas en libertad a petición del ministerio público, ya que se verificó que no pertenecían a pandillas.
Entre las últimas acciones que la Fiscalía ha efectuado está la acusación en contra de 132 mareros en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Miguel.
«Esta solicitud de imposición de medidas corresponde al segundo grupo de personas detenidas dentro del régimen de excepción que establece el decreto 333», explicó uno de los fiscales, quien acudió ayer a presentar el escrito de inicio del proceso penal.
Los mareros son acusados del delito de agrupaciones ilícitas reformado por la Asamblea Legislativa y que sanciona con prisión de 20 y 30 años, así como 40 y 45 años para los cabecillas; además, les atribuyen tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia y posesión de droga.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
