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Régimen de excepción ha facilitado la captura de 11,000 pandilleros
Foto: PNC
En los primeros 18 días de implementado el régimen de excepción, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han detenido a 11,037 pandilleros acusados de diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población salvadoreña. El martes 12 de abril detuvieron a 433 terroristas en diferentes lugares del país.
Los arrestos se han ejecutado como parte del trabajo articulado de las instituciones del Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, con las herramientas que la medida ha brindado para promover la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños.
De acuerdo con las autoridades del ramo, el fortalecimiento de las acciones implementadas por la PNC y la FAES ha generado una baja en el índice de criminalidad en el país. Entre el 27 de marzo y el 12 de abril se reporta una reducción en el índice de criminalidad. La Policía informó que ha tenido una baja en la cifra de delitos de alto impacto, principalmente en los homicidios, y en lo que va de abril el país totaliza seis días sin muertes violentas.
«Cero homicidios y un pandillero muerto. Seguimos… #GuerraContraPandillas», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, en Twitter. La Policía informó que solo se registró la muerte de un pandillero en el municipio de Soyapango. Los operativos policiales y militares han llevado a la reducción de asesinatos diarios en el país, prueba de ello es que durante los últimos 19 días se reporta un promedio de 1.5 homicidios por día en todo el territorio nacional.
2,700 mareros seguirán en prisión
En el ámbito jurídico, los jueces especializados de Instrucción han resuelto que 2,700 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción continúen en los penales a donde fueron trasladados tras ser capturados por ser mareros o por colaborar con ellos y cometer diversos delitos.
En sus resoluciones, los jueces han accedido en un 100 % a la pretensión de la Fiscalía General, que al momento de presentar las acusaciones solicitó que los mareros siguieran en prisión; solo dos personas fueron puestas en libertad a petición del ministerio público, ya que se verificó que no pertenecían a pandillas.
Entre las últimas acciones que la Fiscalía ha efectuado está la acusación en contra de 132 mareros en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Miguel.
«Esta solicitud de imposición de medidas corresponde al segundo grupo de personas detenidas dentro del régimen de excepción que establece el decreto 333», explicó uno de los fiscales, quien acudió ayer a presentar el escrito de inicio del proceso penal.
Los mareros son acusados del delito de agrupaciones ilícitas reformado por la Asamblea Legislativa y que sanciona con prisión de 20 y 30 años, así como 40 y 45 años para los cabecillas; además, les atribuyen tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia y posesión de droga.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
