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Presidente Nayib Bukele cuestiona al gobierno de EEUU por las sanciones contra dos funcionarios y revela las peticiones de Jean Manes
La embajada de los Estados Unidos intentó presionar al Estado salvadoreño en temas sensibles de país, a través de Jean Manes, quien fungía como encargada de negocios, que van desde la liberación de políticos detenidos por negociar con pandillas, la no realización de juicios contra exfuncionarios públicos y la no reelección del fiscal general de la república, entre otros.
De acuerdo a lo informado hoy por el presidente de la república Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, en la última reunión que sostuvo con Manes el pasado 16 de septiembre, la diplomática estadounidense le pidió la liberación del exalcalde por ARENA de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y la no reelección del Fiscal General Rodolfo Delgado.
Manes también le pidió a Bukele que no se procediera en contra del expresidente de la república Alfredo Cristiani, también del partido ARENA, ni contra el exfiscal general Douglas Meléndez.
Además, solicitó detener los arrestos de exfuncionarios areneros y efemelenistas implicados en el caso de los sobresueldos.
Muyshondt guarda prisión actualmente acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral derivados de negociaciones con pandillas en el marco de la elección presidencial de 2014, caso que también salpica al entonces candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano
Delgado, por su parte, fue elegido por la Asamblea Legislativa como Fiscal General de la República el pasado 1 de mayo en sustitución de Raúl Melara quien previo a su nombramiento mantuvo constantes acercamientos con el partido ARENA del cual también fue su financista. Melara también fue asesor jurídico de la campaña presidencial del candidato de ARENA Carlos Calleja, en el marco de la pasada elección presidencial.
Cristiani, quien ganó la presidencia con la bandera tricolor, es señalado de haber recibido $5.5 millones de fondos de la partida secreta de Casa Presidencial casi al final de su mandato. También podría enfrentar la justicia en el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, cometida el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la ofensiva guerrillera.
Meléndez, por su parte, ha sido denunciado ante el Ministerio Público por omisión de investigación, fraude procesal y falso testimonio. El exfiscal fue señalado de manipular las investigaciones en el caso de corrupción que condenó al expresidente Antonio Saca.
Según Bukele, otra de las solicitudes de Manes fue que no se aprobara la ley de agentes extranjeros, con la que se busca transparentar los fondos que reciben organizaciones no gubernamentales en El Salvador, muchas de las cuales desarrollan actividades con fines políticos, financiadas por entidades externas.
Tras la salida de Manes, el presidente Bukele recibió una solicitud de Brendan O´Brien, el nuevo encargado de negocios de EE.UU. en nuestro país, a quien le manifestó que El Salvador sigue interesado en reparar la relación, ofreciéndole toda la cooperación posible, “pero le recordé que nuestra independencia no está a la venta”.
Dicho encuentro se realizó ayer en Casa Presidencial.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
