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Presidente Bukele da a conocer la experiencia de las estrategias de seguridad en su visita de Estado en Costa Rica
El Presidente de la República, Nayib Bukele, continúa su visita de Estado en Costa Rica; en su segunda jornada visitó el Centro Penitenciario La Reforma, donde dio a conocer la experiencia de El Salvador en materia de seguridad y la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El mandatario salvadoreño presentó, en conferencia de prensa, su valoración en cuanto a la visita del centro penitenciario costarricense; además, dio a conocer la experiencia salvadoreña con la aplicación del Plan Control Territorial, el régimen de excepción y el control de las cárceles de todo el país, estrategias que se aplicaron desde el año 2019.
“Si en algo podemos ayudar, es que el sistema penitenciario debe reformarse, el sistema penal debe ser controlado completamente por el gobierno. El sistema penal decide si es inocente o culpable, eso así es en todos lados, pero ya una vez declarado culpable y en cumplimiento de esa pena, debe ser el gobierno quien la administra”, comentó Bukele.
Asimismo, explicó que el control de las cárceles es vital, ya que, en El Salvador, incluso antes que iniciara la guerra contra pandillas en el 2022, ya en el 2019 se tenía el control en los centros penales del país.
“Las cárceles no pueden ser los cuarteles generales del crimen, tienen que ser los lugares que se resguardan a esos elementos de la sociedad que se deben sacar (…), las cárceles deben ser construidas pensando en todo esto, que nadie se va a escapar, cómo se va a controlar, cómo van a entrar y salir, cuáles son los anillos de seguridad, debe de tener una forma amplia de contratación para hacer las cosas bien y que salga en un presupuesto pequeño”, añadió el jefe de Estado.
En su intervención, el Presidente Bukele dio a conocer la experiencia realizada con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que es considerada la más grande de Latinoamérica y es exclusiva para miembros directos de las estructuras criminales: pandilleros, palabreros, corredores de clicas, corredores de programas y sillas.
Entre las primeras impresiones, el Presidente Bukele enfatizó en la importancia de hacer menos permisivo el sistema penitenciario y deben de trabajar más pensando en los derechos de quienes están afuera y el derecho de un país de tener seguridad. Luego de esta visita de Estado, el Gobierno salvadoreño entregará un informe con observaciones, que dispondrá del gobierno costarricense, como parte de una estrategia de intercambios bilaterales.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
