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Plan Control Territorial permitió salvar la vida de 1,046 salvadoreños en 2020
Los resultados del Plan Control Territorial (PCT) se reflejan en la reducción del 46 % de homicidios desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre de 2020, lo que ha permitido salvar la vida de 1,046 salvadoreños.
Las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que, al mismo período de 2019, hubo 2,258 muertes violentas, mientras que en este año se reportaron 1,212, un resultado que mantiene la tendencia a la baja en homicidios desde que el PCT comenzó a implementarse.
Esto deja como resultado que la cifra de asesinatos por cada 100,000 habitantes sea de 21 en este año, mientras que en 2019 alcanzó los 36. El pico más alto de muertes por esa cantidad de habitantes fue en 2015, con 103.
El PCT también ha dejado cifras bajas en otros delitos como las desapariciones, con una reducción del 37 %, además de las extorsiones, con una baja del 37.6 %. En cuanto a hurtos (robo sin violencia) la disminución es del 28.3 %.
En el caso de los robos, la baja es del 19 %; en los secuestros, del 23.1 %; en las lesiones, del 22.9 %, y en las violaciones, del 23.7 %. El porcentaje de reducción en los delitos en general es del 28 %.
Este plan de seguridad ha sido impulsado por la PNC y la Fuerza Armada, en un esfuerzo articulado bajo el liderazgo del director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas, logrando reducciones históricas en todos los delitos.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
