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Plan Control Territorial logra más de 20,000 capturas en lo que va del 2020
La operatividad de la Policía Nacional Civil como parte del Plan Control Territorial implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele se refleja en el consolidado de detenciones logradas en lo que va de 2020.
De acuerdo con las cifras policiales, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2020 hubo un total de 20,778 arrestos por diferentes delitos.
La mayoría de esas capturas fueron hechas en flagrancia, es decir durante las 24 horas después de sucedido el ilícito, esto como resultado de la eficiente labor que desarrollan los agentes policiales.
La cantidad de detenidos en flagrancia es de 15,308. Seguido de las capturas administrativas que suman 3,015, y judiciales 1,846.
A esa cifra se suman los 609 adolescentes detenidos por la Policía durante el mismo tiempo de flagrancia.
Las capturas con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República, como resultado de una indagación preliminar, son 3,015. A esa cifra se agregan las 1,846 órdenes judiciales giradas por tribunales del país.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad han reiterado que la baja en los índices de criminalidad se relaciona directamente con el trabajo de la Policía, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Dirección General de Centros Penales en torno al Plan Control Territorial.
La delegación policial que registra el mayor número de capturas en flagrancia es Santa Ana, con 1,717 arrestos; seguido de San Salvador Centro, 1,298; Soyapango, 1,207; y Usulután, 1,119.
Con el Plan Control Territorial el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha reportado en lo que va del año una reducción en la cifra de homicidios, extorsiones, asesinatos de mujeres y personas reportadas como desaparecidas.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
