Judicial
Pandillero confesó la tenencia de $48 en droga para recibir 2 años de condena, sin embargo, aún debe responder un proceso por supuestamente sacarle el ojo a un policía
Cubierto de tatuajes, esposado y con el semblante serio, un pandillero confesó que portaba $48 en marihuana para recibir la pena mínima establecida por este delito y poder enfrentar el proceso por supuestamente haberle sacado el ojo a un agente policial durante un procedimiento que su defensa señala como un fraude procesal.
El aspecto de Josué Daniel Zepeda, de 23 años, no lo dejaba pasar por desapercibido ante los agentes que cada vez que lo veían lo requisaban, ya que estaban seguros que no andaba en nada bueno.
Según el abogado del imputado, los agentes quieren valerse de su apariencia para ocultar un error cometido por uno de sus captores quien disparó en contra de uno de sus compañeros mientras revisaban al delincuente.
Según el expediente judicial, 28 de julio de 2018, Zepeda salió de la casa de su novia, una colaboradora de pandilla, y fue interceptado por una patrulla con un grupo de policías a los que quiso evadir debido a que portaba drogas.
El delincuente fue alcanzado por los agentes quienes comenzaron a revisarlo, pero en un descuido este aprovechó para escapar desatándose un forcejeó en el que logró despojar de su arma a uno de los policías.
En cuestión de segundos, el imputado disparó directamente en el ojo del agente quien horas más tarde se confirmó que había perdido el ojo dañado por «El Sapo» que terminó siendo capturado tres días después, según reportes policiales.
La otra versión del caso
El encargado de la defensa del delincuente explicó a El Salvador Times las acusaciones planteadas se deben a que los agentes no reconocen que el daño hecho a uno de sus compañeros fue por alguien de la institución.
El delincuente le manifestó a la jueza que el día de su captura se encontraba de visita en la casa de su novia, ya que reside en San Pedro Masahuat, y que decidió irse cuando “vi que se puso bien feo, se puso peligroso y me dieron ganas de salir».
José no niega su reacción al ver a la autoridad, “como todo pandillero se alerta, no disimula cuando ya tiene a la autoridad enfrente. Me quitaron la mochila que llevaba y me encontraron marihuana”, reveló con voz pausada.
En el relato del imputado señaló que previo a su detención se había producido un enfrentamiento entre delincuentes y agentes, algo que había desatado el enojo de los policías quienes, según él, arremetieron en su contra sin justificación.
El cambio en la versión de los hechos se distancia cuando se habla del momento del forcejeo, ya que el pandillero sostiene que intentó darse a la fuga y avanzó un aproximado de 10 metros, pero al escuchar las advertencias de sus captores decidió darse por vencido y fue detenido con nueve cartuchos de un arma de fuego.
Las investigaciones determinaron que las porciones de marihuana tenían un valor comercial de $48. A las pocas horas de haber estado encerrado se realizaron varias pruebas relativas a las drogas donde mostraron que este había consumido yerba minutos antes de ser detenido.
Ahora José deberá enfrentar 2 años de prisión en el centro penitenciario de Izalco y esperar que se fije fecha para regresar a los tribunales para enfrentar el proceso por supuestamente herir al agente en el juzgado 14 de Instrucción de Apopa.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
