Judicial
Pandillero confesó la tenencia de $48 en droga para recibir 2 años de condena, sin embargo, aún debe responder un proceso por supuestamente sacarle el ojo a un policía
Cubierto de tatuajes, esposado y con el semblante serio, un pandillero confesó que portaba $48 en marihuana para recibir la pena mínima establecida por este delito y poder enfrentar el proceso por supuestamente haberle sacado el ojo a un agente policial durante un procedimiento que su defensa señala como un fraude procesal.
El aspecto de Josué Daniel Zepeda, de 23 años, no lo dejaba pasar por desapercibido ante los agentes que cada vez que lo veían lo requisaban, ya que estaban seguros que no andaba en nada bueno.
Según el abogado del imputado, los agentes quieren valerse de su apariencia para ocultar un error cometido por uno de sus captores quien disparó en contra de uno de sus compañeros mientras revisaban al delincuente.
Según el expediente judicial, 28 de julio de 2018, Zepeda salió de la casa de su novia, una colaboradora de pandilla, y fue interceptado por una patrulla con un grupo de policías a los que quiso evadir debido a que portaba drogas.
El delincuente fue alcanzado por los agentes quienes comenzaron a revisarlo, pero en un descuido este aprovechó para escapar desatándose un forcejeó en el que logró despojar de su arma a uno de los policías.
En cuestión de segundos, el imputado disparó directamente en el ojo del agente quien horas más tarde se confirmó que había perdido el ojo dañado por «El Sapo» que terminó siendo capturado tres días después, según reportes policiales.
La otra versión del caso
El encargado de la defensa del delincuente explicó a El Salvador Times las acusaciones planteadas se deben a que los agentes no reconocen que el daño hecho a uno de sus compañeros fue por alguien de la institución.
El delincuente le manifestó a la jueza que el día de su captura se encontraba de visita en la casa de su novia, ya que reside en San Pedro Masahuat, y que decidió irse cuando “vi que se puso bien feo, se puso peligroso y me dieron ganas de salir».
José no niega su reacción al ver a la autoridad, “como todo pandillero se alerta, no disimula cuando ya tiene a la autoridad enfrente. Me quitaron la mochila que llevaba y me encontraron marihuana”, reveló con voz pausada.
En el relato del imputado señaló que previo a su detención se había producido un enfrentamiento entre delincuentes y agentes, algo que había desatado el enojo de los policías quienes, según él, arremetieron en su contra sin justificación.
El cambio en la versión de los hechos se distancia cuando se habla del momento del forcejeo, ya que el pandillero sostiene que intentó darse a la fuga y avanzó un aproximado de 10 metros, pero al escuchar las advertencias de sus captores decidió darse por vencido y fue detenido con nueve cartuchos de un arma de fuego.
Las investigaciones determinaron que las porciones de marihuana tenían un valor comercial de $48. A las pocas horas de haber estado encerrado se realizaron varias pruebas relativas a las drogas donde mostraron que este había consumido yerba minutos antes de ser detenido.
Ahora José deberá enfrentar 2 años de prisión en el centro penitenciario de Izalco y esperar que se fije fecha para regresar a los tribunales para enfrentar el proceso por supuestamente herir al agente en el juzgado 14 de Instrucción de Apopa.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
