Nacionales
Migueleños realizan este sábado pruebas para detectar contagios de COVID-19

Un tamizaje masivo se realiza esta mañana en dos lugares de alto tránsito de personas en la ciudad de San Miguel, donde se tomaron 500 pruebas para detectar casos de COVID-19.
Las cabinas del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológico (EICE) se instalaron en el parque Eufrasio Guzmán, en donde se realizaron 250 pruebas y el resto se tomaron en el centro comercial Metrocentro.

A la toma de pruebas asistieron jóvenes, adultos mayores, personas que trabajan como obreros, profesionales y quienes se dedican al sector informal.

Además se ha tenido una alta asistencia de personas que afirman que ya se han vacunado contra el virus, pero quieren evaluarse para descartar algún tipo de contagio de las nuevas cepas del virus que están circulando en el país.

Nacionales
Lluvias de junio ya superan el promedio mensual, advierte el ministro de Medio Ambiente
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.