Judicial
MÁS ACUSACIONES: Periodista y abogado Luis Vásquez Becker denuncia en la FGR al exfiscal Gral. Douglas Meléndez por los delitos de privación de libertad, fraude procesal, entre otros
Luis Vásquez Becker, periodista y abogado con décadas de ejercicio en ambas profesiones, decidió demandar al exfiscal Douglas Meléndez, por lo perverso y maquiavélico de su actuación, que llevó a involucrarlo en el denominado Caso Corruptela, en el cual funcionarios públicos e investigaciones periodísticas han señalado la presunta fabricación y manipulación de pruebas a los que fueron obligados a aceptar varios testigos criteriados.
Douglas Meléndez en una clara intención de buscar su reelección como Fiscal General, obligó a cuatro fiscales auxiliares y a dos administrativos de la propia Fiscalía General de la República (FGR) a que “de manera ilegal, con premeditación y alevosía, mintieran y dieran falsos testimonios, fabricando pruebas que nunca existieron, mas sólo en su mente desviada y perversa, con el único propósito de crear pruebas, y si no accedían a su capricho, los procesarían de complicidad”, denunció el abogado y periodista Eduardo Vásquez Becker.
En un caso sin precedente unió a 30 personas sin ninguna relación entre sí, en un solo requerimiento con referencia 28- UIF- 2016, el cual “no tiene ni pies ni cabeza” bajo el nombre de “Caso Corruptela”, agregó el abogado y periodista.
Esto ha quedado al descubierto, puesto que a los arriba mencionados Fiscales se les otorgó el criterio de oportunidad ante el Juzgado 7° de Paz de San Salvador, prosiguió Eduardo Vásquez Becker en su denuncia.
Al igual que se ha hecho público que a todas las personas de interés, sin ninguna autorización Judicial utilizaban las escuchas telefónicas para tenerlos amedrentados a quienes necesitaba de sus servicios o de sus votos, “afortunadamente no se dió su reelección; y ahora ya fuera de toda posibilidad de generar órdenes de capturas ilegales, con total hidalguía y mucha valentía los fiscales en su totalidad solicitaron oficialmente que se les retirara el beneficio del criterio de oportunidad y de igual forma los valientes fiscales presentaron la denuncia ante la PDDH”, resaltó Eduardo Vásquez Becker.
“Lamentablemente, a la fecha, la procuradora Raquel Caballero de Guevara no se ha pronunciado al respecto y ha guardado total silencio, es entendible dicho silencio puesto que en una reciente publicación se conoció que Douglas Meléndez también tenía escuchas telefónicas ilegales de su esposo el licenciado Marco Antonio Guevara Arevalo, quien es asesor de la Asamblea Legislativa”, acotó el periodista y abogado.
“Una situación tan grave y vergonzosa no puede quedar en la impunidad, y debería de tratarse abiertamente en todas las esferas Judiciales y en los tres Órganos del Estado, situación como ésta, jamás debe de repetirse”, sentenció el abogado y periodista Eduardo Vásquez Becker.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
