Judicial
Youtuber Roberto Silva continuará detenido por desacato, según resolución de juzgador
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador resolvió que José Roberto Silva Rugamas, pase a instrucción por el delito de desacato (ofender honor y decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) y que continúe con detención provisional porque tiene tres delitos graves en otro proceso. El delito es en perjuicio de Jorge Schafik Handal Vega, en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa.
El juez consideró que en este caso se descarta la violencia física del imputado a la víctima, lo que si se establece es una violencia verbal, expresiones cargadas de contenido ofensivo, denigrantes dirigidas a la víctima, un acto difamatorio al relacionarlo que da la orden para que mate, señaló el juzgador.
El juez modificó el delito de violencia contra funcionarios, autoridad pública, agente de autoridad, agentes fiscales y fuerza armada tipificado en el Art. 152-B al el delito de desacato, señaló que el delito por el cual acusaba la Fiscalía aplicaba a las maras o pandillas en relación a los ataques que reciben policías, soldados que ocasionan la muerte inclusive.
“Y este caso la violencia fue de otro tipo contra la víctima por su calidad de diputado es una violencia política electoral”, señaló el juzgador.
El requerimiento fiscal fue presentado el pasado domingo y según los datos el hecho ocurrió el 5 de marzo de 2020 a las 8:30 horas en el portón sur del palacio legislativo, presuntamente el imputado al percatarse de la presencia de la víctima lo comenzó a insultar en la vía pública y mientras lo hacía grababa los hechos con su celular apoyado de un micrófono. “Este es un hijo de p… es uno de los mayores terroristas…”, presuntamente le gritaba el imputado a la víctima.
De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un amedrentamiento y hostigamiento en repetidas ocasiones contra la víctima, que denota que fue una acción planificada del imputado, pues dio inicio a su transmisión en vivo en sus redes sociales tan pronto observó al diputado .
“Estaba consciente de lo que iba a realizar, lo planificó desde un día antes, a las 7 de la noche en su red social de Facebook escribió “Pendientes no te pierdas el día de mañana (día de los hechos) Facebook Live especial a las 7:30 am y el mismo día de los hechos publicó “pendientes en unos minutos desde el portón de la Asamblea Legislativa” describe el documento fiscal. La denuncia del ofendido fue interpuesta el 6 de marzo del año pasado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
