Judicial
Youtuber Roberto Silva continuará detenido por desacato, según resolución de juzgador
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador resolvió que José Roberto Silva Rugamas, pase a instrucción por el delito de desacato (ofender honor y decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) y que continúe con detención provisional porque tiene tres delitos graves en otro proceso. El delito es en perjuicio de Jorge Schafik Handal Vega, en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa.
El juez consideró que en este caso se descarta la violencia física del imputado a la víctima, lo que si se establece es una violencia verbal, expresiones cargadas de contenido ofensivo, denigrantes dirigidas a la víctima, un acto difamatorio al relacionarlo que da la orden para que mate, señaló el juzgador.
El juez modificó el delito de violencia contra funcionarios, autoridad pública, agente de autoridad, agentes fiscales y fuerza armada tipificado en el Art. 152-B al el delito de desacato, señaló que el delito por el cual acusaba la Fiscalía aplicaba a las maras o pandillas en relación a los ataques que reciben policías, soldados que ocasionan la muerte inclusive.
“Y este caso la violencia fue de otro tipo contra la víctima por su calidad de diputado es una violencia política electoral”, señaló el juzgador.
El requerimiento fiscal fue presentado el pasado domingo y según los datos el hecho ocurrió el 5 de marzo de 2020 a las 8:30 horas en el portón sur del palacio legislativo, presuntamente el imputado al percatarse de la presencia de la víctima lo comenzó a insultar en la vía pública y mientras lo hacía grababa los hechos con su celular apoyado de un micrófono. “Este es un hijo de p… es uno de los mayores terroristas…”, presuntamente le gritaba el imputado a la víctima.
De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un amedrentamiento y hostigamiento en repetidas ocasiones contra la víctima, que denota que fue una acción planificada del imputado, pues dio inicio a su transmisión en vivo en sus redes sociales tan pronto observó al diputado .
“Estaba consciente de lo que iba a realizar, lo planificó desde un día antes, a las 7 de la noche en su red social de Facebook escribió “Pendientes no te pierdas el día de mañana (día de los hechos) Facebook Live especial a las 7:30 am y el mismo día de los hechos publicó “pendientes en unos minutos desde el portón de la Asamblea Legislativa” describe el documento fiscal. La denuncia del ofendido fue interpuesta el 6 de marzo del año pasado.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
