Judicial
Youtuber Roberto Silva continuará detenido por desacato, según resolución de juzgador
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador resolvió que José Roberto Silva Rugamas, pase a instrucción por el delito de desacato (ofender honor y decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) y que continúe con detención provisional porque tiene tres delitos graves en otro proceso. El delito es en perjuicio de Jorge Schafik Handal Vega, en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa.
El juez consideró que en este caso se descarta la violencia física del imputado a la víctima, lo que si se establece es una violencia verbal, expresiones cargadas de contenido ofensivo, denigrantes dirigidas a la víctima, un acto difamatorio al relacionarlo que da la orden para que mate, señaló el juzgador.
El juez modificó el delito de violencia contra funcionarios, autoridad pública, agente de autoridad, agentes fiscales y fuerza armada tipificado en el Art. 152-B al el delito de desacato, señaló que el delito por el cual acusaba la Fiscalía aplicaba a las maras o pandillas en relación a los ataques que reciben policías, soldados que ocasionan la muerte inclusive.
“Y este caso la violencia fue de otro tipo contra la víctima por su calidad de diputado es una violencia política electoral”, señaló el juzgador.
El requerimiento fiscal fue presentado el pasado domingo y según los datos el hecho ocurrió el 5 de marzo de 2020 a las 8:30 horas en el portón sur del palacio legislativo, presuntamente el imputado al percatarse de la presencia de la víctima lo comenzó a insultar en la vía pública y mientras lo hacía grababa los hechos con su celular apoyado de un micrófono. “Este es un hijo de p… es uno de los mayores terroristas…”, presuntamente le gritaba el imputado a la víctima.
De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un amedrentamiento y hostigamiento en repetidas ocasiones contra la víctima, que denota que fue una acción planificada del imputado, pues dio inicio a su transmisión en vivo en sus redes sociales tan pronto observó al diputado .
“Estaba consciente de lo que iba a realizar, lo planificó desde un día antes, a las 7 de la noche en su red social de Facebook escribió “Pendientes no te pierdas el día de mañana (día de los hechos) Facebook Live especial a las 7:30 am y el mismo día de los hechos publicó “pendientes en unos minutos desde el portón de la Asamblea Legislativa” describe el documento fiscal. La denuncia del ofendido fue interpuesta el 6 de marzo del año pasado.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
