Judicial
VIDEO | FGR acusa a cinco responsables por tragedia en estadio Cuscatlán
El ministerio público acusó este miércoles ante un juzgado a las cinco personas que están implicadas en la tragedia ocurrida el pasado 20 de mayo en el estadio Cuscatlán cuando se realizaba un encuentro deportivo entre el Alianza y el FAS por el pase a semifinales.
«Las investigaciones han determinado que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los involucrados. Quienes estaban obligados a garantizar el desarrollo adecuado de una actividad de esta magnitud», detalló la Fiscalía General de la República.
El pasado 24 de mayo, las autoridades capturaron a Pedro Hernández, presidente de Alianza FC; Edwin Abarca Ventura, gerente de Seguridad de Alianza FC; Zoila Córdova, gerente financiera de Alianza FC; Reynaldo Avelar Contreras, gerente general de EDESSA; y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio. A todos los detenidos las autoridades los señalan como responsables de la estampida que dejó 9 personas fallecidas y más de 50 lesionados.
De igual forma, el ministerio público allanó recientemente los locales del equipo Alianza, EDESSA y la encargada de la boletería, Maya Tik, con el fin de encontrar documentación que permita esclarecer los hechos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha reiterado que la Fiscalía es la única institución que investigará los hechos para determinar las responsabilidades. «El trabajo avanza. Nuestra misión es hacer justicia en nombre de las víctimas», ha dicho el funcionario.
El día del juego hubo sobreventa de boletos, más de 4,000 personas se quedaron sin ingresar en el sector popular y eso terminó en tragedia cuando un grupo decidió derribar uno de los portones de acceso.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
