Judicial
Tres policías son condenados a 20 años de prisión por homicidio agravado
Tres policías fueron condenados a 20 años de prisión por por el delito de homicidio agravado en Nelson Arquímedes Díaz, miembro de comunidad LGBTI, conocido como Camila.
Los agentes fueron identificados como Carlos Valentín Rosales, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar, todos destacados en el sistema de emergencias 911, San Salvador.
El cuerpo de “Camila” fue encontrado en kilómetro 5 y medio de la carretera de Oro, el 28 de enero de 2019. Pero falleció, a causa de las lesiones, el 31 de enero de ese mismo año en el hospital Rosales.
Las investigaciones afirmaron que la víctima fue denunciada por realizar desórdenes públicos en las inmediaciones de la 23 Avenida Norte de San Salvador. Al llegar los agentes imputados, le preguntan a la víctima de los desórdenes si se sentía ofendida, a lo cual respondió que no. Por lo que los policías acordaron llevar a Camila a su casa.
Sin embargo, en el juicio los fiscales del caso demostraron que a Camila la llevaban sometida en la cama de la patrulla policial, con esposas y boca abajo.
La autopista ampliada, solicitada por la Fiscalía también establece que la víctima fue lanzada desde un vehículo y descarta totalmente la muerte por atropellamiento. Ya que las lesiones que le causan la muerte son contusas y múltiples golpes en el abdomen.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador valoró favorablemente toda la investigación realizada por la Fiscalía y decidió condenarles a 20 años de prisión a cada involucrado.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
