Judicial
Testigo protegido por la FGR: “Los pandilleros me extorsionaban cuando descubrieron que yo era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad”
Un testigo bajo el régimen de protección de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que los pandilleros lo empezaron a extorsionar luego de descubrir que él era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad en el municipio de Rosario de Mora.
El relato de Juancito, nombre dado por protección, fue clave para que el juzgado Segundo de Sentencia condenara a cuatro años de prisión a Jerónima del Carmen, Jesús Alberto Méndez y Óscar Antonio Pérez Trejo, quienes habrían desaparecido a Manuel Antonio Vásquez Ramos.
Juancito convenció al juez a cargo del proceso, a quien le relató que el 29 de enero de 2017 dos sujetos miembros de la MS interceptaron a la víctima en la zona conocida como La Ladrillera, en la carretera que conduce al municipio de Rosario de Mora.
El testigo esperaba un bus de la ruta 17 y dice haber visto como Méndez y Pérez agarraron de los brazos a Vásquez, al mismo tiempo que lo golpeaban con un palo. Todo esto ante la vigilancia de Jerónima, quien estaba pendiente de que no hubiera presencia policial.
Esa fue la última vez que Manuel fue visto con vida, algo que llevó a su familia a interponer una denuncia policial, la cual fue secundada por la denuncia del testigo, quien se atrevió a relatar los hechos ante los agentes.
Según el padre del desaparecido, su hijo recibió una llamada por teléfono y salió con dirección a la entrada del referido municipio de La Paz, en el cual residía.
Dos meses después los imputados fueron capturados, gracias a las declaraciones de Juancito, quien reconoció a los tres implicados en el hecho, algo que dice le ha valido para que los pandilleros le exijan una extorsión.
Dentro de los alegatos, el fiscal a cargo del caso señaló que “la renta que le exigen los pandilleros al testigo con régimen de protección demuestra que todo lo que dice él es verídico”.
El ministerio público no reveló mayores detalles de la situación que vive el testigo, debido a que dicen tener una investigación abierta por esta situación.
La defensa alegó que el testigo estaba mintiendo, ya que durante todas las diferentes etapas del proceso dijo que conocía a los imputados y a las víctimas desde hace siete meses y al momento de su declaración dijo que tenía hasta cuatro años de conocerlos.
El juez Alejandro Guevara, manifestó que el comportamiento del testigo le daba la seguridad que todo lo declarado en contra de los imputados era verídico y por ello estableció una pena de cuatro años de prisión para los tres.
Según lo explicado en su sentencia oral, Guevara impuso esta cantidad de años –la cual pudo haber sido de seis como máximo- debido a que la privación de libertad fue realizada a plena luz del día.
El juez alabó la valentía del testigo recordando que “en un país donde nadie nunca sabe ni vio nada, este testigo se atrevió a denunciar los hechos que se han conocido en esta sala”, remarcó Guevara.
Según lo revelado en el juicio, la familia de Vásquez Ramos sigue sin tener noticias sobre su familiar, a quien se presume compinches de los sentenciados le habrían dado muerte luego de interceptarlo en una zona conocida como La Ladrillera.
Lo anterior deja abierta la posibilidad a que los imputados puedan ver aumentada su pena, ya que de confirmarse la muerte de Vásquez, los podrían señalar por el delito de homicidio en calidad de cómplices.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
