Judicial
Testigo protegido por la FGR: “Los pandilleros me extorsionaban cuando descubrieron que yo era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad”
Un testigo bajo el régimen de protección de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que los pandilleros lo empezaron a extorsionar luego de descubrir que él era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad en el municipio de Rosario de Mora.
El relato de Juancito, nombre dado por protección, fue clave para que el juzgado Segundo de Sentencia condenara a cuatro años de prisión a Jerónima del Carmen, Jesús Alberto Méndez y Óscar Antonio Pérez Trejo, quienes habrían desaparecido a Manuel Antonio Vásquez Ramos.
Juancito convenció al juez a cargo del proceso, a quien le relató que el 29 de enero de 2017 dos sujetos miembros de la MS interceptaron a la víctima en la zona conocida como La Ladrillera, en la carretera que conduce al municipio de Rosario de Mora.
El testigo esperaba un bus de la ruta 17 y dice haber visto como Méndez y Pérez agarraron de los brazos a Vásquez, al mismo tiempo que lo golpeaban con un palo. Todo esto ante la vigilancia de Jerónima, quien estaba pendiente de que no hubiera presencia policial.
Esa fue la última vez que Manuel fue visto con vida, algo que llevó a su familia a interponer una denuncia policial, la cual fue secundada por la denuncia del testigo, quien se atrevió a relatar los hechos ante los agentes.
Según el padre del desaparecido, su hijo recibió una llamada por teléfono y salió con dirección a la entrada del referido municipio de La Paz, en el cual residía.
Dos meses después los imputados fueron capturados, gracias a las declaraciones de Juancito, quien reconoció a los tres implicados en el hecho, algo que dice le ha valido para que los pandilleros le exijan una extorsión.
Dentro de los alegatos, el fiscal a cargo del caso señaló que “la renta que le exigen los pandilleros al testigo con régimen de protección demuestra que todo lo que dice él es verídico”.
El ministerio público no reveló mayores detalles de la situación que vive el testigo, debido a que dicen tener una investigación abierta por esta situación.
La defensa alegó que el testigo estaba mintiendo, ya que durante todas las diferentes etapas del proceso dijo que conocía a los imputados y a las víctimas desde hace siete meses y al momento de su declaración dijo que tenía hasta cuatro años de conocerlos.
El juez Alejandro Guevara, manifestó que el comportamiento del testigo le daba la seguridad que todo lo declarado en contra de los imputados era verídico y por ello estableció una pena de cuatro años de prisión para los tres.
Según lo explicado en su sentencia oral, Guevara impuso esta cantidad de años –la cual pudo haber sido de seis como máximo- debido a que la privación de libertad fue realizada a plena luz del día.
El juez alabó la valentía del testigo recordando que “en un país donde nadie nunca sabe ni vio nada, este testigo se atrevió a denunciar los hechos que se han conocido en esta sala”, remarcó Guevara.
Según lo revelado en el juicio, la familia de Vásquez Ramos sigue sin tener noticias sobre su familiar, a quien se presume compinches de los sentenciados le habrían dado muerte luego de interceptarlo en una zona conocida como La Ladrillera.
Lo anterior deja abierta la posibilidad a que los imputados puedan ver aumentada su pena, ya que de confirmarse la muerte de Vásquez, los podrían señalar por el delito de homicidio en calidad de cómplices.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI





