Judicial
Taxista es absuelto en caso de Yeimi joven asesinada por su hermano para cobrar un seguro de vida
El juzgado de Instrucción de Santa Tecla absolvió al taxista vinculado al caso de una joven que fue asesinada por su hermano el pasado 15 de mayo sobre la 7a. avenida en Santa Tecla, La Libertad.
“El señor que conducía el taxi ha resuelto un sobreseimiento definitivo. Fiscalía ha presentado la documentación pertinente para acreditar la participación de ellos pero eso es una valoración del juzgado de acuerdo a la valoración”, señaló el fiscal del caso.
El taxista identificado como Juan Francisco Galicia López fue acusado de feminicidio agravado y señaló como complice necesario dentro del cometimiento del delito.
Según las autoridades dos sujetos abordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo de Calicia López, sacaron un arma y le dispararon en la cabeza a Jenny Guadalupe Gómez, de 28 años.
El hecho fue registrado en las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla en las cuales identificaron a los imputados Carlos Alberto Gómez Menjívar, hermano de la víctima, y José Antonio Torres Menjívar (compañero de trabajo) quienes son acusados de feminicio agravado.
En el caso de estos dos sujetos pasarán a la fase de sentencia en un juzgado de sentencia ordinario y no a un juzgado especializado ya que no se logró establecer que en el asesinato se realizó con actitudes misóginas.
Ante la resolución del tribunal la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una apelación para revocarla.
Según las investigaciones su pariente habría planificado el asesinato de su hermana para poder cobrar cuatro pólizas de seguro de vida que ascienden a más de $150, 000.
El día del homicidio, los hermanos iban a comprar las medicinas de su madre con dinero que tenían ambos en una cuenta bancaria y en la que Yeimi había contratado un seguro médico.
Según fuentes judiciales, el hecho podría estar ligado a un padecimiento crónico de la madre de ambos y que obligaba a los hermanos a adquirir medicamentos con un alto valor en el mercado.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
