Judicial
Taxista es absuelto en caso de Yeimi joven asesinada por su hermano para cobrar un seguro de vida
El juzgado de Instrucción de Santa Tecla absolvió al taxista vinculado al caso de una joven que fue asesinada por su hermano el pasado 15 de mayo sobre la 7a. avenida en Santa Tecla, La Libertad.
“El señor que conducía el taxi ha resuelto un sobreseimiento definitivo. Fiscalía ha presentado la documentación pertinente para acreditar la participación de ellos pero eso es una valoración del juzgado de acuerdo a la valoración”, señaló el fiscal del caso.
El taxista identificado como Juan Francisco Galicia López fue acusado de feminicidio agravado y señaló como complice necesario dentro del cometimiento del delito.
Según las autoridades dos sujetos abordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo de Calicia López, sacaron un arma y le dispararon en la cabeza a Jenny Guadalupe Gómez, de 28 años.
El hecho fue registrado en las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla en las cuales identificaron a los imputados Carlos Alberto Gómez Menjívar, hermano de la víctima, y José Antonio Torres Menjívar (compañero de trabajo) quienes son acusados de feminicio agravado.
En el caso de estos dos sujetos pasarán a la fase de sentencia en un juzgado de sentencia ordinario y no a un juzgado especializado ya que no se logró establecer que en el asesinato se realizó con actitudes misóginas.
Ante la resolución del tribunal la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una apelación para revocarla.
Según las investigaciones su pariente habría planificado el asesinato de su hermana para poder cobrar cuatro pólizas de seguro de vida que ascienden a más de $150, 000.
El día del homicidio, los hermanos iban a comprar las medicinas de su madre con dinero que tenían ambos en una cuenta bancaria y en la que Yeimi había contratado un seguro médico.
Según fuentes judiciales, el hecho podría estar ligado a un padecimiento crónico de la madre de ambos y que obligaba a los hermanos a adquirir medicamentos con un alto valor en el mercado.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
