Judicial
Suspenden vista pública contra exfiscal general, Luis Martínez debido a que la FGR no entregó información sobre el testigo criteriado «Troya»
Este jueves fue suspendida la vista pública contra el exfiscal general, Luis Martínez, su colaborador Julio Adalberto Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no entregó información sobre el testigo criteriado “Troya”.
Dicha información fue solicitada por la defensa de los imputados, la cual sostuvo que los delegados del Ministerio Público habrían actuado maliciosamente al ocultar información del testigo.
De tal forma, se advirtió que los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y Luis Montes Pachecho solicitaron el criterio de oportunidad para el testigo de clave “Troya” de forma extemporánea para realizar la petición ante el juez.
Según los abogados defensores, la prueba obtenida se encuentra fuera del plazo de instrucción, que tuvo su fin el 30 de septiembre de 2017, mientras que la entrevista al testigo se dio el 2 de octubre del mismo año. Para ello no hubo participación ni comunicación a la defensa.
A pesar de lo expuesto, el juez de instrucción concedió el criterio de oportunidad solicitado por los fiscales Guerra de Quintanilla y Montes Pacheco.
Esto ha parecido irregular para la defensa ya que, desde su perspectiva, con esta oportunidad a favor de “Troya” su testimonio en la vista pública no tiene validez probatoria.
“El juez 8° de instrucción de San Salvador: Mario Osmín Mira Montes, ocultó la información a todos los acusados y a sus defensores desde octubre de 2017, cuando se supone se realizó la entrevista. Sin comunicarle a la defensa y manteniendo a la fecha ocultó, inclusive, cuál fue el juez que otorgó el mencionado criterio”, detallaron los abogados defensores.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
