Judicial
Suspenden vista pública contra exfiscal general, Luis Martínez debido a que la FGR no entregó información sobre el testigo criteriado «Troya»
Este jueves fue suspendida la vista pública contra el exfiscal general, Luis Martínez, su colaborador Julio Adalberto Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no entregó información sobre el testigo criteriado “Troya”.
Dicha información fue solicitada por la defensa de los imputados, la cual sostuvo que los delegados del Ministerio Público habrían actuado maliciosamente al ocultar información del testigo.
De tal forma, se advirtió que los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y Luis Montes Pachecho solicitaron el criterio de oportunidad para el testigo de clave “Troya” de forma extemporánea para realizar la petición ante el juez.
Según los abogados defensores, la prueba obtenida se encuentra fuera del plazo de instrucción, que tuvo su fin el 30 de septiembre de 2017, mientras que la entrevista al testigo se dio el 2 de octubre del mismo año. Para ello no hubo participación ni comunicación a la defensa.
A pesar de lo expuesto, el juez de instrucción concedió el criterio de oportunidad solicitado por los fiscales Guerra de Quintanilla y Montes Pacheco.
Esto ha parecido irregular para la defensa ya que, desde su perspectiva, con esta oportunidad a favor de “Troya” su testimonio en la vista pública no tiene validez probatoria.
“El juez 8° de instrucción de San Salvador: Mario Osmín Mira Montes, ocultó la información a todos los acusados y a sus defensores desde octubre de 2017, cuando se supone se realizó la entrevista. Sin comunicarle a la defensa y manteniendo a la fecha ocultó, inclusive, cuál fue el juez que otorgó el mencionado criterio”, detallaron los abogados defensores.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
