Judicial
Suspenden vista pública contra exfiscal general, Luis Martínez debido a que la FGR no entregó información sobre el testigo criteriado «Troya»
Este jueves fue suspendida la vista pública contra el exfiscal general, Luis Martínez, su colaborador Julio Adalberto Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no entregó información sobre el testigo criteriado “Troya”.
Dicha información fue solicitada por la defensa de los imputados, la cual sostuvo que los delegados del Ministerio Público habrían actuado maliciosamente al ocultar información del testigo.
De tal forma, se advirtió que los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y Luis Montes Pachecho solicitaron el criterio de oportunidad para el testigo de clave “Troya” de forma extemporánea para realizar la petición ante el juez.
Según los abogados defensores, la prueba obtenida se encuentra fuera del plazo de instrucción, que tuvo su fin el 30 de septiembre de 2017, mientras que la entrevista al testigo se dio el 2 de octubre del mismo año. Para ello no hubo participación ni comunicación a la defensa.
A pesar de lo expuesto, el juez de instrucción concedió el criterio de oportunidad solicitado por los fiscales Guerra de Quintanilla y Montes Pacheco.
Esto ha parecido irregular para la defensa ya que, desde su perspectiva, con esta oportunidad a favor de “Troya” su testimonio en la vista pública no tiene validez probatoria.
“El juez 8° de instrucción de San Salvador: Mario Osmín Mira Montes, ocultó la información a todos los acusados y a sus defensores desde octubre de 2017, cuando se supone se realizó la entrevista. Sin comunicarle a la defensa y manteniendo a la fecha ocultó, inclusive, cuál fue el juez que otorgó el mencionado criterio”, detallaron los abogados defensores.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
